Dra. Roxana Pincheira, académica Instituto de Administración, Universidad Austral de Chile, Dr. Felipe Zúñiga, director MBA, académico Instituto de Administración, Universidad Austral de Chile

Uno de los temas discutidos en el último tiempo ha sido cómo mejorar las pensiones de los chilenos, que en la actualidad corresponde a una cotización obligatoria mensual en una cuenta de capitalización individual. Particularmente, en Chile han existido dos sistemas de pensiones: (1) el sistema de reparto desde 1924 hasta 1981(con excepción de algunos casos) y (2) el sistema de capitalización individual desde 1981 hasta la fecha.

Desde sus inicios, para bien o para mal, el sistema de capitalización individual ha sufrido 55 modificaciones importantes a lo largo de su historia, el cómo y dónde invertir es un ejemplo claro. La manera de invertir los fondos de los afiliados ha pasado de ampliar las posibilidades de inversión a instrumentos de renta variable sólo en el país (el año 1985), a una inversión en instrumentos de renta variable y fija en el extranjero en la década de los 90. Asimismo, en el año 91 la Ley 19.641 eliminó la obligación de las AFP de compensar las pérdidas que pudieran tener los fondos de pensiones con sus propios fondos de reserva.

En el año 2004, la Ley 19.934 traspasó a la Superintendencia de AFP la determinación de las tablas de mortalidad para el cálculo de pensiones que, priori a la fecha mencionada era proporcionado por el Instituto Nacional Estadística (INE).

En el año 2008, ley 20.255 facultó a las AFP la contratación de un intermediario financiero para la administración de los fondos, lo que dio paso a las conocidas "comisiones fantasmas".

En el mismo año, y bajo la misma ley, se crea el Pilar Solidario. Además, el año 2011 la ley 20.552 autorizó al Superintendente de Pensiones a modificar las multas que puedan ser aplicables a las AFP.

Cuestionamientos

Para bien o para mal las decisiones que se han tomado sobre este mecanismo de pensión han estado bajo constantes cuestionamientos. Para algunos el sistema no sirve y debe ser reemplazado, para otros, el sistema es mejorable y requiere de cambios. Bajo este escenario ha sonado fuerte la idea de volver al sistema de reparto que Chile tuvo hasta principios de la década de los 80. Este sistema corresponde a un programa de seguridad social a cargo de las cajas de previsión, las cuales fueron multiplicándose a medida que pasaba el tiempo llegando a tener cada una de ellas incluso normativas propias. Este sistema de pensiones se basaba en la formación de un fondo común en cada institución de previsión, con aportes de empleadores y de los trabajadores que pertenecían a ella.

Así, una vez finalizada la etapa laboral, se asignaba la pensión a las personas jubiladas, la que generalmente se acercaba al promedio de los últimos sueldos percibidos, más algunos otros beneficios. A diferencia del sistema actual, en el sistema de reparto no había opción de escoger donde cotizar y, por lo tanto, el nivel de cotización y los beneficios a la hora de pensionarse dependían del sector económico en el que se trabajaba, generando diferencias significativas entre los beneficios recibidos por trabajadores en los distintos sectores económicos.

Como los trabajadores activos financiaban los beneficios de las personas pensionadas, la caída de la tasa de natalidad y el aumento progresivo en la expectativa de vida comenzaron a generar un déficit importante en el pago de las pensiones a inicios de los setenta. En los años 80 había un pensionado por cada 12 afiliados activos mientras que en 2010 esto cambia a cinco trabajadores activos por un pensionado; se espera que en el año 2045 la razón sea dos a uno.

A raíz de estos problemas, en los 80 se buscaba aumentar el aporte del Estado el cual correspondía a un 40% de la contribución o bien aumentar las cotizaciones de los trabajadores activos y empleadores, que correspondía a un 60% de la contribución. Incluso en 1974, para financiar los beneficios de los pensionados, las contribuciones llegaron a más de 50% de la remuneración imponible, generando una importante evasión al sistema.

Bajo estas condiciones se hacía insostenible la continuidad del sistema de reparto, dando origen al de capitalización individual con un esquema de contribución definida en vez de un plan de beneficio definido.

Con esta evidente falla en el sistema, es difícil volver a un método de reparto bajo las mismas características, más aún si se considera que la tasa de natalidad bajó de 2,68 hijos por mujer en 1980 a 1,83 en 2012. Además, la esperanza de vida en los 70 era en promedio 61 años, en los 80 67 años y, en el 2015 corresponde a 79 años. En la actualidad la esperanza de vida para los hombres es de 83 años y 77 años para las mujeres.

En consecuencia, volver al sistema anterior, sin una profunda modernización que involucre factores clave, podría ser catastróficos no sólo para los cotizantes sino también para el gasto de seguridad social del país.