Pedro Bárcena González

Ejecutoriada y cancelada en su capital (sin reajustes) se encuentra la demanda que una profesora interpuso contra la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Castro (Corpocas). Un nuevo y duro golpe que reciben las arcas consistoriales, por más de 64 millones 683 mil pesos.

Desde el 12 de abril del 2018, cuando se interpuso el requerimiento por cobro de prestaciones laborales por parte de la profesora Dianet Díaz Gómez, comenzó el litigio legal que pasó tanto por el Juzgado de Letras del Trabajo de la capital chilota, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema. En todos los tribunales acogieron los argumentos de la docente y rechazaron las acciones de la demandada.

El último episodio se vivió en la máxima instancia judicial del país, donde la cuarta sala rechazó el recurso de unificación interpuesto por la corporación. Un dictamen que confirmó lo resuelto en primera instancia, concerniente al pago de una indemnización por años de servicio calculada en base a la duración laboral que inició el 1 de enero de 1981 hasta 30 de junio de 2017, sin tope de años.

Por ello, la resolución de la magistrada Carolina Pardo considera la cancelación de 36 remuneraciones mensuales en favor de quien fue inspectora general de la Escuela Inés Muñoz de García.

La decisión y resultado final fueron valorados por el abogado Fabián Quiroz, quien representó a la educadora, explicando que "fue una causa bien especial, partiendo porque en estricto rigor no se hizo el juicio, puesto que la jueza laboral hizo uso de una facultad especial, que es dictar sentencia inmediata. Solo se realiza la audiencia preparatoria y no la de juicio, acogiendo nuestra propuesta en el sentido que la corporación no contradijo nuestros argumentos".

Traspaso

Asimismo, el jurista recalcó que el cálculo de la indemnización se efectuó considerando "su ingreso laboral cuando era dependiente del Ministerio de Educación tras lo cual se produce la municipalización de la enseñanza (1989). Por eso, tenía un régimen en que estaba contratada por el Estado y luego pasa a ser parte de la Corporación (Municipal) de Castro".

Sumó la fuente que dentro de esta dinámica, "el estatuto docente creó una norma para todos quienes han sido traspasados, dando cuenta que sus indemnizaciones deben ser pagadas sin tope, a diferencia del común de los trabajadores que tienen un tope de 11 años".

Igualmente, el profesional destacó el rápido término judicial del caso gracias al fallo inmediato de la magistrada, emitido solamente un mes y medio después de interpuesta la demanda. "Lo que demoró fueron los recursos, en especial el último, por todo lo concerniente al estallido social y ahora con el coronavirus", explicó.

De esta forma, solamente resta la liquidación de intereses y reajustes que sería entregada la próxima semana por el tribunal laboral castreño para el pago del ente corporativo.

Al cierre y tras requerida por La Estrella, no hubo pronunciamiento desde la corporación castreña por el tema.

36 remuneraciones mensuales recibió como indemnización la docente.

2018: año en que ingresó la demanda por parte de la educadora contra la Corpocas.

Reflejando el rigor de las fiscalizaciones de los productos marinos en la provincia, a las incautaciones de cargamentos registradas en las últimas horas en Queilen, Castro y Dalcahue, se sumó otra superior a los mil 700 kilos de mariscos. Un procedimiento que se concentró en Ancud y que también estuvo a cargo de efectivos navales y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Los funcionarios realizaron un control pasadas las 19 horas del jueves en el punto de fiscalización existente en Pupelde, por la aduana sanitaria que existe en el norte de la Isla, a un camión tres cuartos en el cual encontraron la carga ilegal.

Así lo especificó el capitán de puerto local, Miguel Ángel Bravo, añadiendo que "en la ocasión se detectó a bordo del vehículo un total de 1,7 toneladas de choritos bajo talla, junto a 54 kilos de piure y 7 kilos de merluza, estos últimos sin acreditación de origen legal".

Con estos antecedentes, se informó del procedimiento al Juzgado de Letras de Ancud, que dispuso la incautación del recurso, quedando como depositario provisional el infractor, quien además quedó citado al tribunal.

Todos estos operativos en periodo de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe fueron valorados por el jefe de la Defensa Nacional en Los Lagos, el general Cristián Eguía, quien recalcó que estos decomisos "dan cuenta del trabajo que realiza la Armada junto con las policías, ejecutando fiscalizaciones que dan como resultado detenciones, cuyos involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades, junto con los recursos incautados".

En audiencia de cautela de garantías, el defensor Juan Manuel Castro solicitó una serie de acciones en favor de un sujeto que se encuentra en prisión preventiva por el delito de parricidio. Se le imputa el asesinato de su padre en la población Padre Hurtado de la capital chilota.

Como explicó el abogado, su representado de iniciales J. A. O. N. (30) que es indagado por la muerte de Jaime Obando Sánchez (54) ocurrida el 7 de abril pasado, fue remitido al Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt "al presentar conductas sicóticas y paranoides en la cárcel de Castro", aclaró.

"Lo que pedimos es que Gendarmería entregue una fecha para su evaluación siquiátrica y además que sea trasladado del módulo 22 de imputados, donde se encuentra, hasta el área de salud del complejo", apuntó el defensor.