A lo menos cinco personas habrían sido estafadas en Ancud, pagando a desconocidos para obtener su licencia de conducir, previo trámite por redes sociales. Una modalidad en línea que fue descartada de plano por la Dirección de Tránsito del municipio local, que solo acepta gestiones presenciales.

Tal como explicó la titular de esta repartición, Carla Díaz, los afectados se han presentado a retirar sus documentos, arguyendo la tramitación vía Facebook o comunicación por WhatsApp, para luego realizar depósitos bancarios.

"Muchos nos han mostrado una certificación que viene con un logo del Ministerio de Transportes o de la Conaset (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito), y que es un documento totalmente falso, que no existe. Entonces, ello nos ha indicado que esta gente ha sido víctima de un fraude", acotó la funcionaria.

Agregó la fuente que "no hacemos ningún tipo de trámite online o a través de la redes sociales, ninguno. Tampoco se piden depósitos bancarios", instando a las víctimas a denunciar estas conductas maliciosas. Además, remarcó que los precios de las tramitaciones por esta documentación no superan los 45 mil pesos.

Desde Carabineros como la Policía de Investigaciones se informó que no han recibido en la actualidad denuncios por estas eventuales estafas. Una situación que fue confirmada por el fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto, quien pese a ello instó a la entrega de antecedentes para activar las diligencias respectivas.

Pedro Bárcena González

In fraganti fue sorprendido en plena Plaza de Armas de Quellón un joven comercializando marihuana. Ayer fue formalizado por microtráfico, quedando con cautelares parcialmente restrictivas de libertad.

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Sexta Comisaría de Carabineros local mientras realizaba un patrullaje de rutina por el centro de la ciudad porteña, detectó el accionar del imputado de 29 años y origen haitiano. Sentado en un banco del lugar y con total tranquilidad llevaba a cabo su negocio ilegal.

El dispositivo se realizó alrededor de las 14 horas del martes. Al ver los funcionarios el accionar sospechoso del foráneo le realizaron un control de identidad. En la fiscalización y dentro de un banano se incautaron 72,8 gramos de Cannabis sativa, dosificada en 28 papelillos.

Ante la flagrancia del ilícito se procedió a la aprehensión del encartado, quien este miércoles fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de Quellón, donde se acreditó la legalidad del operativo policial.

Asimismo, la fiscal (s) Paulina Otero encausó al sujeto por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, solicitando como cautelares el arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional.

"Más allá de la cantidad de sustancias ilícitas incautadas, para nosotros como Ministerio Público estos hechos son graves y existe un peligro para la seguridad de la sociedad al encontrarse una persona vendiendo droga en la comuna, sin saber a qué sectores de la población puede llegar. La idea es prevenir toda clase de tráfico, independiente de la cantidad", aclaró la abogada.

Insistiendo en que la idea es "erradicar la comercialización de estupefacientes en Quellón", la persecutora aclaró que dentro del procedimiento se concretó una orden de entrada y registro al domicilio del encartado, sin que se hallasen nuevos rastros de droga.

Defensa

Por su parte, el defensor Juan Manuel Castro, remarcó que su representado no tiene antecedentes penales anteriores y que mantiene una teoría alternativa en el caso, señalando que la sustancia ilegal le pertenecía a otra persona.

Igualmente, el jurista sostuvo que se opuso al arresto nocturno. "Al tener irreprochable conducta anterior, por más que sea condenado por un delito de microtráfico, igual puede cumplir la pena en el medio libre, en libertad vigilada intensiva. Por ello, dejarlo privado de libertad sería desproporcionado", argumentó.

No obstante a estas alegaciones, igual el sentenciador mantuvo las precautorias solicitadas por la fiscal, decretando además un plazo de investigación de 90 días.

La cuarta sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la empresa Pacific Star S. A., ante lo cual mantuvo firme la sanción en su contra de 1.500 UTM por reincidir en infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, detectadas en centros de cultivo de Dalcahue y Puerto Octay.

El 15 de septiembre de 2016, el Juzgado de Letras de Castro condenó a la firma salmonera por transgredir el Decreto Supremo N°319 al no cumplir la reglamentación relacionada con la aplicación de antibióticos a las especies hidrobiológicas que mantenía en el recinto acuícola de Tenaún.

Posteriormente, el 14 de septiembre del 2018, personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) detectó en un centro de la misma empresa, pero ubicado en el lago Rupanco, la presencia en el lecho lacustre de residuos sólidos y cubiertas blanquecinas provocadas por el depósito de alimento para peces no consumido.

Debido a estas infracciones, la Corte de Apelaciones de Valdivia estableció la multa superior a los 73 millones de pesos, la cual fue recurrida por la denunciada, aduciendo que se tratarían de ilícitos de diferente naturaleza. Sin embargo, el máximo tribunal del país confirmó el fallo.

Valoración

La directora nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, valoró el dictamen por la reincidencia, "dado que esto constituye un precedente en la fiscalización de la acuicultura. Esto significa que, si alguna empresa incumple algún artículo de la Ley de Pesca en el plazo de dos años, se duplica la sanción".

Asimismo, la personera recalcó que el dictamen "constituye un efecto disuasivo para evitar el incumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria y promover la sustentabilidad de esta actividad".