Pedro Bárcena González

Por el mismo delito que se investiga formalmente a un carabinero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Los Lagos se querelló para esclarecer la responsabilidad de todos los involucrados en el baleo que sufrió un chilote en la capital regional. El conductor Uber recibió un balazo en medio de un operativo de drogas en la población Modelo.

La acción legal fue declarada admisible y remitida al Ministerio Público en las últimas horas por la magistrada Lorena Fresard del Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Un recurso penal que detalla lo sucedido la noche del 30 de mayo y en el que se solicita una decena de diligencias.

En la ocasión, el joven de 27 años, mientras se encontraba trasladando a una pasajera, fue abordado por efectivos policiales de civil. Como se expuso en el requerimiento judicial, el castreño creyó que era víctima de un asalto, por lo cual eludió el control y escapó del lugar, recibiendo su auto varios proyectiles. Uno de estos le impactó el pecho.

Por tres días, la víctima permaneció en el Hospital Regional, incluso en la Unidad de Tratamiento Intensivo, donde se le diagnosticó una "herida de bala en región paraesternal derecha, lasceración pulmonar de lóbulo medio y lóbulo inferior derecho, con proyectil balístico en espacio pleural posterior derecho asociado a moderado hemotórax".

Tras su recuperación, el propio joven se contactó con la oficina del INDH para concretar esta ofensiva legal. Así lo describió el jefe de esta repartición, Mauricio Maya, quien recalcó que la querella es por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, contra todos quienes resulten responsables. Ello, más allá que el sargento de iniciales P.P.S.A. (24), de la Segunda Comisaría puertomontina, está encausado por este ilícito en calidad de autor y permanece con arresto total.

"Pedimos diversas diligencias, como que se empadrone el sector buscando testigos, que se revise si hay cámaras de vigilancia que grabaran algo, que se entregue la identidad de todos los policías del procedimiento, que se pericien las armas, el levantamiento planimétrico del sector, además del informe de lesiones", explicó el sicólogo.

A su vez, solicita que el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI pesquise el proyectil extraído al isleño en el hospital y que se instruya una orden de indagar a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Otra diligencia que invoca Maya es la remisión de los sumarios internos de Carabineros por el caso y que se efectúe una reconstitución de escena.

Familia

Por su parte, Andrea Ovando, hermana del afectado, valoró el respaldo judicial del INDH. "Estamos conformes como familia por los avances de la investigación, todo va a su debido tiempo y más que agradecidos por el apoyo de Derechos Humanos", acotó.

A su vez, la joven enfatizó que su pariente "actualmente se encuentra bien y progresando en su recuperación, que es un proceso lento, pero va bien".

Sus reparos a la realización de juicios orales remotos en la zona, señaló la defensora regional de Los Lagos, María Soledad Llorente, argumentando que esta modalidad impide un adecuado examen de la prueba y dificulta la entrevista de testigos y peritos. Una serie de factores que podría incidir en la apreciación del tribunal y afectar el derecho a un juicio justo.

La abogada recalcó que estas audiencias son más que un debate jurídico, explicando que existen elementos "para determinar la credibilidad de una persona, como por ejemplo si el testigo está nervioso, si es convincente, si está leyendo o no. La ley es clara respecto de que los testigos y peritos deben ser interrogados personalmente, y a eso debemos sumarle las investigaciones que señalan que un 93% de la comunicación es no verbal".

Por ello, la fuente indicó que una sesión por videoconferencia "no permite entregar toda la información necesaria sobre un caso y, por tanto, termina por afectar el derecho a defensa, porque aumenta la posibilidad de una sentencia errónea".

A su vez, la jurista sostuvo que la gran mayoría de los imputados pide un juicio oral presencial y que por ello se deberían reagendar estas audiencias para cuando estén las condiciones sanitarias adecuadas, en el marco de la contingencia por el Covid-19.

Desde el 16 de marzo, los defensores de la Región de Los Lagos han comparecido a más de 5.500 audiencias, de las cuales solo 11 han sido juicios orales.

Tras menos de 10 días de haber sido sorprendida en la Reserva Marina de Putemún en faenas ilegales de extracción de mejillones y choro zapato, nuevamente la lancha a motor Soledad II, con matrícula de Ancud, fue detectada por la Armada infringiendo la Ley de Pesca en la capital chilota.

Esta vez, personal de la Policía Marítima de Castro, en medio de una fiscalización rutinaria en el muelle de conectividad local, controló a los tripulantes de la embarcación, donde halló 640 kilos de choros. 500 muestras fueron analizadas y el 93,5% marcó que el producto estaba bajo talla mínima de extracción.

Desde el Juzgado de Letras de Castro, se ordenó la incautación. El recurso quedó en poder del infractor, en tanto el armador de la embarcación quedo citado a declarar.

Como recalcó el teniente Daniel Ramírez, jefe de Operaciones de la Gobernación Marítima de Castro, esta nueva infracción "marca una reincidencia que puede ser considerada al momento de las sanciones".