Como parte de las medidas que se están adoptando para enfrentar el coronavirus, el Senado despachó un proyecto de ley que aumenta las sanciones a quienes no cumplan la cuarentena y amplia competencias para multar a empresas.

El avance de esta iniciativa fue valorado por el senador por la zona, Iván Moreira (UDI), quien comentó que el proyecto permite aumentar hasta en 10 veces el tope de las multas.

"Con estas medidas se busca castigar a quienes están poniendo en peligro a toda la población, asegurando que en nuestra región hay poca conciencia de los riesgos del coronavirus", afirmó el parlamentario.

El proyecto castiga a empresas que, sin autorización, sigan funcionando presencialmente en un territorio en cuarentena o durante un toque de queda, sancionándose a la firma con una multa que podría llegar a los 50 millones de pesos, además de la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado y la pérdida parcial o total de beneficios fiscales.

La iniciativa ya fue aprobada en general y en particular en la sala del Senado, pasando ahora para su votación en la Cámara de Diputados.

El porcentaje de rechazo de licencias médicas por Covid-19 por parte de las instituciones de salud previsional (isapres) llega a un 30,6%, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso).

Lo anterior fue criticado por el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), quien indicó que una de cada tres licencias en el sistema privado es rechazada o reducida.

"Es inmoral que las isapres rechacen licencias médicas por Covid-19, exponiendo así a la población entera porque está claro que la gente sale a trabajar en circunstancias que es portador del virus y además verán reducidos sus sueldos", indicó el parlamentario.

Quinteros dijo que el informe que Superintendencia de Seguridad Social hizo llegar a la Comisión de Salud del Senado señala que al día 8 de abril de 2020 se registraban 24.819 licencias médicas emitidas en relación con el nuevo coronavirus.

"De ese total, 15.899 ya han sido pronunciadas, 8.232 por Fonasa (Fondo Nacional de Salud) y 7.667 por isapres", acotó.

El vicepresidente del Senado llamó al Gobierno a intervenir en este asunto.

Carolina Larenas Faúndez

Por lo menos hasta que termine el mayo, la Intendencia de la Región de Los Lagos extendió el plazo para que continúe operando en la zona el programa que permite a los municipios chilotes entregar agua potable a los vecinos que lo requieran a través de camiones aljibes.

Se trata de un beneficio que favorecerá a cinco comunas de Chiloé: Ancud, Quemchi, Chonchi, Queilen y Quellón y permitirá llegar con este elemento a más de dos mil personas.

A fines de marzo es la fecha en que concluye este tipo de acciones con las que se busca abastecer a los residentes, sobre todo de sectores rurales que sufren por la escasez hídrica, pero debido a la contingencia sanitaria que vive el país y la zona y, tras una solicitud de los alcaldes, se decidió ampliar este tipo de trabajo.

Así lo explicó el intendente regional Harry Jürgensen, argumentando que "los contratos de los camiones aljibes se hacen por el período estival por falta de agua; estos contratos terminan el 31 de marzo; sin embargo, a petición de los alcaldes de Chiloé hemos evaluado la situación y hemos hecho las gestiones para mantener estos contratos, por al menos dos meses más".

El jefe regional agregó que esta medida obedece a no generar un menor abastecimiento de agua, principalmente considerando que para prevenir el contagio del coronavirus se debe usar mucho más este líquido.

"Tenemos que lavarnos mucho más la cara, las manos, tenemos que ducharnos probablemente dos veces al día y, por lo mismo, no quisiéramos que le falte agua a la gente y por eso estamos extendiendo todos los contratos de camiones aljibes por dos meses más", relató Jürgensen.

Ancud

Solo en el caso de Ancud el municipio entrega agua a más de 400 vecinos, por lo que la extensión de este programa de los camiones aljibes fue calificada como "positiva" por el alcalde, Carlos Gómez (indep.).

"Hicimos una solicitud a mediados de marzo con el fin de no dejar sin el servicio de agua potable a más de 440 familias de la comuna", argumentó el jefe comunal, sumando que "me parecía de justicia que ante la situación que estamos viviendo pudieran extenderse estos contratos, ya las medidas preventivas tienen que ver principalmente con la higiene".

Incluso, Gómez había adoptado la decisión de continuar con el servicio por cuenta del municipio, pese a que aún no contaba con una respuesta positiva sobre el tema, lo que ocurrió con la confirmación del intendente esta semana.