Justicia acredita ultrajes de obrero contra sus hijos
Sujeto fue condenado por violación y abuso, en aberrante caso de isla Quinchao.
Los desgarradores antecedentes entregados por las víctimas, sumados a la contundente y abundante evidencia testimonial, pericial y documental que llevaron a extender el juicio por cuatro jornadas, permitieron acreditar la responsabilidad de un obrero en los ultrajes contra sus hijos, perpetrados en la casa que compartían en Quinchao.
En el Tribunal Oral en lo Penal de la Castro se realizó la audiencia, presidida por la magistrada Angélica Monsalve, donde los intervinientes expusieron sus posturas, en base a 65 medios de prueba fijados para la ocasión. Un largo debate que concluyó ayer con el veredicto condenatorio por parte de las sentenciadoras.
De esta forma, la sala ratificó que el encartado de 53 años es autor de un delito continuado de violación impropia, en perjuicio de su hija de apenas 11 años al momento de desatarse la seguidilla de vulneraciones, que se extendieron desde fines del 2016 hasta junio del 2017.
Asimismo, las juezas estimaron que el sujeto es responsable de un delito de abuso sexual contra su hijo, cuando tenía 15 años. El encartado se habría valido de una discapacidad mental del menor para consumar sus aberrantes intenciones, en junio del 2017.
Como se había estipulado al comienzo de la sesión judicial, esta resolución también se llevó a cabo con máxima reserva. Sin embargo, como todos los delitos de índole sexual, especialmente con menores de edad involucrados, los testimonios de los afectados cobran mayor fuerza probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.
Y este caso no fue la excepción. Mientras el hoy adolescente entregó su versión en la sala especial del tribunal castreño, la información de su hermana debió ser incluida en el juicio por medio de prueba anticipada. Su complejo estado de victimización, por el daño sufrido en esta verdadera pesadilla, impidió que se presentara en audiencia.
Tras el dictamen, los acusadores reiteraron su pretensión punitiva de 20 años de presidio por la violación y 5 años de reclusión por el otro delito. Invocan el concurso de la agravante del parentesco.