Las dos denuncias recibidas en los últimos días por sustracción de madera en el sur de la Isla, como todo el fenómeno asociado a estas prácticas informales de explotación del bosque, se constituyeron en uno de los principales puntos de análisis de la cesión del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) realizada ayer en Castro.

En el casino de oficiales de la Prefectura de Carabineros de Chiloé se realizó la actividad, en la cual los jefes de comisarías plantearon la realidad delictiva de su jurisdicción. Un escenario que en casos policiales por delitos de mayor connotación viene a la baja.

Así lo destacó el general de zona, Patricio Yáñez, quien encabezó el encuentro, detallando que "en Chiloé se registró en la última medición (hasta el 22 de septiembre) un descenso de 9 por ciento de los casos y un alza de 6% de las detenciones por delitos violentos".

En cuanto a la problemática específica, el oficial indicó que "se analizó el robo de madera como incidente que afecta un 40% en Quellón, por ello se apunta al trabajo de un control masivo de ello para establecer vías de transporte".

Por su parte, Patricio Navarro, coordinador regional de Seguridad Pública, enfatizó sobre este fenómeno que "parte de situaciones repetitivas, falta una legislación asociada a esa actividad para proteger al trabajador, al empresario y a nuestras policías. La idea es que en el próximo STOP entreguemos la información de Conaf y de la policía para enfocar el tema y trabajar en conjunto".

Pedro Bárcena González

A severas penas se exponen tres adolescentes que están siendo enjuiciados por supuestos ultrajes contra un compañero de curso, al interior de un centro educativo de la capital chilota. 8 años de privación de libertad total invocaron en su contra por dos delitos de connotación sexual que están siendo analizados desde ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro.

La sala presidida por la magistrada Loreto Yáñez determinará la participación de los estudiantes, dos de 18 años y uno de 19, en los presuntos hechos registrados entre fines del 2016 y comienzos del 2017. Se les sindica como autores de los delitos reiterados de violación y abuso, en contra de un alumno que tenía apenas 14 años en ese entonces.

Tal como expuso la sentenciadora, la acusación da cuenta que los encartados habrían atacado a la víctima en los camarines del colegio, lo cual se habría repetido al menos en cuatro ocasiones.

Incluso, como expuso la abogada particular, Marlys Castillo, los imputados habrían rasurado al educando en uno de estos episodios, en los cuales el factor común sería la imposibilidad de oponer resistencia por parte del alumno, al poseer una disfunción neurológica.

Es más, en sus alegatos la abogada no dudó en señalar que "hace tres años la vida de un menor y su familia cambió para siempre, por hechos que manifestaron el mayor menosprecio contra la víctima".

Asimismo, la profesional recalcó que "se dieron las condiciones propicias para estas agresiones, al registrarse en el gimnasio y con falta de cuidado de los agentes del colegio". Agregó que existen informes sexológicos que acreditarían los ataques sexuales.

Por su parte, el fiscal Enrique Canales manifestó que existe la convicción que el testimonio del afectado es preciso y que sindicará a quienes lo agredieron, como también los espacios y tiempos en que ocurrieron estas vulneraciones.

"Queda demostrado que el relato no es inventado, sino que da cuenta de vivencias", apuntó el persecutor, explicando que estos antecedentes "son corroborados con prueba, como la pericia sexológica".

Mientras el persecutor invocó una pena de 3 años y un día de internación en régimen cerrado contra los encartados por el delito de violación, la querellante pidió 5 años por este mismo ilícito y otros 3 años y un día por abuso sexual. Es decir, penas más duras por el concurso de las agravantes de premeditación y la superioridad de las fuerzas.

Absolución

En tanto, el defensor Yerko Yáñez, quien representa a los tres estudiantes, solicitó la absolución de todos. Fue tajante en indicar que la prueba que se entregará en la audiencia es débil y poco consistente.

"Las acusaciones están basadas en el relato de la víctima, el cual está contaminado e inducido", explicó el jurista.

Además, la fuente complementó este punto sosteniendo que el 2016 uno de sus representados no era alumno del recinto de enseñanza donde presuntamente ocurrieron los hechos. "Con esto emerge, a lo menos, la duda razonable. Además, los informes existentes son sesgados", aclaró.

Tras los alegatos, los tres acusados declararon en estrado entregando su versión de los hechos. Luego, comenzó el detalle de la prueba que continúa esta jornada en la misma sala.

2016: año en que habrían comenzado las vulneraciones contra la víctima.

18-19 las edades de los acusados que prestaron declaración en el juicio.