El director de Historia en la Universidad Austral de Valdivia (UACh), Robinson Silva, publicó en Twitter que "daremos ingreso inmediato a (el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES) Víctor Chanfreau si así lo decide". Pese a que la casa de estudios negó que fuera una decisión corporativa, la ministra de Educación respondió que "el problema que hoy tenemos es más de instituciones y no de orden público".
Redacción - Medios Regionales
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ayer se refirió al anuncio del Gobierno sobre que los jóvenes que hayan participado del boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) no podrán rendir la evaluación a fines de este mes, para cuando fue recalendarizada producto de las manifestaciones.
El derecho al acceso a la educación está "contenido en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile, no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias", afirmó la abogada.
"Como Defensoría de la Niñez velaremos por el resguardo y respeto efectivo del derecho al acceso a la educación de cualquier niño, niña o adolescente que viva en Chile, derecho contenido en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales ratificados por Chile, que no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias y que, incluso, debe ser asegurado a quienes, habiendo sido condenados por la ley penal, se encuentran privados de libertad", explicó Muñoz.
En cuanto al procedimiento para la toma del examen, el organismo acusó "la manifiesta incapacidad del Estado, a través de los organismos competentes, de asegurar el proceso de selección universitaria año 2020", junto con indicar que ayer recibió respuesta al oficio enviado al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) este lunes.
La contestación, señaló la defensora, vino sin la información solicitada, pidiendo la entidad que se le conceda el "máximo plazo legal" para entregarla, "situación que, evidentemente, impide la intervención institucional en favor de los afectados que tengan posibilidad de restituirse sus derechos vulnerados".
En el caso de la anulada prueba de Historia, la oficina dedicada al resguardo de los derechos del niño expuso que buscarán "concretar la debida rendición de dicha prueba como requisito atingente a algunas carreras universitarias".
cubillos
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió que "a diferencia de la Defensoría de la Niñez, nosotros como Gobierno, entre los jóvenes que promovieron la violencia e hicieron este boicot y los jóvenes que la sufrieron, nosotros estamos por defender a los jóvenes que sufrieron la violencia".
En paralelo, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle, sostuvo en Radio Concierto que "el reglamento que se les informa anticipadamente a todos quienes se inscriben en el proceso de admisión (a las casas de estudios) tiene una norma que obliga a los postulantes a comportarse al interior de la sala (donde rinden la PSU), de manera que no puedan interrumpir, molestar o perturbar el desarrollo de cada una de las pruebas".
En el caso de los desórdenes registrados durante el pasado lunes y martes, "hay una infracción evidente de una reglamentación que, hasta ahora, estaba simplemente en manos de los examinadores, los jefes de local, porque se trataba de situaciones individuales, aisladas", señaló el académico.
Quienes resulten responsables de haber interrumpido la PSU "tienen como sanción no poder seguir en el proceso" de admisión, mencionó Valle y, tanto el Cruch como el Demre, "tienen que aplicarlo (el protocolo) siempre que verifique la identidad y conducta".
27 y 28 de este mes volverán a rendirse tres pruebas: Matemática, Ciencias y Lenguaje.
La Superintendencia de Pensiones informó que desde ayer el nuevo tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de pensiones, salud y accidentes del trabajo subirá a 80,2 UF, es decir, $2.271.189.
Esta alza corresponde a una UF respecto al valor utilizado en 2019, cuando el límite imponible fue de UF 79,2, o $2.242.870, informó la oficina estatal.
Asimismo, el tope imponible mensual que se utilizará este año para calcular las cotizaciones del seguro de cesantía aumentará a 120,3 UF ($3.406.784), desde las 118,9 UF ($3.367.137) de 2019.
La ley establece que ambos valores deben reajustarse anualmente cuando el Índice de Remuneraciones Reales, que informa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registre variaciones positivas el año anterior.
Entre noviembre de 2018 y el mismo mes del año pasado, este indicador subió 1,2% provisorio, ya que durante enero se actualizará y quedará el definitivo en febrero. En caso de que esta cifra cambie, la superintendencia deberá informar un nuevo valor para los topes imponibles.
Pese a ello, los nuevos límites para las imposiciones se deben aplicar a partir del pago de las cotizaciones previsionales correspondientes al mes en curso.
El plazo para cancelar estos montos es el 10 de febrero y, en caso de efectuarse por medios electrónicos, hasta el día 13.