Tras una indagatoria desjudicializada que se extendió por más de tres meses, ayer se formalizó a un operario pesquero sindicado como el responsable de entablar un pololeo que desafía a la justicia. Fue encausado por el delito de violación reiterada contra una menor que tenía 12 años al momento de comenzar esta "relación", quedando en prisión.

Los hechos se sitúan tanto en Quellón como en Queilen y fueron develados una vez que la niña, junto a su abuela, se acerca a un centro de salud de su localidad para requerir algún tipo de anticonceptivo. Esta atención en septiembre del 2019 prendió la alerta del personal que activó los protocolos de rigor.

En la Fiscalía del sur de la Isla fue interpuesta la denuncia, siendo los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud los encargados de recabar los antecedentes del caso. Una carga probatoria que sustentó una orden de detención que se materializó la tarde del martes.

Así fue confirmado desde la policía civil, donde se agregó que el imputado tiene 30 años y que fue aprehendido en su vivienda ubicada en Quellón.

Con las iniciales D.E.F.M. fue identificado el sujeto que fue puesto a disposición del Juzgado Mixto porteño durante la jornada de ayer, siendo encausado por el abogado asistente del Ministerio Público local, Daniel Fuenzalida, quien invocó la cautelar más gravosa en su contra, aduciendo que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

Cautela

El defensor Mauricio Díaz no cuestionó la legalidad de la captura, al emanar de una orden judicial, pero sí la necesidad de cautela en base a la dinámica del caso que involucra a dos personas que no tienen parentesco y que se conocieron por la cercanía de sus familias.

Afirmó el profesional que se trató de una relación consentida entre los intervinientes, la cual se prolongó por siete meses. "La propia niña declaró y reconoció el pololeo y que tenían relaciones sexuales", sostuvo.

Igualmente, el jurista enfatizó que "entendemos que la persona no tiene antecedentes y no es un peligro para la sociedad. Tiene arraigo laboral en una pesquera de la zona y domicilio conocido en Quellón. Puede estar en libertad mientras esto se investiga".

No obstante, el magistrado Pablo Farfán dictó la prisión preventiva, determinando un plazo para investigar de 120 días. Clave en esta decisión fue el hecho que el encartado tiene una hija de 9 años con una joven, que tenía 14 al momento de dar a luz. Se adujo en la audiencia que por ese antecedente, mantendría una conducta sostenida en el tiempo de relación con menores, sumando este nuevo caso.

Bajo este escenario, la defensa evalúa interponer un recurso de apelación para cambiar esta precautoria.

Pedro Bárcena González

pedro.barcena@laestrellachiloe.cl