Pedro Bárcena González

Su primera visita oficial a la provincia como nueva fiscal regional de Los Lagos realizó hasta ayer Carmen Gloria Witter Opitz (46), quien junto con reunirse con funcionarios de la institución, potenció nexos con las policías y representantes de los tribunales locales.

Tal como la propia abogada puertovarina reconoció, su gestión desde que asumió el 1 de octubre pasado el relevo de Marcos Emilfork en la testera del Ministerio Público en la zona, ha estado marcada por los alcances del estallido social. Un movimiento que ha salpicado la labor del ente persecutor, con críticas del Gobierno y penalistas, acusando falta de mano dura contra los implicados en incidentes graves.

Eso sí, la fiscal es cauta ante este escenario, recalcando que "las cifras dan para muchas interpretaciones". Ello, luego de revelarse las escasas prisiones preventivas dictadas ante los casos ligados a la crisis social (3,2% del total de causas que pasaron a control de detención en la zona, entre el 18 de octubre y el 25 de noviembre pasado, según datos de la Defensoría Penal Pública).

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-¿Cuál es el análisis del desempeño en esta contingencia ante las críticas por las medidas dictadas?

-Entre todos los detenidos, incluidos quienes infringieron el toque de queda, existen muchos por desórdenes faltas, también daños faltas, que hay que citarlos. Otros delitos de daños y desórdenes, que tienen penas bajas no procede la prisión preventiva. No es que no hayamos podido pedir esta medida en estos casos, lo que pasa es que la ley nos impide pedirla.

En la región doy fe que todos los casos en que ha procedido pedir la prisión preventiva la hemos solicitado y si no se han dado hemos apelado. Los casos más graves han sido robos y daños, siendo que los robos en lugar no habitado (saqueos) tienen una pena baja, por lo que algunos jueces dicen que es desproporcionada pedirla cautelar más gravosa.

-En Chiloé no se han registrado delitos graves, pero sí desórdenes. ¿Cuál es el criterio para judicializar estos casos o no?

-Depende de la información de las policías sobre las características de los desórdenes.

-Justamente, la debilidad de la información reunida por las policías ha sido cuestionada por el fiscal nacional Jorge Abbott durante este movimiento social. ¿Se buscará perfeccionar esta "calidad" en la recopilación de antecedentes y no solamente con respecto a esta crisis, sino en todo procedimiento?

-Este es un tema fundamental, ya que si la prueba reunida tiene infracciones procesales a las garantías, toda la prueba es ilegal, por eso se está trabajando a diario con las policías. El fiscal dirige la investigación y por ello estamos capacitando a las policías, corrigiendo algunas situaciones.

-¿Esta labor debiera acentuarse en Chiloé al carecer de policía experta?

-Absolutamente, por eso el trabajo debe ser compenetrado con las policías, con mucha confianza entre ambas partes. Los fiscales de Chiloé tienen un trabajo más arduo al no tener policía experta. Es un trabajo permanente y continuo.

-Bajo este escenario, ¿se pueden retomar las gestiones para dotar a la Isla de más unidades especializadas, como surgieron en su momento la Brisexme y la SIAT?

-Concordamos que podemos hacer gestiones pero son gestiones centrales y es más del Ejecutivo el tema de enfocar los recursos. Igual haremos las gestiones, ya que sé lo que es trabajar con carencia de policías, por lo cual se debe trabajar en ese camino y reforzar la especialización.

Femicidio

Asimismo, la fiscal que trabaja desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en la zona (diciembre del 2003), reconoció la labor que se debe realizar en el Archipiélago en cuanto a su realidad delictiva. Los delitos sexuales como la violencia intrafamiliar son temas preocupantes y que deben ser abordados al máximo, más con las dramáticas consecuencias de algunos casos como el femicidio de Daniela Vivar en Quellón.

"Los femicidios son temas muy complejos, van mucho más allá del sistema penal, es algo social, cultural, por algo existe el femicidio como figura, ya que las relaciones de poder generalmente se dan del hombre a la mujer", explicó la jurista, asegurando que "como institución hemos hecho todos los esfuerzos" para combatir el flagelo.

-¿Cómo se abordan las medidas y de qué dependen su éxito para evitar estos fatales resultados?

-No podemos evitar que existan femicidios, es una premisa. El Ministerio Público trabaja cuando ocurren los hechos. Hay casos en que las víctimas tienen denuncias anteriores y en que decretamos medidas de protección o las solicitamos al tribunal, pero el control de esas medidas escapa de la facultad que tenemos, puesto que la única medida que asegura es que la persona esté presa.

No puede haber un carabinero al lado del imputado. Lamentablemente, en este caso (de la joven asesinada la noche del domingo) habíamos decretado una medida -prohibición de acercamiento-, pero el hecho ocurrió en otro momento. Ahora solo queda hacer justicia y buscar las penas más altas.

-Entonces, hacia dónde se puede apuntar, ¿a reforzar las leyes?

-Hay un tema del legislativo, absolutamente, es un tema de reforzar y ejecutar las medidas, aunque también hay casos que ocurren sin denuncias previas.

Pero todo esto escapa de la Fiscalía, ya que abarca la prevención que es un tema netamente del Legislativo y política criminal del Ejecutivo.