Gestada a través de la Oficina de Emergencia y Protección Civil del municipio de Castro, se implementará el Programa Familia Preparada que busca entregar las principales nociones de prevención y acciones a generar ante un posible accidente o desastre.

El objetivo es preparar y concientizar a todo el grupo familiar respecto a cómo pueden actuar los castreños en un incidente de diversa envergadura, con un plan de contingencia de ocho pasos básicos.

La guía práctica, emanada desde la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), pretende considerar mecanismos de resguardo ante situaciones que puedan generar riesgos para la familia, tanto accidentes domiciliarios como incendios, caídas, intoxicaciones, quemaduras y fugas de gas, así como emergencias de origen natural o provocadas por la acción humana como inundaciones, sismos, sequía, erupciones volcánicas e incendios forestales.

Comunidad

Juan Eduardo Vera (UDI), alcalde de la comuna, afirmó que por medio del programa "no tenemos ninguna duda que la comunidad, estando empoderada y con conocimiento, vamos a enfrentar de mejor manera posible desastres que esperamos nunca lleguen a ocurrir en nuestra comuna".

En tanto, el encargado de la Oficina de Emergencia y Protección Civil, Christian Ruiz, mencionó respecto a la gestión que "se ha canalizado la ejecución de Familia Preparada con las juntas de vecinos de la comuna".

Pedro Bárcena González

A una pena superior a la invocada por el acusador fue sentenciado durante la jornada de ayer, el obrero que atacó sexualmente a su propia hija al interior de la casa que compartían en Castro. 10 años y un día de cárcel fue dictada en su contra por esta aberrante violación impropia.

Pese a que la sala encabezada por la magistrada Loreto Yáñez descartó la concurrencia de la reiteración de los ultrajes contra la pequeña, acreditando solo un episodio de agresiones registrado el 28 de noviembre del 2018, cuando apenas tenía 11 años, igual impuso mano dura en su fallo.

El fiscal Enrique Canales, quien sustanció la indagatoria en esta causa, había solicitado 7 años de presidio, pero los sentenciadores decretaron tres más, en especial evaluando la extensión del mal causado a la víctima.

Como explicó el persecutor, en su acusación "se había solicitado la pena de 12 años de reclusión, pero al condenar el tribunal por un hecho único se rebajó a 7. Sin embargo, la sentencia fue mayor por lo cual analizaremos sus fundamentos. Aunque esta pena mayor no es algo que me sorprenda, ya que está dentro de las reglas establecidas por la ley y las facultades que el tribunal tiene".

A su vez, el abogado se mostró satisfecho con esta decisión, argumentando que "estoy contento, primero por la condena en un caso complejo donde había dificultades con el relato de la niña, una víctima muy vulnerada que logró sostener su declaración, y también por la sentencia alta que me parece muy adecuada".

Por su parte, el defensor Rodrigo Zamorano no dudó en señalar que recurrirá de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para revertir el fallo.

Uno de los puntos que cuestionó el profesional fue que no se consideró la inimputabilidad disminuida que postuló en la audiencia desarrollada en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro.

"Este joven padece de una incapacidad mental y personalidad limítrofe, lo cual no fue incluido al momento de emitir la sentencia", acotó el abogado, sumando que "si bien me acogieron una ilegalidad en el procedimiento -toma de declaración del imputado ante la policía-, esto no se valoró como debe ser, al constituir una vulneración de garantías fundamentales".

2 años de presidio había pedido la fuente, en consideración de la eventual eximente incompleta. Sin embargo, al no acogerse su postura, tiene 10 días para pronunciarse ante el tribunal de alzada.

31 años tiene el condenado por esta causa que está preso en Puerto Montt.

12 de diciembre del 2018 el joven se autodenuncia en Carabineros.

Tras reconocer su participación en el delito, tres jóvenes accedieron a un procedimiento abreviado en el Juzgado de Garantía de Ancud, donde pese a ser condenados por delitos de drogas, accedieron a beneficios para el cumplimiento de las sanciones en su contra.

En audiencia realizada recientemente en el tribunal del norte de la Isla, los amigos de iniciales J.A.A.H. (21) y J.M.B.Á. (23) fueron condenados a 5 años de presidio por tráfico, en su modalidad de posesión y guarda, al hallarse en su poder 1.401,88 y 661,76 gramos de Cannabis sativa. Efectivos de la Policía de Investigaciones los detuvieron el 3 de julio pasado en calle Pudeto de Ancud.

Por su parte, el isleño individualizado como M.I.A.D. (25) fue sentenciado a 61 días de reclusión por el delito de microtráfico. Fue detenido por los detectives esa misma jornada, con 13,51 gramos de marihuana entre las calles Almirante Latorre y Baquedano.

Los dos primeros sujetos fueron beneficiados con mil 734 días de libertad vigilada intensiva, mientras que al segundo se le dio por cumplida la sanción por los 65 días en que estuvo privado de libertad.

Reacciones

Según el fiscal Javier Calisto, en esta causa, más allá de los beneficios, "es valioso destacar que se logró una condena por tráfico, sin que se haya recalificado el delito, más al tratarse de marihuana la incautada, sustancia que siempre trata de ser rebajada en su gravosidad".

Por su parte, el defensor Filippo Corvalán indicó que "conseguimos un procedimiento abreviado, lo que permitió que cumplan la pena en libertad, favoreciendo la reinserción social de todos los imputados y cumpliendo un plan de intervención elaborado por Gendarmería".