Pedro Bárcena González

Por los delitos de homicidio frustrado y atentado contra la salud pública fue interpuesta en las últimas horas una querella en el Juzgado de Garantía de Castro, tendiente a indagar a los responsables de la embestida vehicular que sufrió una patrulla de la Armada en un control sanitario cercano al Hospital Augusto Riffart.

Cinco efectivos navales -junto a un carabinero- resguardaban el punto de fiscalización, emplazado entre las calles Galvarino Riveros y Ramón Freire. Al momento de buscar la inspección de un auto marca Toyota (modelo Yaris), su conductor huye del lugar casi impactando a un infante de marina. Una situación que ya se ha vivido al menos en cinco ocasiones en la Isla.

Antecedentes

La abogada Andrea Alarcón sustancia el recurso legal, en representación del cabo Rodrigo Hernández (34), perteneciente al Batallón N°41 "Hurtado" de la ciudad de Concón (Región de Valparaíso), que estuvo prestando servicios en Chiloé. El joven debió lanzarse a un costado de la calzada para evitar al móvil.

Tal como consta en el escrito, el incidente se habría registrado a las 00.49 horas del 14 de mayo pasado, quedando grabado el accionar del vehículo de color negro en la cámara de televigilancia número 25 existente en las inmediaciones del centro asistencial.

"(El chofer) Acelera de forma violenta y de imprevisto, de manera temeraria e irracional, arrojando el vehículo contra los funcionarios", expuso la jurista en el requerimiento, añadiendo que el móvil pese a derribar conos y otras señaléticas, como pinchar sus neumáticos en una barrera con púas instalada en el lugar, igual se fugó hacia el sur por Freire.

La querella busca a los responsables, tanto en su calidad de autores materiales, cómplices o encubridores, siendo declarada admisible el sábado, tal como proveyó la magistrada Alejandra Varas. Los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para su tramitación a contar de esta semana.

Dentro de las diligencias invocadas por la abogada, se encuentran seis puntuales, relativas a obtener la certificación y anotaciones del vehículo cuya patente está identificada; tomar declaración a su dueño; levantar y analizar el registro de imágenes del sistema de vigilancia que grabó el hecho, y ordenar la incautación del móvil.

Además, se incluyen dentro de las pesquisas recabar el extracto de filiación del propietario del auto y tomar el testimonio de los seis integrantes de la patrulla que efectuaba el control durante esa jornada.

Problemática

Este violento caso no es inédito en la provincia. Incluso, como aclaró el propio gobernador marítimo de Castro, Felipe Hernández, ya registran cinco denuncias por incidentes similares mientras efectivos navales cumplen con las medidas restrictivas por la pandemia del covid-19.

"Como institución apoyamos y asesoramos legalmente al personal que se vea en condiciones de riesgo en el cumplimento de las obligaciones relativas a la medidas restrictivas por la pandemia", aclaró el capitán de fragata.

Asimismo, el jefe de la Guarnición Naval Chiloé explicó que estos verdaderos atentados reflejan una dinámica similar.

"Los funcionarios haciendo uso de las facultades de fiscalización establecidas por la autoridad sanitaria, se han visto en riesgo producto que la gente no cumple en horario nocturno. Hemos constatado muchas conducciones bajo la influencia del alcohol, que ha sido la tónica en las cinco ocasiones que hemos identificado hasta el minuto", describió.

Junto con reconocer que durante estos procedimientos no se han materializado persecuciones u otras intervenciones que puedan "complicar más el escenario", el oficial sí recalcó que se han seguido las instancias legales para que la justicia "sancione a estas personas por su irresponsabilidad y el riesgo al que pusieron a personal de la Armada".

Igualmente, la fuente sostuvo que estos incidentes no sólo se han observado en los puntos de control establecidos, sino también durante los patrullajes móviles en horario de toque de queda.

Los antecedentes vinculados a esta última querella, como en las otras acciones penales vinculadas a casos similares están siendo analizadas por el fiscal Luis Barría, del ente persecutor de Castro.