Redacción La Estrella

Involucrar a los participantes y a todos los actores de la sociedad como sujetos activos en prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes fue uno de los objetivos del seminario digital denominado "Abordaje del abuso sexual infantil", que se desarrolló los días 26 y 27 de este mes.

Alrededor de cinco mil personas pudieron seguir con gran interés la transmisión en vivo de las exposiciones y hacer comentarios y consultas a través de las redes sociales. El seminario contó con la participación de autoridades, especialistas de la academia y sociedad civil, para contribuir a relevar la magnitud del fenómeno, sensibilizar y entregar herramientas para prevenir e intervenir en las situaciones de abuso sexual infantil y violencia.

El primer tema tratado fue el "Abuso sexual infantil: abordaje desde la Convención de Derechos del Niño", presentado por Cristián Altamirano, sicólogo, especialista en sicoeducación y diversidad cultural, quien trató las variables culturales y su relación con el abuso sexual infantil.

Posteriormente, Anuar Quesille, abogado, especialista en infancia y adolescencia, expuso sobre las herramientas para prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del abuso sexual en el marco de la Convención de los Derechos del Niño.

Prevención

En el ámbito de la práctica más directa con esta problemática, se desarrolló el tema "Prevención y abordaje: herramientas y buenas prácticas para abordar el abuso sexual infantil desde lo local".

María José Melo, sicóloga, magíster en familia, directora del Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Grave (PRM), Ciudad del Niño Chillán, Región de Ñuble, entregó orientaciones para la utilización de un protocolo de detección y derivación en casos de abuso sexual infantil.

Uno de los aspectos que también se relevó durante estas dos jornadas fue la importancia de la prevención y el trabajo en red a nivel local e interinstitucional. Marta Andrade, trabajadora social, especialista en infancia y adolescencia víctimas de abuso sexual y directora del Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Grave (PRM), Ciudad del Niño Castro, se refirió a las prácticas efectivas de trabajo en red a nivel local para la prevención y protección del abuso sexual infantil.

El segundo día del seminario comenzó con el tema "Estrategias de intervención en contexto de pandemia: comprensión y acompañamiento del dolor infanto-parental en víctimas de agresiones sexuales", a cargo de María Pía García, directora ejecutiva de la Consultora Aprender a Crecer.

El cierre del encuentro digital estuvo a cargo de José Andrés Murillo, director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, quien se refirió a la situación actual del abuso sexual infantil, con la charla "Abuso sexual infantil: situación actual y desafíos para su abordaje a nivel local".

Expositores, asistentes y autoridades coincidieron en la importancia de la prevención como factor protector en esta temática, además de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto como co-garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Condenados por delitos sexuales contra menores en la mira

Esta semana se aprobó -en general- el proyecto de ley que impide rebajar las penas por buena conducta a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, integrada por 11 diputados, aprobaron la iniciativa propuesta por el Ministerio de Justicia y DD. HH. para modificar la Ley N°19.856, incorporando en esta norma el catálogo de delitos más graves contra la libertad e indemnidad sexual que se cometen contra personas menores de edad.

Si esta iniciativa logra ser ley, entonces no podrían acceder a rebajas de condenas quienes hayan cometido los siguientes delitos del Código Penal: trato cruel, inhumano o degradante con violación o abuso sexual agravado; violación de persona mayor de 14 años; violación de persona menor de 14 años; estupro; abuso sexual agravado; abuso sexual de persona menor de 14 años, y trata calificada de personas, en relación a la explotación sexual.

Dada la gravedad que conlleva atentar contra la integridad sexual de un niño, una niña o un/a adolescente y las particulares circunstancias de este tipo de delitos, el proyecto propone excluir a quienes sean condenados por estos delitos de la posibilidad de acceder a los beneficios regulados en la Ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados, sobre la base de la observación de buena conducta. Es decir, se pretende prohibir que estas personas obtengan la rebaja de su condena.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dijo que los informes que son elaborados por Gendarmería acerca de la conducta de los condenados por abusos sexuales en general son positivos porque en su desempeño no son personas violentas, como ocurre con los autores de otro tipo de delitos. Esta propuesta busca excluir a todos quienes, siendo condenados por delitos sexuales contra menores, puedan acceder a la rebaja de condena, en los mismos términos que hoy día se establecen a las personas que tienen condenas por delitos que tienen asignada la pena de presidio perpetuo.

La Ley N° 19.856 regula el beneficio de reducción de condena para personas que cumplen penas privativas de libertad de más de un año de duración y que presentan buena o muy buena conducta además de trabajar y estudiar en el período de su condena. Cuando cumplen estos requisitos que son acreditados por una comisión especial, se les rebaja su condena en 2 meses por cada año de cumplimiento, los que se aumentan a 3 después de cumplir la mitad de la condena. Actualmente la ley establece que esta rebaja no se aplica a delitos graves como por ejemplo el homicidio calificado, parricidio o robos violentos, pero no excluye a los delitos sexuales contra menores.

En este sentido, cumpliendo con sus compromisos, el Gobierno ha venido impulsando reformas centradas en la protección de los niños, niñas y adolescentes, con especial preocupación por quienes han sido vulnerados y vulneradas en sus derechos, dentro de las cuales podemos mencionar la recientemente aprobada ley de imprescriptibilidad en delitos sexuales contra menores de edad (Ley N° 21.160) y el proyecto de ley presentado al Congreso -y que se encuentra en tramitación- que busca robustecer la aplicación de las penas de inhabilitación para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

"Dada la gravedad que conlleva atentar contra la integridad sexual de un niño, una niña o un/a adolescente y las particulares circunstancias de este tipo de delitos, el proyecto propone excluir a quienes sean condenados por estos delitos de la posibilidad de acceder a los beneficios regulados en la Ley N° 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados".

Alex Meeder Thiers, Seremi de Justicia y DD. HH. de Los Lagos