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Coordinan función para resguardo de garantías

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Con presencia de intervinientes de Justicia en la provincia se realizó recientemente una reunión con la finalidad de comprobar el fiel cumplimiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos y establecer las coordinaciones necesarias en el marco de la movilizaciones sociales que existen en la zona.

La cita fue convocada por la Asociación Regional de Magistrados Los Lagos y se realizó en la Fiscalía Regional en Puerto Montt. En ella se hizo una revisión de cómo se ha operado de manera de optimizar los modos de respuesta, salvaguardando las garantías fundamentales de las personas.

El presidente (s) de la asociación gremial, Jaime Rojas, explicó que "los objetivos van en la misma línea de lo que ha dicho el presidente de la Corte Suprema, en orden a verificar el respeto de las garantías fundamentales y el modo cómo estamos como tribunales mandatados a salvaguardar eso".

"En ese sentido, nosotros queríamos escuchar hoy día al Instituto de Derechos Humanos, también queríamos escuchar al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y también a los colegas de Garantía y de Familia que vinieron para saber cómo se está trabajando y cómo se está coordinando todo eso", aclaró el juez.

Culpable de fatal colisión cumple pena en Ancud

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En el Centro de Detención Preventiva de Ancud cumple su sentencia el joven responsable de un mortal siniestro vial registrado en enero del 2017 en Huicha, comuna de Ancud. Tras un largo proceso judicial que tuvo episodios hasta en el Tribunal Constitucional el fallo quedó ejecutoriado.

De esta forma, Pablo Álvarez Vera (37) comenzó a purgar la pena impuesta por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones graves y daños, como también por no detener la marcha y denegar auxilio a las víctimas de la colisión. Javiera Borneck (19) y Danilo Bórquez (21) fallecieron en el lugar.

El Tribunal Oral en lo Penal de Castro condenó por estos ilícitos a dos penas efectivas de 3 años y un día de cárcel al ingeniero, quien por solicitud de su defensor Pablo Huidobro, materializará el fallo -con los abonos respectivos- en la unidad penal del norte de la Isla.

La decisión judicial fue valorada por familiares de las víctimas. Como aclaró en su momento Nancy Vera, madre de Danilo, "el autor de este delito debía cumplir la pena de manera efectiva en prisión".

Rebajan cautelares para policía por baleo a isleño

Carabinero sólo quedó con firma periodica en la investigación en su contra por homicidio frustrado contra campesino de Linao.
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Pedro Bárcena González

Acogiendo los postulados de la defensa, en el Juzgado de Garantía de Ancud se decidió rebajar la intensidad de las cautelares que pesan sobre un carabinero, que está siendo indagado por su eventual responsabilidad en el homicidio frustrado de un vecino del sector Linao.

La decisión de la magistrada María Angélica Isla constituyó un nuevo episodio del caso que se remonta desde el 24 de febrero del 2018, cuando la víctima de 45 años recibió a lo menos dos balazos en un procedimiento policial realizado por efectivos de la Tenencia de Chacao tras un denuncio por un problema familiar.

Junto a las severas lesiones que sufrió el isleño oriundo de Quemchi, que incluso lo habrían mantenido con riesgo vital, los dos uniformados que abordaron el dispositivo fueron vinculados al ataque.

Sólo en septiembre pasado ambos imputados fueron formalizados, un cabo de iniciales G.M.V.V. (25) por lesiones graves, y el sargento C.A.P.C. (39) por el delito más gravoso, siendo sindicado como el autor de los disparos.

Justamente, este último encartado que permanecía con arresto domiciliario nocturno vio modificada la precautoria en su contra, más allá de la oposición de los acusadores.

Defensa

Como enfatizó el defensor Filippo Corvalán, el tribunal "acogió nuestro planteamiento, en orden a disminuir la medida cautelar que pesaba sobre el policía, dada la función pública que realiza, su conveniencia y el arraigo que tiene, dada su condición de empleado público, quedando con una firma de carácter semanal".

La querellante en esta causa, Milena Sánchez, abogada de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se opuso a la modificatoria de la medida arguyendo la gravedad de los hechos. Y en un mismo tenor, el fiscal de la causa, Javier Calisto, también busco evitar este cambio. Ambos sin resultados.

De acuerdo al persecutor, la discusión judicial se centró en la figura penal que predomina en este caso.

"Nosotros formalizamos por homicidio frustrado, pero el tribunal estima que se trata de un delito de lesiones. Sin embargo, seguimos sosteniendo esa figura y ahí fue el debate. Pensamos que la cautelar impuesta inicialmente estaba en proporción a la gravedad como a la dinámica del hecho, pero la sentenciadora determinó que con la modificación se cumplen los estándares de necesidad de cautela en el caso concreto", detalló.

A su vez, poco menos de dos meses restan para concluir el plazo formal de investigación, la cual se ha centrado en el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) de la policía civil de Puerto Montt, descartándose el concurso de alguna unidad especializada en derechos humanos, pese a la solicitud de la querellante.

Unidad

El fiscal aseguró que "no todos los caso están relacionados a apremios ilegítimos y en esta situación pensamos que se cubren los requerimientos indagatorios con la BH".

Agregó el jurista que varias de las diligencias invocadas por el acusador particular ya habían sido realizadas o solicitadas. Reiteró que esta causa "no es una situación de apremios o tortura que implique solicitar la constitución de la brigada especial de DD.HH. Acá la especialización viene dada por la dinámica de establecer el delito, las posiciones, es un tema de BH y eso se dispuso desde un comienzo".