La Estrella de Chiloé

Asegurando que todos los días viven con problemas por el que supone es uno de los grandes pasos que da una familia: la casa propia, una quincena de pobladores de villa Las Terrazas protestó ayer contra la empresa a cargo de este proyecto habitacional en el sector alto de la capital provincial, la Inmobiliaria V y R Limitada.

Con una gigantografía instalada en el frontis de una construcción aledaña a la población Camilo Henríquez y portando carteles se manifestaron algunos de los vecinos que incluso están llevando a la justicia a la firma responsable de diversos proyectos del rubro en la Región de Los Lagos. Uno de estos es este, de 180 viviendas del antiguo Decreto Supremo 116, actual D. S. 19, de la también conocida como Inmobiliaria Varcom y la Constructora Baquedano, según confirma el Servicio de Vivienda y Urbanismo. El financiamiento de cada solución ha sido con subsidio, ahorros y créditos hipotecarios, según el caso.

Si bien decenas de inmuebles del conjunto han presentado anomalías desde su entrega, a partir de 2017, por ahora son 9 los demandantes que exigen una suma por más de 600 millones de pesos, según acciones interpuestas en el Juzgado de Letras de Castro. "Al momento de recibir y empezar a habitar las viviendas, nos fuimos encontrando con una serie de desperfectos que denotaban una mala calidad de las construcciones", reza tal documento.

Filtraciones en las paredes y con la consiguiente presencia de moho, falta de aislación, materiales distintos a los señalados en las especificaciones técnicas, cercos débiles, estructuras faltantes y terminaciones en mal estado son, a juicio de los pobladores, aspectos que "no se condicen con el precio que pagamos por dichos inmuebles", según la misma acción legal.

Varas

Sandra Varas, esposa de uno de los demandantes -José Antonio Revillas-, contó que los escollos en su hogar partieron con solo trizaduras de bañera y falta de topes de puerta, para ir en aumento. "De los tres años que vivimos aquí llevamos 16 fugas de agua", aseveró la madre de un niño de 4 años, quien agregó le "explotó" su medidor de electricidad por la humedad y una ventana se dañó de noche en medio de un temporal.

Exponiendo que varios de estos problemas se extienden a otras casas de la villa, la vecina habló del paso de servidumbre de alcantarillado en 12 propiedades, incluyendo los 9 de su grupo, terrenos en los que las familias incluso proyectaban cabañas y que ahora consideran poseen menor valor comercial. "Son tubos gigantes que pasan por nuestro patio; nos vendieron ese sitio para construir (…), solamente podemos hacer uso para caminar pero no para construir, nos frustraron nuestro sueño", calificó la trabajadora administrativa.

"Yo espero que ellos nos respondan a la demanda, porque esto parece chacota, nos dicen 'paren de funarnos en redes sociales y les ofrecemos algo'; entonces, nos ofrecen una cantidad de plata que ni siquiera llega al 5% de lo que estamos pidiendo", señaló Varas.

En la ampliación de la acción legal las prestaciones demandadas ascienden a 616 millones 734 mil 377 pesos, incluyendo indemnización por daño emergente, pérdida parcial de superficie predial por afectación de gravámenes (servidumbres), daño moral y diferencia de superficie predial entre lo pactado y la cabida real in situ.

estudio jurídico

Marcelo Pinto, abogado del estudio jurídico que lleva el caso, Vargas y Pinto, adelantó que próximamente se interpondrá otra demanda contra la inmobiliaria con 13 familias. Además de "presentar problemas serios de construcción, hay desperfectos, pérdida de las superficies prediales porque, por una parte, no les entregaron los metros de superficie pactada contractualmente y, segundo, en algunos casos al interior de los predios hay servidumbres tanto de aguas lluvias como aguas servidas", recalcó el profesional, apuntando que cada representado desembolsó aproximadamente 40 millones de pesos por casa.

Adicionó el profesional que "este es un tema que provoca una aflicción, se está demandando daño moral porque no es una cosa aleatoria (…); en muchos casos ha habido afectación emocional, sicológica, la gente ha tenido que abandonar sus casas para que entren trabajadores y reparen, han tenido que arrendar otras viviendas".

otro caso

"Si no estuviesen abajo esos tubos, yo probablemente hubiese construido mis cabañitas", compartió Felipe Barrientos, quien no estuvo presente en la protesta de ayer, pero sí es demandante. Manifestó que "tres veces explotaron las cañerías del baño y eso obviamente lo tuve que arreglar yo porque el servicio de Varcom en su momento no estaba funcionando, y uno no puede estar hacinado". Cada reparación, cifró, le costó $50 mil.

El fonoaudiólogo dijo sufrir constantemente de formación de hongos en la planta alta de su inmueble. "Las escaleras están mal instaladas y el segundo piso también", mencionó.

