Siete toneladas de choritos congelados de exportación, fueron donadas por Blue Shell S.A, empresa especializada en el cultivo y elaboración de mejillones, para su distribución a través de la Municipalidad de Chonchi, entre aquellas familias que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad, las cuales se han visto mayormente afectadas por la pandemia del Covid-19.

La firma, que se ha visto bastante activa durante esta contingencia, ha incrementado en esta ocasión el volumen de su contribución solidaria, en una acción que se pudo desarrollar por medio de la gestión entre el alcalde Fernando Oyarzún (pro RN), y el empresario local Heriberto Oyarzún, propietario de Cultivos y Transportes San Carlos.

Fue este último quien se refirió a la entrega, y cómo esta busca alivianar la carga que han llevado las comunidades durante este periodo de crisis sanitaria, por parte de un sector económico esencial en el motor productivo de la provincia.

"Yo empecé con donaciones para la comuna de Chonchi, y para Castro con mariscos frescos de cultivo. Después se nos ocurrió en la planta por qué no entregar el producto ya terminado, cocido y congelado, como el producto que está saliendo a otros países. Así que con la compañía en la planta, con sus dueños, y con los proveedores que somos nosotros, se decidió donar", manifestó el emprendedor.

Valoración

Por su parte, el alcalde Fernando Oyarzún, destacó lo que fue esta iniciativa por parte del sector privado, en beneficio de sus vecinos.

"Lo tomo como un gesto muy positivo, lo tomo como un gesto replicable por supuesto con quienes puedan realizarlo. Un tema muy bueno para nuestra comuna de Chonchi; es un producto de primera calidad que hoy en día se encuentra procesado, es un choro de cultivo, un chorito congelado directamente para ser exportado, y que hoy día van a poder ayudar en temas de alimentación a nuestra gente de Chonchi", precisó el jefe comunal.

Pedro Bárcena González

Tras permanecer 36 días presos, tres de los siete implicados en un cuantioso robo de salmones en isla Mechuque, comuna de Quemchi, dejaron la cárcel, mientras que los otros cuatro imputados que estaban con arresto total, recuperaron la libertad. Una modificación de cautelares posibilitada porque todos fueron sobreseídos de uno de los dos delitos por los cuales fueron encausados.

Los hombres de mar, cuyas edades fluctúan entre los 19 y 38 años, fueron detenidos por personal de la Capitanía de Puerto de Quemchi, al hallarse en su poder 3,4 toneladas de salmón tipo salar. Una carga avaluada en 17 mil dólares y que fue incautada a bordo de la lancha Chilotita IV.

El grupo fue formalizado por robo con fuerza en bienes nacionales de uso público, al apoderarse de las especies marinas que estaban en la jaula N°12 del centro de cultivo Chillidque, perteneciente a empresa Productos del Mar Ventisqueros S.A. Además, se abrió una indagatoria en su contra por atentar contra la salud pública.

Justamente, en la infracción al toque de queda estuvo el foco de los cambios en la causa. El defensor Filippo Corvalán, invocó el sobreseimiento definitivo de estos cargos, lo cual fue acogido tanto en el Juzgado de Garantía de Ancud como en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Como recalcó el abogado, este fallo "sienta precedente" y mutaron las cautelares en razón que ahora los encartados sólo son indagados por el delito de apropiación, cerrándose la persecución por el ilícito de carácter sanitario.

"La norma implica que para poner en riesgo la salud pública, el imputado tiene que estar necesariamente contagiado. Le dijimos al tribunal que este es un delito de peligro, igual que el manejo en estado de ebriedad. Por ello, no es necesario que se produzca un resultado", aseveró el jurista, reiterando en su analogía que en la conducción el piloto debe estar con alcohol y en la infracción al artículo 318 debe estar infectado con Covid-19.

De esta forma, el peso ante la justicia ahora es menor para los jóvenes, quienes contrataron al abogado Rodrigo Vargas, quien con este nuevo escenario solicitó el cambio de cautelar. Una petición acogida en las últimas horas por el tribunal ancuditano.

Medidas

Como expuso la magistrada María Angélica Islas, los tres sujetos que permanecían presos quedaron con arresto domiciliario total, mientras que los otros vieron rebajada la intensidad de la precautoria de privación de libertad en sus casas al resto domiciliario nocturno.

Además, los siete encartados tienen prohibición de salir del país, imposibilidad de acercarse al centro de cultivo violentado y no pueden comunicarse con seis testigos de la causa.