Pedro Bárcena González

Los alcances de la emergencia nacional por el coronavirus también se han visto replicados a nivel de justicia. Un impacto que en la provincia ya ha redundado en la suspensión y reprogramación de audiencias, como en coordinaciones para resguardar el funcionamiento del sistema sin poner en riesgo la salud de los funcionarios y usuarios.

Responde las medidas a las indicaciones del pleno de la Corte Suprema que dieron cuenta que el servicio judicial se preste en "las condiciones que la urgencia amerite", como indicó la ministra vocera Gloria Ana Chevesich, enfocando en materia penal el carácter impostergable de sesiones relativas a privados de libertad, flagrancia, revisión de cautelares y medidas de protección, como también resoluciones.

En este ámbito, se han efectuado reuniones entre los actores del sistema. El fiscal jefe de Castro, vocero provincial del Ministerio Público, Enrique Canales, fue enfático en señalar que este tipo de emergencia "nunca se había visto antes", lo que obliga a todos ser "en extremo responsables".

Afirmó que la persecución penal se mantiene con medidas destinadas a contar siempre con "equipos mínimos de trabajo", que aborden las audiencias. No obstante, reconoció que todo lo vinculado con contacto con personas debe ser disminuido. Por ello, que se suspendió la atención de público en las fiscalías (solo se atenderá a víctimas de delitos graves) y se habilitó para consultas el fono 600 333 0000 y accesos por el portal Fiscaliadechile.cl.

La fuente recalcó que el foco estará en lo catalogado como "urgente", que alcanza especialmente a los privados de libertad, para quienes se empleará la tecnología para asegurar su cobertura. Para todo el resto instarán por el reagendamiento.

Incluso, no dudó en señalar que "sería irresponsable de nuestra parte realizar un juicio que implique la reunión de personas en espacios cerrados con escasa ventilación porque atenta contra estas medidas destinadas a evitar la propagación de esta enfermedad".

Apuntó Canales a flexibilizar los requerimientos dentro de todo este contexto. "Teniendo a alguien detenido en flagrancia evaluaremos la gravedad de los casos y la necesidad de poner a disposición del tribunal a los imputados", explicó el jurista, detallando que ante ilícitos poco gravosos y encartados sin antecedentes penales, la tendencia será no llevarlos a audiencia y citarlos.

Por su parte, el defensor penal público de Castro, Luis Mora, recalcó que ya se han solicitados acciones dentro de esta contingencia.

"Nosotros pedimos la revisión de las prisiones preventivas de la población sensible, ya que las condiciones de hacinamiento, frío y humedad de las cárceles en Chiloé facilitan la propagación del virus y el contagio, lo que no ha ocurrido hasta el momento, pero que debemos evitar a toda costa",

Asimismo, Mora manifestó que el foco a nivel de audiencia está situado en estos mismos usuarios. "Quienes estén en prisión preventiva o arresto domiciliario tienen prioridad para nosotros, por lo que no pueden suspenderse (sesiones) al encontrarse los imputados en una condición transitoria y sin haber sido condenados, gozando de presunción de inocencia y a la espera de que un tribunal les otorgue la libertad", aclaró.

Sistema

Para asegurar esta cobertura se analiza la utilización de videollamadas o videoconferencias desde las cárceles. Tanto en las unidades de Ancud y Castro existen salas implementadas para estos trámites.

"Contamos con este sistema para realizar audiencias para que internos no salgan de los penales. Es una iniciativa que viene de principio de año, cuando a través de un convenio entre Gendarmería y el Poder Judicial se compró este equipamiento", destacó el alcaide del recinto castreño, capitán Carlos Olavarría.