Dra. Roxana Pincheira, académica Instituto de Administración, Universidad Austral de Chile, Dr. Felipe Zúñiga,, director MBA, académico Instituto de Administración, Universidad Austral de Chile

El debate sobre los fondos de pensiones en Chile está lejos de ser un consenso. Hoy en día no se ha estado discutiendo las ventajas y desventajas del sistema ni cómo se podrían corregir ciertas deficiencias que, al parecer, resultan evidentes. Tampoco se ha discutido si los cotizantes, afiliados y pensionados a este sistema poseen información fidedigna que les permitan administrar sus fondos de manera eficiente. Hoy, la discusión se ha enfocado en revocar el sistema actual porque, para una gran parte de la población, este mecanismo presenta muchas más deficiencias que beneficios. Pareciera prudente enfatizar en ciertos factores que son necesarios e importantes en términos informativos para cada individuo que, como consumidor de un servicio, debe ser capaz de construir una opinión crítica con argumentos sólidos.

Como cualquier institución con fines de lucro, y como lo son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP, en adelante), existe un producto y/o servicio, un vendedor y un consumidor. En particular, las AFP (vendedores) administran nuestros fondos (lo que se define como el servicio) que son descontados de nuestras remuneraciones (nosotros como consumidores), correspondiente al 10% de nuestro sueldo imponible, con un tope a la fecha de 80,2 UF. Adicional a este descuento las AFP cobran entre un 0,62% a un 1,45%, al mes de julio 2020, siendo un 31% más baja que el promedio cobrado por los fondos privados de emisiones en la OCDE. Desde el año 2008, y con una periodicidad de dos años, todas estas administradoras compiten entre ellas para entregar la comisión más baja. Aquella Administradora que presenta la menor comisión recibirá los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral por un periodo de 24 meses, lo que en otras palabras se conoce como la Administradora por defecto. Trascurridos dos años, estos trabajadores podrán escoger si continúan en la misma Administradora o emigrar a una nueva.

Claridad

Hasta aquí pareciera estar todo completamente claro; sin embargo, existe un problema asociado a la cantidad y calidad de información que los afiliados tienen disponible. En la actualidad existe un problema de poca transparencia de información respecto a los cargos extras aplicados sobre las rentabilidades de los fondos administrados. Estos cargos se relacionan con los costos por administrar nuestros fondos, específicamente en el extranjero, el cual es distinto al cobrado cuando los fondos son administrados en arcas nacionales. Entre las AFP, estas comisiones extras son en promedio un 0,82% de todos los multifondos y AFP por año, cuando se expresa como porcentaje del total de los activos administrados según informa la Superintendencia de Pensiones (SP). Estas comisiones son cobradas por la administración de los fondos en el extranjero y, según nuestra legislación, deben ser cargadas sobre los fondos de pensiones y no pagadas por las AFP. Por lo tanto, estas son deducidas de las ganancias antes de que éstas sean cargadas a las cuentas individuales. Esta comisión "fantasma", como muchos la llaman, que además es controlada por la SP, es cobrada por los intermediarios que llevan a cabo las inversiones en el extranjero. Por un tema de regulación chilena es imposible que las mismas AFP por si solas realicen las inversiones fuera de territorio nacional, requiriendo obligatoriamente la participación de instituciones externas (intermediarios). El problema no está en el cobro de la comisión, ya que se encuentra regulada por un ente externo, el problema probablemente radica en la falta de información por parte de las Administradoras.

Además, existen diferencias en el cobro de comisiones dependiendo de si los fondos son invertidos en el extranjero o en territorio nacional. Invertir en Chile es más barato que hacerlo en el extranjero ya que, como se mencionó, por regulación las transacciones en mercados internacionales deben hacerse a través de un intermediario. Por ejemplo, en el año 2018 un 59% de los fondos de pensiones fueron administrados en territorio local. Comparando sistemas de pensiones similares, por ejemplo, en Australia, sólo un 5% es administrado en territorio local y el resto en inversiones extranjeras. Además, de acuerdo con la SP en el año 2018 aproximadamente el 59% de los activos chilenos son invertidos en renta fija, a un costo bajo de administración, mientras que Australia sólo invierte un 20% en estos instrumentos.

Por otro lado, las altas comisiones cobrabas se debe principalmente por la baja competencia que existe entre las AFP de nuestro sistema. Volviendo al caso australiano, y siguiendo la misma línea comparativa, el modelo asiático cuenta con más de 300 Administradoras funcionando de la manera simultanea. En Chile sólo funcionan siete.

Existen alternativas que, si bien no mejoran el problema de fondo, mitigan en cierta medida algunos cobros establecidos por regulación. Por ejemplo, exigir claridad en la información presentada respecto a las comisiones cobradas por los intermediarios e incorporarla a la comisión por la administración que cobran las AFP actualmente. En este caso no disminuiría el costo para el afiliado, pero sí sería más transparente ya que se sabría cuánto es el monto que pagan los trabadores. Otro camino sería que las AFP se hagan cargo de esta tarifa e incorporen el costo de invertir en el extranjero dentro de las comisiones ya cobradas. Lo anterior, considerando que los activos invertidos en su mayoría son realizados en arcas nacionales y de renta fija teniendo un costo menor para las Administradoras. Esto es sólo parte del problema principal y, como se mencionó, no soluciona el problema de fondo.

La discusión se debería enfocar en cómo mejoramos el sistema y entender por qué en otras economías la capitalización individual funciona correctamente. El debate está latente.