En lo que constituye la primera ampliación de la indagatoria que se lleva contra el alcalde de Puqueldón, Pedro Montecinos (ind. pro UDI), por dos delitos de abuso sexual infantil contra una misma víctima, ayer se decretaron 60 días para seguir con las pesquisas de la causa.

Así quedó establecido en audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Castro, donde la magistrada Jesica Yáñez otorgó este nuevo plazo antes de cerrar la investigación contra el edil, la cual comenzó el 4 de enero del año pasado, cuando fue interpuesta la denuncia en su contra en Carabineros del retén lemuyano.

Como especificó el fiscal Fernando Metzner, quien se encuentra sustanciando las pericias, debido a que existen "diligencias pendientes el tribunal estimó ampliar el plazo en 60 días desde hoy (ayer), tanto Fiscalía como defensa mantenemos pericias pendientes que son necesarias para dar un afectado término de la investigación".

Dentro de los informes que restan se encontraría uno sociológico y otro del Programa de Reparación en Maltrato (PRM) de Puerto Montt, el cual está atendiendo a la víctima, quien tiene residencia en esa ciudad y que actualmente tiene 16 años.

La defensa particular, representada por el abogado Pablo Lehnebach, también tiene pesquisas pendientes para llevar a cabo en estos próximos dos meses. El jurista declinó entregar mayores detalles del caso.

Junto a los dos intervinientes, en la audiencia también se sumó la abogada del Programa de Reparación y Justicia, Karen Gómez, quien actúa como querellante representando a la menor.

En tanto, no llegó hasta el tribunal castreño el jefe comunal indagado por este impactante caso.

Marcelo Urra, encargado regional de femicidio y casos de connotación pública del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, valoró la condena dictada el jueves contra un joven por 4 delitos en contexto de violencia intrafamiliar contra una vecina en Queilen.

Se acreditó en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, la autoría del marino mercante en un caso de lesiones menos graves, otro de amenazas, un desacato y otro de lesiones graves, en perjuicio de la mujer de 38 años. Por ello, arriesga una pena de casi 18 años de cárcel totales.

"Estamos satisfechos porque se acreditaron los delitos, pese a no existir muchos testigos. Pedimos el máximo de las penas, ya que se trata de un caso de violencia de género. Incluso, el hecho más grave tuvo consecuencias que se mantendrán por toda la vida de la víctima", aclaró.

El abogado recalcó que el hoy condenado y la joven vivieron unos 11 años de convivencia y tienen una hija en común.