Sandra Varas sumó que "con Serviu, Obras, la junta de la villa y la gente de las ciento y tantas casas nos juntamos y el compromiso fue que la Inmobiliaria Varcom iba a reparar las casas y así se iban a ir solucionando algunos inconvenientes. ¿Qué pasó? Hubo cualquier cantidad de problemas y jamás vi que Serviu haya ido a revisar las casas".

empresa

Frente a ello, la empresa enunció que "siempre ha acudido a realizar los arreglos que corresponden asumiendo la responsabilidad que tiene ante fallas, deficiencias y/o omisiones que presenten sus construcciones cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción y otras normativas correspondientes".

Inmobiliaria V y R justificó que posee más de 18 años de experiencia en la Región de Los Lagos y que ha desarrollado más de 20 proyectos habitacionales y construido más de 2.500 viviendas emplazadas principalmente en las comunas de Puerto Montt, Puerto Varas, Los Muermos y Castro.

Es más, mediante la respuesta por correo electrónico de un cuestionario enviado por este medio, la firma sostuvo que "se ha acercado de manera permanente a los demandantes, quienes se han negado a aceptar las fórmulas que se les ha ofrecido para dar solucionar a sus requerimientos".

Consultada por deficiencias en las casas, V y R aludió que "si bien algunas viviendas presentaron fallas, ninguna ha sido de carácter estructural que ponga en riesgo la estabilidad de las casas. Sin duda, la situación más importante dice relación con las filtraciones en las redes domiciliarias de agua potable, las que estaban asociadas a una partida de tuberías que contaba con fallas de fabricación. Por lo tanto, se decidió cambiar esta materialidad en todos los lotes afectados".

Según la inmobiliaria a través de su departamento de post venta en junio del 2019 se dio inicio a las tareas de mejoramientos y reparaciones "y aún se continúa trabajando en ello. La intervención se ha realizado dependiendo de la disponibilidad y facilidades que nos dan los propietarios", a la vez de explicitar retrasos por la pandemia de covid-19.

Respecto a la demanda interpuesta por las 9 familias, la empresa aportó que "el pasado 31 de agosto, el juez a cargo de la causa solicitó a la parte demandante a rehacer su demanda y hasta ahora no hemos sido notificados de esta nueva acción".

Requerida la firma por el tema de las servidumbres de Essal (sanitaria) y del Serviu (aguas lluvias), expuso que tales "afectan a unos pocos terrenos y están señaladas e inscritas en el conservador de bienes raíces dos años antes y estas siempre fueron conocidas por los encargados de realizar los estudios de títulos y así lo demuestran los certificados de hipoteca, prohibiciones y gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Castro".

Desde la Delegación Provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo, su titular, Iván Haro, recalcó que Las Terrazas es "una iniciativa privada que nosotros, en vista que hay algunas situaciones que superar de construcción, de materialidad, servimos en una mesa que convocamos para acercar posiciones entre la directiva (de la junta de vecinos) de (toda) la villa y la empresa; hemos sostenido hartas reuniones y cada dos meses se van evaluando las cosas que se avanzan y las que no".

Sumó que "nosotros (el Serviu) ya no entramos en el tema de la demanda". "De todas maneras presionamos, yo personalmente lo hago, a la empresa para que vaya cumpliendo efectivamente", esgrimió el exalcalde de Quellón, catalogando que la firma "ha tenido una buena disposición, ha participado en todas las reuniones, al igual que la directiva".

torres

En tanto, Cristian Torres, titular de la Dirección de Obras Municipales de Castro, reconoció que en su momento a la DOM le correspondió la recepción de las faenas, repartición que entonces encabezaba su antecesora. "Faltó en su momento, cuando las personas iban a la casa piloto o iban a la inmobiliaria o iban a la constructora, deberían haber informado los propietarios del loteo, en este caso V y R, que existía una servidumbre, porque ellos se vienen a enterar cuando está inscrito y están viviendo", catalogó.

El mismo profesional fue el delegado provincial del Serviu en el anterior Gobierno.

-¿Qué pasaba en el Serviu entonces con este proyecto?

-Ese fue un programa piloto que se llamaba de integración social (y de reactivación económica) y la idea era que inmobiliarias o constructoras que tuvieran proyectos en curso o en ejecución pudiesen integrar a familias que tuvieran un subsidio, y parece ahí que el Estado les otorgaba una bonificación a las inmobiliarias.

-¿Y la fiscalización por parte del Serviu?

-Como eran proyectos privados, no eran proyectos que tenían supervisión Serviu, eran proyectos que estaban solo con un permiso de urbanización de la Dirección de Obras, a diferencia de otros en que sí la unidad técnica es el Serviu, como las iniciativas de viviendas sociales.

-Entonces, ¿la mayor fiscalización le correspondía a la DOM?

-Es a la recepción que tenía la Dirección de Obras, claro. Ahí el Serviu les pedía el permiso de construcción: "Ok, aquí está"; tienen el permiso de urbanización: "Aquí está". Las constructoras e inmobiliarias podían postular a este programa que, en este caso, se denominaban entidades de gestión inmobiliaria y podían no salir favorecidas.