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Cita entre Unidad Social y el Gobierno acabó sin acuerdos

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Por casi tres horas se reunieron ayer representantes de la Mesa de Unidad Social con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Al inédito encuentro en La Moneda llegaron la CUT, el grupo No + AFP y el Colegio de Profesores, entre otros.

Ambas partes valoraron el diálogo, que acabó sin acuerdos. El presidente del magisterio, Mario Aguilar, explicó que los líderes sindicales no negociarán "a espaldas" de la gente, pues ese concepto está "desacreditado" al entenderse como una "transacción".

En la reunión, los dirigentes expusieron su petitorio, que incluye mejoras en pensiones, sueldo mínimo, salud y DD.HH, y ahora esperarán medidas del Ejecutivo. También cuestionaron parte de la agenda social y las iniciativas pro seguridad.

Blumel contó que recibieron el petitorio de las organizaciones, el que será canalizado por los ministerios sectoriales, y dijo que se acordó iniciar un diálogo en los temas prioritarios de la agenda social.

En tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sugirió parar las huelgas que "propician situaciones de delincuencia".

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, replicó que no se movilizan "por capricho", sino que esperando "respuesta a demandas".

Cámaras de reconocimiento facial serán claves en las detenciones

Ya han sido instaladas en varios puntos de la capital. Además en la intermodal de La Cisterna, que fue saqueada por segunda vez, se identificaron vándalos gracias a drones.
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Verónica Marinao - Medios Regionales

Las nuevas cámaras de seguridad con reconocimiento facial serán clave en la identificación de vándalos y saqueadores. Así lo explicó el intendente metropolitano, Felipe Guevara: "Hoy día tenemos bases de datos de rostros (…). Llega una persona en metro, transporte público o auto, se encapucha. Pero a esa persona ya la tenemos identificada con cámaras".

Las cámaras ya se han instalado en diferentes puntos de la capital, especialmente en lugares donde se producen permanentemente actos vandálicos. "Identificamos la ropa que tiene esa persona con capucha, logramos posicionarla en el lugar y esas son pruebas que nos permiten, en el tribunal, dejar a esa persona con, al menos, prisión preventiva por 90 días mientras dura la investigación (…). Esas personas las estamos identificando, las estamos deteniendo y las vamos a dejar presas", dijo Guevara.

En la Intermodal de La Cisterna están "instalando drones para identificarlos (a los encapuchados), ir a buscarlos, detenerlos, y enjuiciarlos".

Precisamente en esa estación -que a la vez es un centro comercial- se produjo, por segunda vez, un saqueo. El supermercado Santa Isabel, PreUnic y una sucursal de la caja de compensación Los Héroes, además de algunas pymes que operan en el lugar, fueron el blanco de los saqueadores durante la madrugada de ayer. Incluso en horas de la mañana, mientras un periodista de Chilevisión hacía despachos desde el lugar, se producían algunos robos que registraban las cámaras.

También sufrió saqueos el supermercado Tottus que está en el paradero 25 de Gran Avenida, frente a la Intermodal. Tras estos hechos vandálicos, hubo 11 detenidos.

En tanto, pasadas las 7 de la mañana, un grupo de entre 30 a 35 personas, la mayoría encapuchadas, intentó ingresar -sin éxito- a la casa central de la Universidad Católica.

11 personas fueron detenidas tras el saqueo que afectó a la Intermodal de La Cisterna.

Proyectos de seguridad avanzan en el Congreso

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La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general la ley antisaqueos con nueve votos a favor y tres en contra, por lo que pasará a ser discutida en particular.

El proyecto, que fue presentado por diputados de RN y la DC, es parte de las leyes de seguridad que el Presidente pidió discutir con urgencia.

El mandatario aseguró que estos proyectos "deben transformarse ahora en leyes de la república". La ley antiencapuchados fue aprobada en general por el Senado con 22 votos a favor y 11 en contra. Ahora regresará a la Comisión de Seguridad del Senado para su discusión en particular.

El texto propone penas desde 541 días hasta tres años y un día.