Con un tono diferente al expresado la semana pasada, cuando reventó el impasse que aún mantiene el Ministerio de Obras Públicas con la empresa surcoreana Hyundai por el Puente Chacao, habló ayer de manera conciliadora el titular de la cartera.

Alfredo Moreno, jefe del MOP, confirmó que su secretaría de Estado y la firma en cuestión, accionista principal del Consorcio Puente Chacao S.A., se encuentran en constantes conversaciones para "lograr llegar a un acuerdo" y así evitar la judicialización del caso.

"Nos interesa que este puente se construya, que conectemos a Chiloé en beneficio de las personas que ahí viven y de quienes quieran visitar la Isla (Archipiélago). Esa es nuestra prioridad", dijo el ministro tras una actividad en La Moneda.

De acuerdo a lo que publicó Emol, Moreno agregó que "obviamente tenemos que hacer cuidando los recursos de todos los chilenos, el aumento de valores que está pidiendo la empresa constructora son US$300 millones, eso significa aumentar en 50% el costo total del puente".

"Nosotros consideramos que esas cifras no se sostienen y no se sostienen en el contrato que tiene el Consorcio Puente Chacao con el Estado de Chile", insistió.

"Por lo tanto, estamos trabajando con ellos para lograr un acuerdo para beneficio de todos, que permita que el puente se siga construyendo y que se pague lo justo y lo que corresponde de acuerdo al contrato y la licitación que ganó esta compañía", apuntó el secretario de Estado.

Así, consultado por si tiene alguna reunión agendada con representantes de la empresa asiática, Moreno respondió: "Sí, trabajamos permanentemente con ellos, a través de distintas personas de esta compañía de manera tal de poder ir avanzando en lograr un acuerdo".

No obstante, el ministro recordó que, en caso de no poder alcanzar un consenso respecto a la construcción del puente, "el contrato establece la manera de resolver cualquier diferencia y si las partes no se ponen de acuerdo hay una manera de ponerse de acuerdo (la judicialización), pero nada tiene que ver con la construcción del puente".

antecedentes

El lunes 23 de diciembre del año recién pasado, el Consorcio Puente Chacao (CPC) acusó "incumplimiento de compromisos" por parte del MOP y dijo que la cartera no formalizó contractualmente los mayores costos que involucraría el proyecto. Ante ello, la cartera respondió que, dada la naturaleza del contrato, los sobregastos deben ser cubiertos por la empresa.

Por eso, la petición de la coreana de elevar en unos 300 millones de dólares el pago de la adjudicación por 360 mil 134 millones de pesos, fue rechazada.

Los exintendentes de Los Lagos Sergio Galilea y Nofal Abud expresaron su visión respecto al conflicto entre el Consorcio Puente Chacao y el Gobierno.

Galilea, ingeniero y jefe regional entre 2008 y 2010, apunta que "no podríamos echar por la borda todo lo que se ha hecho", al hacer presente la instalación de los 36 pilotes de la torre central.

En cuanto a una salida a esta crisis, el exjefe del MOP no es partidario de judicializar la controversia y -en su lugar- espera la intervención del Gobierno "para llegar a un buen acuerdo con Hyundai (controladora de CPC)". Expuso que "hubo un conjunto de acciones que el consorcio tuvo que asumir, que iban más allá del contrato, pero de ninguna manera me imagino que son US$300 millones".

Conforme a su visión, se debe demostrar qué trabajos no estaban considerados en el proyecto inicial, lo que una vez cuantificado "el Estado tiene que responder por eso y asumir ese diferencial" que -según su cálculo- no debe ser superior al 10 % del valor total de la obra.

Apunta, según SoyPuertoMontt, que se debe reinstalar con carácter de urgente el comité asesor ministerial establecido en 2014, "de modo de que periódicamente haya una información acuciosa por parte de gente especializada, que le ayude a los directivos del MOP".

A su vez, el abogado Nofal Abud, exintendente entre 2014 y 2015, recordó que durante la segunda administración de Michelle Bachelet "buscamos garantizar la viabilidad de la obra, a través de acciones específicas como la constitución de un comité asesor, políticamente transversal, integrado por exministros, académicos, colegios profesionales, gremios y expertos, con el fin de adelantarnos a los eventuales conflictos de esta megaobra y generar soluciones en forma oportuna".