Acercándose a lo postulado por la defensa de un transportista, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro dictó una pena remitida en su contra por su responsabilidad en dos delitos culposos de lesiones graves y otros dos de lesiones menos graves. Todo ello como consecuencia del volcamiento de un bus de la empresa Cruz del Sur en Chonchi.

Tal como lo expuso la magistrada Carolina Norambuena en audiencia de lectura de fallo, el condenado de iniciales W.B.Y.A. (54) fue sentenciado a 61 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Además, se le suspendió su licencia de conducir por seis meses.

Rodrigo Zamorano había invocado 41 días de prisión, con el concurso de la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial. Enfatizó que "no estamos satisfechos" con el resultado general del juicio, puesto que había invocado la absolución. Sin embargo, acotó que este dictamen "esta conforme a derecho".

En esta misma esfera, el fiscal de la causa, Luis Barría, reconoció que la resolución está dentro del grado de lo que invocó, aunque en el mínimo. 3 años de presidio había pedido ante las sentenciadoras.

Por este siniestro vial registrado el 6 de marzo de este año en la Ruta W-75, que conecta el sector Notuco con el radio urbano chonchino, cinco víctimas fueron a juicio. Por cuatro se condenó y por una el chofer fue absuelto. Además, otras 21 personas resultaron con lesiones leves, cuyos casos son analizados en las esferas de Juzgado de Policía Local.

Pedro Bárcena González

Formalizado por cuatro delitos y en prisión preventiva quedó un sujeto que protagonizó un violento altercado con una mujer en pleno centro de la capital chilota. Un procedimiento que terminó en el sector Ten Ten, donde se le incautaron un arma de fuego y municiones.

Los antecedentes entregados por la propia víctima, de 34 años, alertaron de las supuestas agresiones en su contra, perpetradas en las últimas horas en la intersección de las calles Freire con Sargento Aldea. Una embestida en plena vía pública que fue denunciada a Carabineros y que activó los operativos de rigor.

Así lo confirmó el mayor Miguel Aguilar, jefe de la Segunda Comisaría local, advirtiendo que inicialmente el dispositivo se gestó como un caso de violencia intrafamiliar (VIF), aunque posteriormente este dato se habría desechado al no estar acreditada por el momento la convivencia entre los intervinientes.

"Tras la denuncia se hacen diligencias, ya que la mujer manifiesta que tiene -el encartado- una escopeta. Por medidas de seguridad se revisa la casa y con todos los antecedentes se establece la existencia de una escopeta y algunos cartuchos para cazar", afirmó el oficial.

El titular de la unidad policial base aclaró que el arma de fuego "la había comprado -el imputado- pero no tenía transferencia, por lo cual se incorporó la tenencia ilegal". Agregó que se trató de un "procedimiento de rutina" y que las municiones son de calibre 12 milímetros.

Por su parte, el fiscal Luis Barría, especificó que un total de 25 cartuchos fueron incautados en el dispositivo policial que comenzó con la "detención en flagrancia" del isleño, identificado con las iniciales U.C.B.K. (48).

Ilícitos

Además, el persecutor reconoció que el sujeto accedió al ingreso de Carabineros a su domicilio en Ten Ten, donde los efectivos se percatan de la presencia de la escopeta y los proyectiles. "El imputado no tenía autorización para su tenencia", confirmó.

De esta forma, en audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Castro, el castreño fue formalizado por los delitos de lesiones leves, amenazas simples, como también por tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones.

El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, argumentando que la libertad del hombre constituye un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad.

"Se justifica esto en atención a la gravedad de la pena, ya que estos delitos de la Ley de Armas son de penas efectiva, no dan derecho a sanciones sustitutivas y parten de 3 años y un día de reclusión. A ello se suma la gran cantidad de delitos por los que está formalizado y el contexto en que se dieron las lesiones y amenazas", afirmó el abogado.

Pese a la oposición del defensor particular Alexander Streinesberger, la magistrada Jesica Yáñez acogió los postulados del fiscal, añadiendo que también existe riesgo de fuga. Todo ello para sustentar la cautelar más gravosa.

90 días se dictaron en la audiencia para el desarrollo de la indagatoria.

34 años tiene la víctima que denunció la agresión y la presencia del arma.

Tal como lo determinó al momento de dictar sentencia, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro mantuvo la cautelar de arresto domiciliario total contra el sujeto condenado a 12 años de cárcel por violación impropia contra la hija de quien era su conviviente en Ancud, y otros 800 días de presidio por almacenamiento de material pornográfico infantil.

El fiscal Javier Calisto invocó la prisión preventiva contra el joven de iniciales Á.S.G.M. (31), argumentando que "por la cuantía de la pena existe peligro de fuga y un aumento de la necesidad de cautela". Sin embargo, las sentenciadoras resolvieron confirmar la precautoria.

Más allá de esta situación, el abogado resaltó que "la firme persistencia en la persecución de este tipo de delito en todos los momentos procesales, más allá de los resultados, destacando que en este caso el imputado está condenado a más de 14 años de privación de libertad".