Castreños quedan presos por ataques a familiares
Casos de VIF no paran de judicializarse pese a la contingencia, como el de la mujer que amenazó a su madre y el joven que agredió a su cónyuge.
Dentro de las medidas dispuestas por la contingencia del coronavirus en el sistema penal está evitar el traslado y agrupación de personas, lo que redunda en la flexibilización de los controles de detención dependiendo de la gravedad de los delitos.
El propio fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, adelantó que la facultad que tienen los persecutores para mantener la privación de libertad de los aprehendidos para pasarlos a control o dejarlos libres "debe estar a la altura de la emergencia sanitaria en la que estamos". Una consigna que no significa que las policías se restrinjan ante la flagrancia de los ilícitos.
Bajo este contexto, una de las problemáticas delictivas que no entran en esta balanza es la violencia intrafamiliar (VIF). Su impacto en Chiloé obliga a una judicialización inmediata.
"Es un fenómeno sicosocial y cultural grave, del cual no nos podemos abstraer", indicó el vocero provincial del Ministerio Público, ratificando que estos hechos siempre serán pasados a tribunales, al igual que los casos de crímenes (delitos cuyas penas son superiores a 5 años de presidio).
Fiel reflejo de esta dinámica ha sido lo ocurrido en los últimos días en la Isla. Es más, ayer solo hubo cuatro audiencias por flagrancia, todas relacionadas a VIF. Y dentro de los últimos privados de libertad, dos cayeron por ilícitos vinculados a este flagelo.
El primer caso se trata de una joven de iniciales O.M.S.P. (27), quien fue formalizada en el Juzgado de Garantía castreño por un delito de amenazas contra su madre. Incluso, el día anterior ya había sido aprehendida por el incumplimiento de una cautelar por una causa respecto a una sobrina.
Por el delito contra su progenitora de 64 años, el fiscal (s) Cristian Mena solicitó la prisión preventiva, que fue acogida por la magistrada Alejandra Varas.
"Se pidió la cautelar más gravosa estimando que había peligro para la seguridad de la víctima, que es su madre, una persona adulta mayor. También en consideración a la gran cantidad de condenas por VIF anteriores que tiene la imputada", apuntó el abogado.
Por su parte, el defensor Rodrigo Zamorano apeló a esta medida, lo cual será resuelto hoy por el tribunal de alzada.
"Fue presentado este recurso por necesidad de cautela, porque ella no tiene denuncias anteriores con la misma víctima y siempre ha cumplido las cautelares por VIF en los otros casos. Tiene condenas por multas, pero por esta causa puede cumplir con remisión condicional. Se puede garantizar la seguridad de la víctima manteniendo las típicas medidas de prohibición de acercamiento", explicó el jurista.
Pauta
En tanto, por el segundo caso también se dictaminó la privación de libertad contra un sujeto individualizado como I.I.M.S. (32), tras ser encausado por lesiones menos graves y amenazas contra su cónyuge de 32 años, hechos ocurridos en la casa que compartían en la población Clara Barton.
Como especificó el fiscal Mena, dentro de los argumentos para sostener esta medida estaba el número de delitos por los que se formalizó y la pauta de evaluación de riesgo de VIF aplicada por Carabineros que arrojó "alto/vital".
"Desde una perspectiva de género, no había otra cautelar que asegurara la integridad física de la víctima que la prisión preventiva", sostuvo el profesional.
Eso sí, la precautoria se extendió un par de días y ayer mutó al reconocer el joven su responsabilidad en los ilícitos y acceder a un juicio simplificado.
De acuerdo al defensor Zamorano, este término implicó una condena poco gravosa. "Se decretaron dos penas remitidas de 41 días por cada delito, quedando con las condiciones de abandonar el hogar común y la prohibición de acercamiento por un año", concluyó.