En audiencia realizada ayer en el Juzgado Mixto de Quellón se accedió a una cautela de garantías en favor de un imputado indagado por ataques contra su expareja y maltrato de obra a Carabineros, en un procedimiento en que recibió tres balazos para ser reducido por los uniformados.

Privado de libertad en la cárcel de Castro desde el 16 de marzo se encuentra el joven de iniciales D. A. P. M. (35) tras ser formalizado por estos ilícitos y recibir el alta médica, después de 10 días de internación en los hospitales del sur y del centro de la Isla.

Debido a los tres impactos de bala que recibió el encartado, tanto a nivel de hemitórax derecho como en el muslo izquierdo, el defensor Daniel Henríquez solicitó al tribunal que Gendarmería vele por la salud de su representado.

"No le están haciendo terapias de kinesiología y no lo ha visto un médico, por eso en la audiencia solicitamos que se oficie al CDP (Centro de Detención Preventiva) de Castro para evaluarlo por la evolución de sus heridas y hagan las terapias que necesita, tal como instruye la ficha clínica", dijo el defensor, sumando que el sentenciador acogió el requerimiento.

Pedro Bárcena González

Tras la denuncia realizada ante Carabineros, un sujeto fue detenido y formalizado por su presunta responsabilidad en sendos ataques sexuales contra una menor en Quellón. Dos episodios de ultrajes que se habrían perpetrado en días consecutivos, cuando estuvo de visita en la casa de la niña de 14 años.

La develación inmediata de la víctima a su familia dio cuenta de supuestas tocaciones sufridas por parte del imputado de 59 años, quien es primo de la abuela de la ofendida y que llegó el fin de semana a dicho domicilio desde Achao, donde tiene residencia.

Efectivos de la Sexta Comisaría porteña recabaron los antecedentes y procedieron a la aprehensión del isleño, quien fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de la comuna del sur de Chiloé.

De acuerdo a lo manifestado por la fiscal Paulina Otero, se procedió a encausar una indagatoria por el delito de abuso sexual de mayor de 14 años y menor de 18. Eso sí, reconoció que se debe analizar con detalle la información del caso para esclarecer por completo la dinámica de lo sucedido.

La persecutora enfatizó que "se trata de un imputado que no es familiar directo de la víctima, quien tiene su versión de los hechos". Una teoría alternativa que descartaría agresiones directas o dolosas.

Bajo ese antecedente, la abogada resaltó que "es una causa que se tiene que indagar con mayor profundidad", considerando las versiones de la menor y el adulto.

Por su parte, el defensor Daniel Henríquez alegó la ilegalidad de la detención de su representado, argumentando que no existió flagrancia por los supuestos hechos consumados el sábado, añadiendo que "sería poco lógica" la dinámica relatada por la eventual agresión del día posterior.

Tipo penal

A pesar que se acreditó la legalidad del procedimiento policial, el jurista insistió en la falta de antecedentes para acreditar la existencia del delito como la participación del achaíno. "No existe el tipo penal por el cual fue formalizado", insistió.

También, el profesional se opuso a la precautoria de arresto domiciliario nocturno que invocó la fiscal Otero, acusando que sería desproporcionada con relación a la evidencia presentada.

"Nos opusimos entendiendo que el imputado es una persona que no vive en Quellón y que no tiene antecedentes penales, solo causas antiguas de los años '90. No existe una necesidad real de una cautelar como esa. El tribunal entendió estos argumentos y dictó la firma mensual en Carabineros de Achao y la prohibición de acercarse a la menor y su padre". Además, se dictaron 60 días para indagar.

En constante evolución se encuentran los tribunales de justicia de la provincia debido al impacto de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Dentro de las últimas medidas, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt entregó dispositivos de banda ancha móvil para funcionarios de los juzgados de Familia de Ancud, Garantía de Castro y Mixto de Quellón. Una disposición tendiente a mejorar la conectividad para las audiencias locales.

"Por medio de la oficina zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, gestionamos internet móvil para facilitar el teletrabajo, principalmente en los lugares que presentan mayores dificultades por su geografía o por la cobertura limitada en materia de telecomunicaciones, de manera de dar continuidad al servicio judicial", aclaró el presidente del máximo tribunal regional, Patricio Rondini.

En tanto, el Juzgado de Letras de Ancud, que se encuentra funcionando desde el 23 de marzo en la modalidad excepcional de teletrabajo, dispuso la implementación de un turno presencial de un funcionario que atenderá los asuntos y gestiones de carácter urgente o especial.

La jueza Isabel Velásquez señaló que se efectuarán "determinadas gestiones como entrega de cheques, recepción de títulos ejecutivos y sobre cerrado de absolución de posiciones los días miércoles de 11.30 a 14 horas, empezando el 6 de mayo".

Para tal efecto, como agregó la magistrada, el usuario "debe cumplir con mínimas normas de cuidado: ingresar con mascarilla, lavarse las manos en el baño de entrada del tribunal y mantener distancia con el funcionario".

Zoom

Asimismo, el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro dio inicio a la realización de audiencias por la plataforma Zoom, dando prioridad a las causas de vulneración y monitorios.

La jueza Carolina Pardo resaltó que "el inicio de este ciclo de audiencias por videoconferencia es muy importante, porque asegura que el Poder Judicial mantiene la continuidad de su servicio en esta ciudad".

15 dispositivos móviles se entregarán en total por parte de Justicia en la región.

8-14 horas se atiende al público vía telefónica y virtual en el Juzgado del Trabajo de Castro.