Pedro Bárcena González

Por tres delitos contra su propio padre, perpetrados en el sector rural de Detif, comuna de Puqueldón, está siendo indagado un joven que quedó en prisión preventiva. Un caso que refleja la alta incidencia de la violencia intrafamiliar (VIF) en la provincia, más en tiempo de pandemia por el Covid-19.

La seguidilla de ilícitos domésticos se produjo en menos de tres días. Primero, el imputado fue detenido por amenazar a su progenitor y al no tener antecedentes penales anteriores, recibió una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de dos años. Dentro de las medidas que debía cumplir estaba la prohibición de acercarse a su pariente y abandonar el hogar común.

Sin embargo, el isleño no dudó en quebrantar estas condiciones y nuevamente fue aprehendido por efectivos del Retén de Carabineros de Puqueldón a las afueras del domicilio de la víctima de 57 años.

Tal como explicó el fiscal de turno, Fernando Metzner, el encartado "fue a la casa de su papá y además incendió un auto que había en el lugar que era de un hermano. Además de ir y acercarse al afectado, lo amenaza, diciendo que iba a quemar la casa con su padre y su madre adentro".

Con estos antecedentes, el persecutor formalizó una nueva indagatoria contra el sujeto por los delitos de amenazas y desacato.

El abogado invocó la cautelar más gravosa, argumentando que "en este poco tiempo que había sido apercibido, reincide en su conducta. Además, debe considerarse el contenido de la amenaza, sumado al hecho que incendió un vehículo en el lugar".

Por su parte, el defensor Mauricio Díaz se opuso a esta precautoria, destacando que su representado "tiene irreprochable conducta anterior" y que no se configuraría el desacato.

No obstante, la magistrada Jesica Yáñez decretó la medida, ante lo cual el joven fue remitido a la cárcel de Castro.

Asimismo, se revocó la suspensión condicional, por lo que el imputado es investigado por los tres delitos, agrupándose todo en una causa. Como defensor quedó Rodrigo Zamorano, quien lo representó en el primer caso de amenazas y que apelará para revertir la prisión preventiva.

"El incumplimiento de una condición dentro de una suspensión condicional no constituye desacato. Se puede revocar la salida alternativa, pero no sancionar doblemente al imputado con la apertura de la investigación por la primera amenaza y agregar otro ilícito como el desacato", expuso el profesional.

Datos

Lo vivido en isla Lemuy demostró el peso de la VIF en Chiloé. Y las cifras ratifican el impacto de este fenómeno socio-delictivo.

De acuerdo a Miguel Aguilar, jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, con jurisdicción en seis comunas, incluyendo Puqueldón, hasta el 21 de junio en este 2020 se registraron 320 casos policiales -denuncias y detenciones flagrantes- por estos ilícitos en el área de cobertura de la unidad. En igual período de 2019 la frecuencia llegó a 308.

"Estas cifras están dentro de los umbrales esperados por nosotros considerando la movilidad de este delito", sostuvo el mayor, recalcando que el alza es marginal y que "tampoco se puede explicar al toque de queda, por la permanencia en los domicilios".

100 días se extenderá la investigación contra el joven lemuyano.

12 casos más de VIF anota este año Carabineros con respecto al 2019.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidió mantener la prisión preventiva contra el sujeto sindicado como responsable del delito de femicidio, en perjuicio de una conocida vecina de la isla Caguach, en Quinchao.

El defensor Nelson Troncoso solicitó el cambio de cautelar a arresto domiciliario total de su representado de iniciales C. I. V. V. (43), imputado por el crimen de Mónica del Carmen Mansilla Muñoz (54), quien fue hallada sin vida en su dormitorio el 19 de diciembre pasado, con al menos 24 lesiones en su cuerpo, entre ellas una fractura cervical por estrangulación.

De alzada recurrió el jurista, luego que en el Juzgado Mixto de Quinchao se rechazara el cambio de precautoria para el isleño que fue pareja por más de 17 años de la víctima.

Como especificó el profesional, el fundamento de su solicitud se centra en que "no existen antecedentes suficientes para acreditar su participación en el delito", recalcando que no existirían testigos directos del asesinato ni prueba pericial sustancial para involucrarlo. Además, expuso que el encartado tiene irreprochable conducta anterior, acusando que la cautelar es desproporcionada.

Estas alegaciones fueron rebatidas por el fiscal Luis Barría, quien especificó que "los antecedentes que se manejan dan cuenta de la participación del imputado, lo cual fue acogido por el tribunal de alzada".

Incluso, los ministros expusieron en su resolución que la necesidad de cautela "solo se ve cumplida con la prisión preventiva, estimándose que la libertad del mismo constituye un peligro para la seguridad de la sociedad atendida la naturaleza del delito por el cual ha sido formalizado el imputado y la pena de crimen asignada".