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Obrero arriesga drástica pena por violación de niña

Se acreditaron los aberrantes ultrajes desde que la menor tenía apenas 7 años. Condena corresponde a segundo juicio oral en medio de la pandemia en Chiloé.
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Pedro Bárcena González

El testimonio de la víctima fue clave para determinar la responsabilidad de un sujeto en las agresiones sexuales que sufrió en la capital chilota. Su versión permitió tanto acreditar como desvirtuar parte de una secuencia de ultrajes que se prolongó desde que tenía apenas 7 años. Por ello, el acusado arriesga una pena de crimen.

Vía remota y en lo que constituyó el segundo juicio oral que se realiza en este tiempo de pandemia de covid-19 en Chiloé, el obrero de iniciales J. S. L. Q. (57) fue condenado en las últimas horas como autor del delito continuado de violación impropia, mientras que fue absuelto de los cargos por violación de mayor de 14 años.

Por tres jornadas se extendió la audiencia, en la cual la sala del Tribunal Oral en lo Penal de Castro, presidida por la magistrada Loreto Yáñez, acogió la extensa prueba presentada por el Ministerio Público relativa a los ataques perpetrados por el tío político de la afectada, durante el 2009 al interior de la casa que compartían en la población Alonso de Ercilla.

Tal como explicó el fiscal Enrique Canales, quien instruyó la indagatoria, la develación de los hechos ocurrió en septiembre del 2017 en el colegio de la menor. Desde ese instante comenzaron las pesquisas que incluyeron declaraciones, peritajes sexológicos y científicos. La Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de Ancud llevó a cabo al investigación policial.

El persecutor explicó que el imputado se encontraba "al cuidado de la menor, desde que ella tenía unos 5 años, por disposición del tribunal. Antes estaba bajo la protección del Sename". En esa dinámica y cuando se encontraban solos en el hogar común se habrían registrado las agresiones.

"Denunció haber sufrido desde los 7 años en adelante los ataques por parte de este hombre y siempre desde la lógica de la violación", sostuvo el abogado, recalcando que una socióloga acogió el primer testimonio y formalizó la denuncia que dio inicio a las pesquisas penales.

Junto con reconocer que "costó" materializar todas las declaraciones solicitadas y periciar el sitio del suceso, el jurista expuso que finalmente se logró reunir todos los medios de prueba (fijó 19, mientras que la defensa sumó otros ocho) para acusar al encartado y solicitar 15 años de presidio por violaciones reiteradas.

Relato

Dentro de todas las evidencias presentadas, el testimonio de la hoy adolescente fue el clave para que los jueces dictaran un veredicto mixto. Al detectar ciertas contradicciones sobre los últimos episodios de violencia sufridos, los sentenciadores estimaron que no era posible acreditar la violación de mayor de 14 años. Lo contrario primó por la violación impropia.

Bajo este escenario, el fiscal rebajó su pretensión punitiva a 7 años de cárcel, mientras que la defensa solicitó una pena de 3 años y un día de presidio, invocando el concurso de las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial.

Defensa

El defensor Rodrigo Zamorano, quien representó al acusado que prestó su testimonio durante la audiencia judicial, señaló que "no existía prueba suficiente, a nuestro entender, para acreditar la existencia de los delitos y la participación del imputado. Solo estaba el testimonio de la víctima que no tenía otra fuente de corroboración y que también presentaba contradicciones". Los intervinientes aguardarán por la sentencia que será entregada este martes 25, también vía remota, para evaluar algún recurso de nulidad ante el tribunal de alzada.

Imputado por vender cocaína en Quellón recupera su libertad

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Tras permanecer casi dos meses privado de libertad, dejó la cárcel un hombre de mar de Quellón que está siendo investigado por microtráfico de cocaína.

El 25 de junio pasado, el imputado de iniciales M. A. S. A. (47) fue detenido por la Avanzada de la Policía de Investigaciones local portando alrededor de 17 gramos de la droga. Un operativo que se concretó en el pasaje Molina, en pleno centro de la ciudad porteña.

Luego de ser formalizado y revocarse la decisión del Juzgado Mixto de Quellón, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó la cautelar más gravosa contra el oriundo de Puerto Octay. Desde entonces, el encartado permanecía en la cárcel castreña.

Sin embargo, el defensor Daniel Henríquez solicitó la modificación de la precautoria, presentando en la audiencia remota antecedentes nuevos en la indagatoria, como un informe social, una declaración de su representado, documentos familiares y laborales.

"Desde un comienzo se señaló que el imputado es consumidor y no traficante de drogas. La PDI allanó su domicilio, incautó su vehículo y no encontró nada", acotó el jurista, insistiendo en que "se reunieron evidencias de la actividad económica que realiza, ligada a la pesca, para fundamentar que sólo fue sorprendido portando la cocaína que era para su consumo próximo en el tiempo".

Oposición

Bajo esta evidencia incorporada a la causa, el profesional pidió el cambio de medida a un arresto domiciliario nocturno, lo cual contó con la oposición de la fiscal Karyn Alegría, quien insistió que los antecedentes sumados no modifican los criterios de la formalización y que la libertad del sujeto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El magistrado Pablo Farfán acogió la petición de la defensa y decretó la modificación de la precautoria. Además, se fijó para este martes una nueva audiencia para analizar la devolución de especies incautadas, como la camioneta y artes de pesca, en favor del encartado.

47 años tiene el imputado que está siendo indagado por este caso de drogas en Quellón.

21 de octubre quedó fijada la audiencia en que se explorará un juicio abreviado.