columna de opinión
La probidad como respuesta ante la crisis social y de las instituciones
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en El Salvador en el 2008, y de la que Chile fue uno de los países firmantes, establece objetivos y conceptos del deber ser de los gobiernos y cómo estos deben abordar sus acciones, bajo principios de calidad y excelencia, centrados en el servicio al ciudadano, con sentido de eficacia, eficiencia y efectividad, inspirados en valores democráticos, de transparencia y participación ciudadana; que se rijan por el principio de legalidad y que las instituciones actúen bajo un marco jurídico que otorgue una regulación adecuada, y que se fundamente bajo otros criterios como el principio de ética pública: "Donde prime la vocación de servicio público, la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto a las personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del interés público sobre el privado".
Pero creo que, por sobre todo, en estos tiempos de crisis hay un punto que debe ser tomado con más voluntad: el principio de imparcialidad, donde se asegure que todos serán tratados con igualdad, sin discriminación.
Y en este resumen del deber ser de una gestión pública, deben estar involucrados todos los estamentos que conforman un Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Pero existen otros órganos de carácter autónomo, como el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público, que deben regirse bajo estos principios de probidad, honradez, buena fe y ética, pues no existe un ente superior que los regule.
Entonces, llegamos a las preguntas que muchas veces nos hacemos como ciudadanos y que vuelven a surgir cuando se visibiliza una crisis social y de instituciones: ¿Quién controla a la Contraloría?, ¿quién fiscaliza al Ministerio Público, por ejemplo? Muchas veces se prioriza el control al ciudadano común, que es detenido por vender alimentos sin permiso en la calle, lo que configura una desigualdad a los ojos de la opinión pública respecto de aquellos grandes delitos llamados "de cuello y corbata", que a posterior son sancionados con clases de ética. ¿O quién vela por las indagatorias de malas administraciones públicas, que quedan en sanciones leves, que distan mucho de las penas que la ciudadanía espera ante estos delitos?
Y, por supuesto, hay sectores políticos que tienen la costumbre de "utilizar" las instituciones fiscalizadoras y judiciales para sus propósitos partidistas; para enlodar y sembrar dudas con respecto a un adversario, situaciones que después de indagadas, quedan en evidencia su manipulación e intencionalidad.
La sociedad perfecta no existe, pero entre todos quienes ejercemos la función pública debemos velar porque se cumpla el propósito principal de la gestión representativa: el bien común. Es aquí donde se debe priorizar que los órganos del Estado estén compuestos por aquellas personas que por sus méritos, profesionalismo y probidad lleguen a cargos y no por favores o llenar cupos de la administración de turno.
Solo entonces estaremos dando pruebas concretas a la ciudadanía que el país estará bajo la gestión de personas que se interesan por sus necesidades más urgentes. No esperemos a que un nuevo estallido social nos haga reflexionar sobre algo que ya sabemos, incluso mucho antes del 2008, cuando se realizó la citada cumbre de jefes de Estado sobre calidad en la gestión pública.
"La sociedad perfecta no existe, pero entre todos quienes ejercemos la función pública debemos velar porque se cumpla el propósito principal de la gestión representativa: el bien común".
Gustavo Lobos Marín,, alcalde de Quemchi