Isabel Elena Velásquez Rojas se convirtió en nueva titular del Juzgado de Letras y Laboral de Ancud, luego de prestar juramento ante el presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jorge Pizarro.

La magistrada fue designada en el cargo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la terna propuesta por el máximo tribunal de la capital regional, tras ser seleccionada por concurso público.

Velásquez se desempeñaba a la fecha como magistrada titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Calbuco y asumió el nuevo cargo en la vacante producida por la promoción del juez Javier Toledo.

Con el objetivo de entregar mayores resguardos a las policías, senadores de la UDI presentaron un proyecto de ley para intensificar las sanciones de quienes ataquen a estos funcionarios.

Los parlamentarios de reunieron con el ministro del interior, Gonzalo Blumel, para solicitar suma urgencia a la iniciatiiva y estudiar la posibilidad de refundir la iniciativa con otras ingresadas por el Ejecutivo.

"El respeto a la autoridad es un pilar básico en cualquier democracia, y en base a lo que hemos visto en los últimos días, con graves agresiones a Carabineros, recibiendo verdaderas palizas, siendo victimas de bombas molotov y de cobardes ataques, concluimos que una parte de la población ha perdido ese respeto", aclaró el legislador por la zona, Iván Moreira.

Añadió la fuente que "es por ello que buscamos elevar las sanciones, que pueden ir desde una multa significativa, hasta la pena efectiva de cárcel. Tenemos que defender a nuestros carabineros, que hacen un esfuerzo encomiable por restablecer el orden y la seguridad de los todos los chilenos y aun más, ellos han sido capaces, de defender, lo que nos queda del Estado de derecho".

El proyecto busca modificar el Código Penal, el Código de Justicia Militar, la ley orgánica que rige a la PDI, entre otros cuerpos legales. Pretende sancionar a quienes profieran insultos, inciten a la agresión o denostación, amenacen, lancen o golpeen con objetos contundentes, agredieren en masa, lancen bombas incendiarias o elementos químicos, ataquen con arma blanca o de fuego a miembros de estas instituciones.

Las penas partirían de una multa de 6 UTM hasta el presidio mayor en su grado medio a máximo, llegando hasta los 20 años de reclusión.

Mauricio Muñoz Moreno

Una veintena de vecinos, todos integrantes de la Asamblea Social del Archipiélago de Quinchao, que reúne a las comunas de Curaco de Vélez y Quinchao, llegó ayer hasta el edificio de la Gobernación Provincial para manifestarse con gritos, lienzos y pancartas en protesta por el anuncio del alza en el transbordo en el canal Dalcahue.

Junto con la manifestación, los pobladores entregaron una carta dirigida al gobernador Fernando Bórquez, en la que manifiestan su rechazo por la medida que aplicará la empresa a cargo de este servicio.

Óscar Gallardo, concejal de la comuna quinchaina y uno de los voceros de la organización, dio cuenta de esta situación que hoy los afecta y que los ha llevado inclusive a manifestarse en el mismo cruce marítimo. "Este documento expresa nuestro petitorio y la respuesta que él (gobernador) tiene a nuestra asamblea y los habitantes de nuestro archipiélago", sostuvo.

Junto al edil DC también se refirió a este tema la curacana Carmen Barría, quien también cumple labores en la vocería en la misma colectividad. La vecina se refirió a las demandas que versa el documento entregado en Castro.

"Exigimos conectividad estatal garantizada, ya no queremos que se sigan haciendo negocios con algo que es fundamental para quienes vivimos en la isla (Quinchao). Y para que se cumpla, exigimos la incorporación de cuatro barcazas fiscales en el canal Dalcahue que es nuestro objetivo prioritario", consignó.

La dirigenta invitó a las demás asambleas sociales de la provincia a respaldar sus acciones porque, según manifestó, "este no es un problema que afecta solamente al archipiélago de Quinchao, sino que a todos".

En la oportunidad, la también integrante del conglomerado, Ana Marchant, leyó el petitorio y puso especial acento en la modificación de la Ley 3.059. "Específicamente en el artículo 14 sobre la exigencia del Estado en tráficos marítimo especiales y que no son cubiertos por empresas navieras nacionales debe licitarse un subsidio para ser adjudicado", acotó.

Los isleños acusan que han sufrido aislamiento y ellos mismos verificaron que el domingo último solo operaron dos embarcaciones de una sola empresa. "Son dos las empresas que se suponen trabajan en el canal Dalcahue y por eso se está incumplimiento", insistió el concejal Gallardo.

Al lugar también llegó Osvaldo Altamirano, presidente de la Multigremial de Chiloé y de la Asociación de Dueños de Camiones de Castro, quien dijo que el alza "va a complicar nuestra actividad, la naviera se equivoca ya que el alza no tiene justificación".

"En Chacao subió el precio pero cuando este es de $200 es residual, pero en Dalcahue, si a un auto le suben de $2.500 a $2.800 no se justifica. Además que el tema del valor de los combustibles, especificamente el del petróleo han estado bastante estables", aseguró.