Depravado queda preso tras ser vinculado a ultrajes contra tres niñitas
El sujeto ya tiene condenas por delitos sexuales y ahora fue denunciado por hechos registrados en Quinchao, por los que fue formalizado por abusos reiterados. Reagendan audiencias, restringen atención de público y potencian el uso del teléfono para controles.
Pedro Bárcena González - Pedro Bárcena González
En prisión preventiva quedó un sujeto sindicado como el responsable de ultrajar a tres menores en la comuna de Quinchao. Los ataques habrían afectado a dos hermanitas y otra niña, desde que tenían apenas 7 años.
La denuncia de dos de las víctimas a principio del año pasado impulsó una indagatoria desjudicializada por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud, la cual permitió reunir antecedentes que permitieron enlazar participación al mismo imputado.
Así lo explicó el fiscal (s) Cristian Mena, sumando que las diligencias "partieron por cuerdas separadas hasta que nos dimos cuenta que sería el mismo autor".
De esta forma, se concentraron las pesquisas bajo esta misma arista de un único encartado, lo cual se complementó con los datos entregados por la madre de las parientes y una organización social que notificó lo sucedido con la tercera víctima.
Con la información y las pericias policiales se reunieron evidencias que permitieron sustentar la imputación contra el vecino de iniciales C.A.F.G. (56), quien por medio de una orden de detención fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de Quinchao.
"La investigación fue llevada de forma bastante prolija, pensar que eran tres víctimas de un sector aislado. Hubo que entrevistar a varias personas, reconstruir toda la historia del imputado desde que tenía cercanía y acceso a las menores", aclaró el persecutor.
Igualmente, el relato de las niñas se vio corroborado con otros testimonios que habrían dejado de manifiesto que el desabollador tuvo contacto con ellas.
El nacido en Punta Arenas fue formalizado por tres delitos de abuso sexual impropio en carácter de reiterado, por los hechos que se habrían prolongado desde el 2009 hasta el 2013.
Asimismo, el abogado invocó la cautelar más gravosa, la cual fue acogida por el magistrado Hernán Mancilla, quien encabezó la audiencia.
"Se pidió la prisión preventiva por existir un peligro para la seguridad de las víctimas y la sociedad, primordialmente por las penas que arriesga el imputado, porque son tres delitos, el carácter de los mismos y por tener condenas anteriores, algunas por ilícitos similares", argumentó el jurista.
Defensa
Por su parte, el defensor Rodrigo Zamorano no cuestionó la legalidad de la aprehensión en base a que provino de una orden judicial, pero sí rebatió la necesidad de cautela.
"Discutimos la participación del imputado en los hechos, según los datos expuestos", expresó el profesional, añadiendo que pese a estos reparos no apelará por ahora a la medida en espera de nuevas diligencias.
"Se pedirán pesquisas para contar con nueva información que permita solicitar la modificación de la cautelar", remarcó la fuente, agregando que se distaron 150 días para desarrollar la indagatoria.
Justicia adopta férreas medidas para evitar el contacto de intervinientes
Los resguardos por el impacto del Covid-19 han motivado el desarrollo de una serie de medidas a nivel de sistema judicial en Chiloé, que implican el menor contacto entre las personas. Por ello, desde ayer las audiencias son las mínimas y la atención de usuarios está restringida.
Como indicó el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jorge Pizarro, todo el personal de los tribunales dará estricto cumplimiento a las acciones de seguridad procurando la continuidad de la labor.
Bajo este escenario, el ministro recalcó que "se ha dispuesto una serie de medidas tales como evitar aglomeraciones, reagendamiento de causas no urgentes e implementación de teletrabajo, en coordinación con las demás instituciones del sistema de justicia, para el resguardo de los derechos y garantías de todas las personas".
Además, el abogado instó por evitar la concurrencia a los tribunales y preferir las plataformas de contacto, como la tramitación electrónica a través de la Oficina Judicial Virtual (OJV).
Las indicaciones desde este jueves se observan con claridad en Castro. La titular del Juzgado de Garantía local, Alejandra Varas, fue enfática en señalar que se suspendieron todas las audiencias programadas hasta que se supere la emergencia sanitaria.
Junto con reiterar el empleo de la OJV, la jueza solicitó a las personas la utilización de los fonos de contacto y el correo electrónico, ya que el público no entra a las dependencias.
"Estamos con funcionamiento ordinario por turnos, con funcionarios a nivel presencial y otros con teletrabajo desde sus casas, donde tramitan las causas y resuelven solicitudes", afirmó la magistrada.
Entrevistas
Pese a que ayer no hubo controles de detención en toda la Isla, la abogada recalcó que de realizarse, se emplearán todas las medidas sanitarias respectivas.
"Los defensores se deben entrevistar con los imputados vía locutorio, una sala especial con mampara de vidrio para restringir el contacto entre todos los intervinientes. Y las audiencias se realizarán con altavoz del teléfono para el contacto con el calabozo", dijo.
En el caso de los privados de libertad, Varas explicó que ya se ha utilizado la fonoconferencia desde las cárceles. Además, se espera la implementación de las videoconferencias. En ambos escenarios, un gendarme actúa como ministro de fe para certificar la presencia de los encartados.
Asimismo, la magistrada resaltó que de oficio "para quienes cumplen reclusiones nocturnas en unidades penales dispusimos suspender el cumplimiento de esas penas hasta superar la contingencia sanitaria".