V. M. - Medios Regionales
El fiscal nacional, Jorge Abbott, refutó ayer las críticas lanzadas por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien había dicho que muchas veces, cuando la policía detiene a implicados, el Ministerio Público los deja rápidamente en libertad.
La respuesta del jefe del organismo persecutor encendió aún más la polémica. "Desgraciadamente vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar", comentó.
La tensión comenzó hace unos días, cuando la Fiscalía anunció que otorgará una salida alternativa a 26 acusados de saqueos en Conchalí, Región Metropolitana.
Tras conocer las declaraciones de Abbott, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, contraatacó: "La Fiscalía no tiene que defenderse, tiene que aprovechar esta oportunidad para ser mejor después de 48 días", dijo en radio Biobío.
El ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, agregó que "necesitamos una justicia que actúe oportunamente".
contraataque
En la tarde, Abbot pidió "mayor seriedad" al Gobierno. "Desde el Ministerio del Interior parecen no haber leído las cifras que hemos entregado, hemos pasado a audiencia de control de detención a más de 30 mil personas, hemos formalizado a más de 20 mil personas, tenemos más de 2.050 personas en prisión preventiva. En consecuencia, la evaluación que se hace es a partir de la percepción ciudadana y no de los datos objetivos que estamos entregando desde las instituciones públicas", explicó.
Mientras, en la Cámara de Diputados se aprobó con amplia mayoría el proyecto de ley que tipifica como delito -con las penas consecuentes- los saqueos y barricadas.
Según el Gobierno, durante el Estado de Emergencia solo el 4% de los detenidos por desórdenes y saqueos quedó en prisión preventiva.