Personal de la Capitanía de Puerto de Ancud detuvo en las últimas horas a un joven que presentó antecedentes falsos para ingresar al cordón sanitario de Chiloé.

Así lo explicó el jefe de esta unidad naval, Miguel Ángel Bravo, sumando que el procedimiento se concentró "en la aduana de Chacao, donde se fiscalizó al trabajador que entraba a la Isla con permiso único colectivo. Además, se verificó la planilla de los empleados y los test rápidos o PCR, constatando que la fecha del test rápido estaba adulterada".

El capitán de corbeta enfatizó que personal de la Autoridad Sanitaria "se comunicó con el laboratorio que habría emitido el resultado de ese examen, manifestando que esta persona no se lo realizó en ese lugar en esa fecha".

Debido a esta información se abrió un sumario sanitario contra el obrero de la construcción, mientras que la Armada lo detuvo, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. "Se instruyó tomarle declaración por delegación y posteriormente su libertad, quedando apercibido en espera de citación a la fiscalía", acotó el oficial.

Este procedimiento que no permitió el ingreso del trabajador, también fue destacado por el jefe de la Defensa Nacional en Los Lagos, el general Cristián Eguía, quien señaló que "seguimos detectando a personas que tratan de evadir los controles sanitarios, como lo ocurrido en la aduana de Chacao".

Toque de queda

Asimismo, el uniformado en su balance de ayer detalló que tres de los cuatro infractores al aislamiento nocturno en la región, durante la jornada de la noche del miércoles y la madrugada de ayer, son de Chiloé.

"Hubo un detenido en Castro, uno en Quemchi y otro en Quinchao", sostuvo el oficial.

Pedro Bárcena González

En tiempo récord y después de aplicar un plan candado en la comuna, Carabineros de Quellón logró la detención de un sujeto que se apoderó de 15 millones de pesos, en un ataque registrado en los estacionamientos del supermercado Isla Grande de la ciudad porteña. El imputado quedó en prisión preventiva.

Hasta el recinto de avenida La Paz se constituyeron los uniformados para recibir los antecedentes de la víctima, un empresario que dejó una mochila con el dinero bajo el asiento posterior de su camioneta. Tras fracturar un vidrio, el delincuente sustrajo la especie y un notebook, emprendiendo la fuga.

Como indicó el mayor Iván Ulloa, jefe de la Sexta Comisaría local, el afectado giró el dinero en el Banco de Chile, para luego trasladarse al recinto comercial para efectuar unas compras.

"Escuchó alrededor de 8 minutos después de bajar del móvil un ruido de alarma. Sale al estacionamiento y ve una camioneta roja a alta velocidad, avanzando al oeste. Después se percata de los daños en su vehículo y la sustracción de las especies", enfatizó el oficial.

Los funcionarios de la unidad base de la policía uniformada se desplegaron con la escasa información que tenían a mano. Sin embargo, las diversas pericias desarrolladas, como análisis de cámaras de seguridad, permitieron a funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) ubicar el móvil sospechoso en el sector Curanué, a menos de cinco horas de cometido el atraco.

"Se verificó la patente gracias a las imágenes del sistema de vigilancia de la Central Omega. Con el domicilio identificado se gestionó una orden judicial de entrada y registro de ese inmueble. En su cumplimiento, el imputado quiso huir por la parte posterior de la casa, siendo detenido", apuntó el jefe policial.

En el dispositivo se encontró la mochila, con 11 millones 860 mil pesos. Además, el sujeto fue controlado confirmando los funcionarios que mantenía dos órdenes de aprehensión pendientes, de los tribunales de Valdivia y Quilpué.

Audiencia

Durante la jornada de ayer, el encartado fue formalizado por el delito de robo en lugar no habitado, solicitando la fiscal jefa de Quellón, Karyn Alegría, la cautelar más gravosa en su contra por este ataque en un lugar que calificó como privado.

"Estimamos que la libertad del imputado es un peligro para la sociedad y por riesgo de fuga. Tiene antecedentes penales por delitos de la misma especie, como un robo con violencia, y mantenía dos órdenes de detención vigentes", explicó la persecutora.

Por su parte, el defensor Juan Manuel Castro discutió tanto la calificación jurídica del ilícito como la necesidad de cautela.

"La sustracción fue en el estacionamiento que a mi parecer es de carácter público, por lo cual los hechos constituyen un robo en bienes nacionales de uso público", puntualizó el jurista.

Para justificar una cautelar menos intensa, como un arresto domiciliario, el profesional sostuvo que "la extensión del mal causado no es mayor, puesto que se recuperó gran parte del dinero. Además, tiene arraigo familiar y social. En cuanto a sus condenas, la mayoría están prescritas y podría optar a cumplir una eventual sanción por este delito con la prestación de servicios comunitarios".

Más allá de estos argumentos, el magistrado Pablo Farfán decretó la prisión preventiva y un plazo para indagar de 60 días.