Pedro Bárcena González

Bajo el control del Programa Proyecta quedaron los tres menores detenidos tras participar de una marcha en el centro de Castro que terminó en incidentes. La primera movilización que deriva en la intervención policial, en el mes en que se cumple un año del estallido social en el país.

La manifestación reunió a cerca de una treintena de personas, con motivo de protestar por la libertad de los denominados "presos políticos de la revuelta". El grupo, integrado casi en su mayoría por jóvenes, recorrió las calles céntricas de la ciudad para converger en la plaza de armas.

Sin embargo, como acotó el mayor Miguel Aguilar, jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros local, cerca de una docena de los intervinientes se descolgó para protagonizar altercados.

"Arrojaron piedras contra los funcionarios que se encontraban observando este despliegue y también a la unidad, por lo que se inició un oprativo. Cerca de la iglesia San Francisco, se repitió este actuar y fueron detenidos dos adolescentes de 15 años y uno de 16", enfatizó el oficial.

Ayer los estudiantes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Castro, donde el fiscal de turno, Luis Barría, procedió a formalizar una indagatoria en su contra por el delito de desórdenes públicos.

"Ellos estaban en la protesta y comenzaron a lanzar piedras a la comisaría y personal de Carabineros que estaba en el lugar, por lo cual fueron aprehendidos dentro de un procedimiento que fue ajustado a derecho", explicó el persecutor.

Asimismo, el abogado detalló que los imputados quedaron con la cautelar de "sujeción al programa de adolescentes (Proyecta) por los 60 días en que se extenderá la investigación".

Rpa

Por su parte, el defensor Filippo Corvalán, especialista en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), manifestó que durante la audiencia se opuso a una de las medidas precautorias que invocó el Ministerio Público, la que no fue otorgada.

"Pidieron la prohibición de reunirse o participar de una marcha, lo cual no fue decretado al acogerse nuestro planteamiento relativo a estimar que esto es atentatorio contra las garantías constitucionales, como el derecho a manifestarse pacíficamente", remarcó el profesional, sumando que otro argumento expuesto fue que no se registraron daños o lesiones por estas supuestas pedradas.

Junto con puntualizar que los encartados tienen irreprochable conducta anterior, la misma fuente sostuvo que se evalúa la opción de llegar a una salida alternativa al acto penal.

"Estamos analizando ese escenario, si el Ministerio Público lo ofrece. Es razonable y en caso contrario, de avanzar la causa, solicitaremos una serie de diligencias para corroborar la versión de los imputados, quienes señalan que no tienen participación en los hechos y que eran meros espectadores", precisó el defensor.

60 días se decretaron para investigar el caso en que se vieron envueltos los tres adolescentes.

15 años tienen dos de los imputados. Ninguno tiene antecedentes penales.

Una reunión de coordinación con profesionales de la red de atención primaria de salud (APS) de la comuna y programas e instituciones de infancia, realizó el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quellón, encabezado por el magistrado Pablo Farfán.

El juez informó que el objetivo del encuentro realizado vía remota fue "aclarar los límites de la información clínica solicitada en casos de derivaciones judicializadas y su relación con la Ley de Deberes y Derechos de los Usuarios".

Junto al personal de esta sede judicial, intervinieron profesionales de la red de salud de Quellón, del Servicio de Salud Chiloé, OPD de Quellón, Sename y programas colaboradores.

"La reunión responde a las constantes coordinaciones que tiene el tribunal con la red de salud y de protección de la infancia. Se esclarecieron dudas, se adoptaron acuerdos y protocolos para abordar el tema propuesto, previa intervención, participación y colaboración de los asistentes", destacó Farfán.

Con participación de 24 abogados de la plaza, la titular del Juzgado de Letras de Ancud, Isabel Velásquez, encabezó una reunión para dar a conocer los criterios de agendamiento y desarrollo de audiencias, tanto en materia laboral como civil, en el contexto de la extensión del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

"Se difundió la posición del tribunal de desarrollar completamente, vía remota, las audiencias de juicio en materia laboral, priorizando de esta manera la prosecución de los procesos judiciales y la oportunidad en las decisiones de los asuntos que interesan a las partes", acotó la sentenciadora.

En el ámbito civil, la jueza indicó que se han llevado a cabo "las audiencias de contestación y conciliación, las que previene la Ley 20.720 y aquellas diligencias de causas voluntarias, como la inspección personal con el interdicto en causas de interdicción, o la de parientes en la misma situación".