Una alta congestión se presenció el día de ayer en diversas autopistas del país tras una nueva jornada de movilizaciones "No + Tag". La caravana transitó por las principales autopistas de la capital para exigir rebajas en las tarifas del paso por los pórticos, sumado a una tarifa plana, desvincular el pago del permiso de circulación con entidades privadas y condonar la deuda a personas con dispositivo tag bloqueado.

"Desde que fueron concesionadas (las autopistas) hace 19 años, han subido en un 80% sus tarifas, y esa misma rebaja nosotros estamos pidiendo", mencionó el vocero Andrés Alarcón.

Algunas de las principales rutas que resultaron afectadas en la capital fueron Américo Vespucio, Autopista Central, Ruta 68 y Ruta 5.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dialogó con camioneros y taxistas que participaban de la manifestación en la Ruta 68 con la intención de llegar hasta el Congreso en Valparaíso. "No cuesta nada soltarse las trenzas y pensar que podemos hacer todo al tiro (...). Es igual que en la casa, si usted se gasta los ahorros, ¿después cómo va a hacer para seguir financiando sus gastos?", mencionó el secretario de Estado.

Piezas dentales rotas, fractura de costillas, fractura nasal y trauma ocular severo con riesgo de pérdida de un ojo. En esa condición quedó un hombre de 55 años que el 21 de octubre fue golpeado por un grupo de carabineros tras una protesta en Plaza Ñuñoa, fecha en la que ya regía el Estado de Emergencia en Santiago.

El ataque quedó registrado por cámaras de televisión, video que ahora será una de las pruebas claves para que la Fiscalía formalice por delito de torturas a los 12 policías que se identificó como partícipes de la golpiza. Así lo confirmó ayer el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, quien aseguró que la víctima no habría atacado a los funcionarios, como se especuló en un momento.

Pero no es el único grupo de uniformados que serán procesados en la capital, pues el persecutor informó que también se formalizará por torturas a dos carabineros que el mismo 21 de octubre y casi a la misma hora habrían "brutalmente golpeado en forma reiterada" a un joven de 16 años ya retenido y esposado, a quien detuvieron por infringir el toque de queda.

"No es justificación que estos ciudadanos puedan haber cometido una infracción para cometer este tipo de excesos. Son hechos que para nuestra legislación en materia de derechos fundamentales son especialmente graves", calificó el fiscal Guerra.

La fecha del juicio no se ha definido, pero en caso de ser declarados culpables arriesgarían hasta 10 años de presidio.

Diego Gotelli C. - Medios Regionales

A dos semanas de que el Gobierno anunciara su "agenda social" como respuesta a las protestas iniciadas en octubre, ayer el Presidente Sebastián Piñera entregó detalles del proyecto de ley que busca subsidiar el ingreso mínimo de los trabajadores para que alcance los $350 mil, una de las 15 propuestas planteadas por el Ejecutivo el 23 de octubre.

Según señaló el mandatario, de ser aprobada la medida beneficiaría a cerca de 540 mil trabajadores que hayan enviado su información a los registros del Ministerio de Desarrollo Social y cuyo salario sea inferior a los $350 mil y superior al sueldo mínimo legal de $301 mil. En un comienzo, la iniciativa cubriría a personas con jornada completa, pero se pretende extender de forma proporcional a los horarios reducidos.

"Estamos respondiendo con hechos y no solamente con buenas intenciones a lo que la gente ha demandado", dijo Piñera al firmar el proyecto que pasó al Congreso.

En la práctica, el subsidio costeará la diferencia entre la remuneración bruta del empleado y el ingreso mínimo garantizado, monto que será pagado como un bono directo hacia la cuenta corriente o vista del empleado. Así, se presentan distintas escalas de subsidio, siendo el mayor el de $49 mil, que se entregará a las rentas brutas de $301 mil. En este caso, con el aporte estatal incluido, el trabajador recibirá un ingreso líquido de $289.800.

"Es una cifra falsa", comentó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien acusó que el proyecto tiene "letra chica". "Ellos no quieren aumentar el costo del salario mínimo que permita efectivamente a que una familia supere la pobreza", añadió.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, señaló que "hoy subir el sueldo mínimo significa que muchos de empleadores no van a poder seguir contratando gente. Lo que queremos es cuidar el empleo".