Pedro Bárcena González

El férreo trabajo de control a la legalidad en la extracción y transporte de recursos marinos en la provincia gatilló que en el primer semestre las incautaciones superaran las 60 toneladas de especies. Una cifra entregada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), tanto en despliegues propios como con la Armada o las policías.

Pese al impacto del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que se extiende desde mediados de marzo por la contingencia del coronavirus, los dispositivos no se han detenido. Incluso, en junio aumentaron los decomisos, lo cuales no solo se concentran en los puntos de desembarco tradicionales, sino en sectores clandestinos, en cordones sanitarios y controles carreteros rutinarios.

Tal como explicó el director regional de Sernapesca, Eduardo Aguilera, la labor coordinada "se ha enfocado en zonas de pesca como en puertos de desembarco. Vamos a estar trabajando continuamente para detectar irregularidades como incumplimientos, tanto por embarcaciones como pescadores que no están inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA)".

Asimismo, el personero sostuvo que estos operativos han llevado a la incautación de los cargamentos marinos y de vehículos.

Datos

Hasta ayer se registraron en el año 22 procedimientos que terminaron en el decomiso de ejemplares marinos, especialmente pelillo (31 mil 200 kilos), como también mejillones y choro maltón (18,4 toneladas). El área con mayor movilidad ha sido el norte de la Isla, con 15 operativos y 49.375,4 kilogramos de productos requisados.

De acuerdo a lo indicado por el gobernador marítimo de Castro, Felipe Hernández, estos resultados responden a la planificación realizada y las coordinaciones con Sernapesca, "que siempre hemos mantenido", acotó.

Explicó que la crisis por el Covid-19 afectó en un comienzo la labor en terreno, pero que en las últimas semanas la presencia se ha reforzado en la jurisdicción.

"Ahora estamos tratando de mejorar los lugares y ocasiones donde estamos haciendo las fiscalizaciones, lo que nos ha permitido tener buenos resultados. Esto responde a los análisis que efectuamos como a la vigilancia específica que antecede los controles", sostuvo el comandante.

Esta misma estrategia se ha visto reflejada con los procedimientos en el norte de la Isla, que concentra el 82,3 por ciento del total de incautaciones en el Archipiélago.

Según lo manifestado por el capitán de puerto de Ancud, Miguel Ángel Bravo, esta realidad se ha visto graficada en el último tiempo.

"En junio hubo dos dispositivos importantes, uno con 12 toneladas de diversos recursos, como erizos, choro maltón, merluza y almeja que no contaban con la acreditación de origen que exige la Ley de Pesca. Una semana después, también en la aduana de Pupelde, se incautaron 1,7 toneladas de choritos por encontrarse bajo talla", detalló el oficial.

A su vez, el capitán de corbeta expuso que se reforzó desde el mes pasado la inspección a esta normativa, después de concentrar la labor en los controles a las medidas sanitarios por la pandemia.

"Incrementamos nuestra presencia en las distintas aduanas para fiscalizar todos los vehículos que transitan con productos del mar, con el objeto de evitar la pesca ilegal que afecta a todos los pescadores de la zona que cuentan con su acreditación", dijo el oficial.

Dirigente

Junto con valorar todo este despliegue de control, igual el presidente de la Federación de Pescadores Fuerza Chiloé, Luis Infante, apuntó a que muchos casos se deben a problemas administrativos de los infractores.

"Las multan han sido por descuido o porque los armadores no tienen su embarcación al día. No es que se estén robando especies", aclaró el dirigente, explicando que muchos artesanales "no tienen las especies dentro de su registro pesquero y caen en estas faltas". Por ello, instó a la autoridad a abrir estos espacios para la extracción y terminar con las caducidades.

Ante estos antecedentes, el capitán de fragata Hernández recalcó que "las infracciones a la Ley de Pesca se dan por los RPA, tanto el pescador como embarcación deben estar inscritos y todo responde a plazos y cupos en dichos registros".

"Mientras que lo referido al orden, seguridad y disciplina, donde tenemos injerencia directa en las vigencias de las lanchas, matrículas y registro del personal embarcado, la Directemar extendió plazos por tres meses más a los que vencían este primer semestre, en el marco de la contingencia, lo cual puede prorrogarse más", especificó el oficial, aclarando que los vencimientos el 2019 no entran en esta extensión de vigencia.

En tanto, Luis Infante sí puntualizó una problemática. "Lanchas del norte de Chiloé, haciendo puerto en Quicaví, han hecho un daño al penetrar las áreas de manejo que implican un gran costo cuidarlas, como Butachauques que paga como $4 millones solo en hacer el seguimiento a su área", enfatizó el ancuditano.

"Retomamos con más presencia las fiscalizaciones para contrarrestar la extracción ilegal que es frecuente en Chiloé".

Felipe Hernández,, gobernador marítimo de Castro.