Pedro Bárcena González

Por 60 días más se extenderá la indagatoria contra un joven por su responsabilidad en el asesinato de su propio padre. Un crimen ocurrido en la población Padre Hurtado de Castro y por el cual se presentó en las últimas horas una querella por parricidio que solicita una diligencia clave en el futuro procesal del encartado.

El recurso legal fue interpuesto por el abogado Álex Contreras, coordinador del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), quien invoca tres pesquisas. Una de ellas es un examen siquiátrico en el Servicio Médico Legal (SML) al imputado de iniciales J. A. O. N. (31), quien mató de una estocada al corazón a su progenitor, Jaime Obando Sánchez (54), el 7 de abril pasado.

Tal como explicó el jurista que representa a una hija de 23 años del occiso, el requerimiento fue proveído el jueves y ya está en poder del Ministerio Público para su tramitación.

"La querella cumple con todos los requisitos legales y pedimos dentro de las diligencias -junto a peritajes fotográficos y planimétricos, como cotejos de ADN- un informe siquiátrico para descartar la eventual enajenación mental que postula la defensa. Una pericia que se debe efectuar en el SML, que es el organismo que da garantías para esto", apuntó el profesional.

Para dar tiempo a la realización de esta pesquisa especializada, considerando la larga lista de espera que existe ante la contingencia sanitaria actual, ayer se acogió en audiencia con el Juzgado de Garantía castreño una ampliación de dos meses para la investigación.

Como explicó el fiscal Luis Barría, quien instruye la causa, el peritaje siquiátrico que en definitiva todos los intervinientes solicitaron "será llevado a cabo en el SML de Puerto Montt y ahora se están reuniendo algunos antecedentes para este efecto".

Este despliegue será concluyente, ya que los otros documentos presentados con anterioridad han sido desvirtuados por el persecutor, quien especificó que "no sustentan la inimputabilidad del joven". Incluso, recalcó que "dicha solicitud ha sido planteada en sede de Garantía y la Corte de Apelaciones, siendo rechazada, al igual que un amparo ante la Corte Suprema".

Certificados

Por su parte, el defensor Juan Manuel Castro espera que las conclusiones forenses sean concordantes con los datos que ya introdujo en el caso, con lo cual busca eximir de responsabilidad penal a su representado.

"Tenemos los certificados del Hospital Penitenciario de Puerto Montt -firmados por la siquiatra Mónica Almonacid, informe del 17 de julio pasado-, en los cuales se da cuenta que el joven padece de discapacidad intelectual moderada y daño orgánico cerebral, contando también con antecedentes de microsicosis", detalló el jurista.

Aclaró igual la fuente que el SML no estaba realizando informes de este tipo debido a la pandemia del covid-19. Sin embargo, como remarcó, "si se acompañan los documentos como fichas clínicas de los pacientes se puede desarrollar el peritaje, que es lo que estamos haciendo ahora en esta ampliación de plazo".

No dudó en señalar el profesional que el isleño "es inimputable, no estaba en sus cabales al momento de ejecutar el hecho". Por ello, ha insistido en pedir la suspensión del procedimiento penal. Un escenario que se vislumbrará con las conclusiones del SML.

20.15 horas del 7 de abril falleció la víctima tras la estocada en el pecho.

31 años cumplió el imputado a fines de agosto.

Al no verse modificados los antecedentes relativos a su formalización, durante la jornada de ayer el Juzgado de Garantía de Ancud resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre uno de los cuatro imputados por un horrendo crimen. De esta forma, la indagatoria avanza con los cuatro implicados en la cárcel.

La defensora particular Andrea Garrido solicitó modificar la cautelar más gravosa de su representado de iniciales M. A. M. V. (20), quien es uno de los encartados por el homicidio de Brett Matías Ojeda Barría (24), quien falleció el 30 de mayo pasado producto de una golpiza recibida en la calle, en la población Vista Hermosa de la ciudad del Pudeto.

El arresto domiciliario total invocó la profesional, en base a cuestionar la participación del joven y la necesidad de cautela, resaltando que no existe evidencia suficiente para sustentar estos puntos.

Más allá de estos requerimientos, los acusadores se opusieron al unísono. La fiscal (s) Pilar Werner sostuvo en la audiencia que "no han variado los antecedentes del caso y el imputado sigue siendo un peligro para la sociedad, atendida la naturaleza del delito y que existe riesgo de fuga, considerando la alta pena que arriesga, 10 años de presidio".

Es más, la persecutora confirmó que los datos de la carpeta investigativa "ratifican que el imputado participó de la golpiza contra la víctima", junto a los otros tres encartados.

Incluso, el abogado querellante, Álex Contreras, del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), detalló que existen testigos que corroboran el accionar doloso del isleño y sus amigos.

Rencillas

Asimismo, el coordinador del recinto dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y que representa a Valeria Barría, madre del occiso, fue enfático en señalar que sería "ingenuo" pensar que este imputado no es peligroso, "considerando el contexto de rencillas y pandillas en que se produjo este crimen".

Acotó que su libertad podría reactivar los episodios de violencia, que ya suman un ataque incendiario en respuesta a este asesinato.

Bajo este escenario, la magistrada María Angélica Islas mantuvo la prisión preventiva.

6 hrs. agonizó la víctima antes de morir en el Hospital de Ancud.

30 días de ampliación de la indagatoria se dictaron esta semana.