Un oficio dirigido al ministro del Interior, Gonzalo Blumel; al intendente Harry Jürgensen, y al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Ramón Zelaya, remitió el diputado por la zona, Gabriel Ascencio (DC), con el fin que las autoridades revisen el acuerdo de explotación de especies marinas en las zonas contiguas.

"Hemos recibido antecedentes que generan preocupación e incertidumbre, respecto de la decisión adoptada por los buzos de Aysén de no continuar con el acuerdo de zonas contiguas", dice el oficio enviado ayer desde la Cámara.

Lo anterior, considerando que a fines de 2019 se rechazó el acuerdo, lo que hoy tiene en conflicto a los pescadores artesanales de Chiloé, en Los Lagos, y los de Melinka, en Región de Aysén, que eran parte del anterior convenio de zonas contiguas. Con esto, los hombres de mar del sur de Chiloé, se encuentran impedidos de trabajar en especies como el erizo en la vecina región.

"Solicito se revise la votación realizada para la ratificación del acuerdo de zonas contiguas, y en su caso, se vuelva a realizar, con la participación mayoritaria de las bases de cada comuna", expuso el congresista.

Además, espera que "se realicen todas las gestiones por las autoridades de pesca y de la Intendencia Regional para mediar y encontrar una solución, al corto y largo plazo, para los pescadores artesanales, a quienes les afecta el mecanismo de zonas contiguas, evitando que el conflicto se acentúe".

Ascencio ha presentado dos oficios: uno para que las autoridades se hagan cargo del conflicto y medien entre los pescadores, y otro, porque los pescadores artesanales de Guaitecas (Melinka) acusan que la votación en la que se rechazó el acuerdo de zonas contiguas no fue representativa para su comuna.

Carolina Larenas Faúndez

Inquietud es la que existe entre los vecinos de la isla Quinchao y entre quienes la visitan por los problemas que enfrenta la conectividad en la zona.

El anuncio del alza de precio y, posteriormente, el de la salida de una de las empresas que opera el servicio en el canal de Dalcahue son parte de estos problemas, lo que incluso motivo que autoridades locales pidan a la Fiscalía Nacional Económica que investigue el caso.

Con fecha de ayer, el diputado Alejandro Santana (RN) presentó frente a este organismo una denuncia por hechos que atentarían contra la libre competencia y solicitó que se instruya una investigación y estudio de mercado.

En la carta que acompaña los antecedentes, el parlamentario expone que "los hechos resultarían indicativos de una o más conductas que impedirían o entorpecerían la libre competencia en el mercado del transporte marítimo; específicamente, de vehículos y pasajeros que se lleva a cabo en el canal de Dalcahue".

Configurar

Asimismo, el congresista sostiene que "estas conductas podrían configurar una infracción a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Ley N° 211, sobre Defensa de la Libre Competencia, sin perjuicio de otras infracciones al ya enunciado cuerpo legal".

Otra de las peticiones que realizó el parlamentario en la presentación que tiene seis páginas considera que en caso verificarse los hechos o concluir que por otras circunstancias existe mérito para ello, solicitar del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y/o de los órganos jurisdiccionales que corresponde, mediante requerimiento o acción legal interpuesta al efecto: primero, la declaración de haberse infringido las disposiciones del DL 211; segundo, la aplicación de las medidas correctivas, preventivas y prohibitivas, y la imposición de multa o sanciones que se considere pertinentes.

Además, el congresista pidió analizar las implicancias jurídicas que conlleva el parentesco entre los representantes de las actuales empresas que se encuentran brindando el servicio en el canal de Dalcahue.

Si bien se esperaba que hoy también se concretara la presentación de la causa frente al mismo organismo por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, esto no se concretó.

Ello, de acuerdo a lo explicado por el seremi, Nicolás Céspedes, se debe a que aún se encuentran recopilando la información para remitir a la Fiscalía Nacional Económica, ya que más que una consulta lo que desean es entregar antecedentes históricos del funcionamiento del canal para entregar una perspectiva al organismo.

"Estamos buscando antecedentes desde el 2014", afirmó el funcionario público, sumando que actualmente están en conversaciones con otras empresas navieras para analizar un plan B en el caso que se concrete la anunciada salida de Man-Pue en un mes.