"Puede ser que la gente tenga miedo a la pandemia (...), tal vez no la ven como una elección tan importante, no sé si será falta de difusión", mencionaba ayer Karen Guerrero, profesional de apoyo de la Primera Junta Electoral de Chiloé, tratando de explicar el alto número de excusas presentadas en forma presencial o por correo electrónico -vía permitida esta vez extraordinariamente- para no ser vocal de mesa en el plebiscito de este 25 de octubre.

En sus siete años de labores para esta instancia que cubre ocho de las diez comunas del Archipiélago, la isleña no había visto tal cantidad de personas que no quieren integrar las mesas de votación, que en este caso funcionarán para el referendo que decididará si habrá o no una nueva Constitución. Sumó: "A lo más llegaban unas 120", y eso en las segundas vueltas presidenciales que antes eran en enero.

Entre este lunes 5 y este miércoles 7, el tiempo que se estableció para la presentación de excusas, Castro, anotó 126, Dalcahue 25, Curaco de Vélez 4, Quinchao 30, Puqueldón 8, Chonchi 33, Queilen 14 y Quellón 40, totalizando 280, de las que fueron aceptadas 127 y otras 153 se rechazaron.

A su vez, en la Segunda Junta Electoral de Chiloé se recibieron 77 justificaciones en Ancud y 24 en Quemchi, con 101 en conjunto. Toda la provincia sumó 381.

"El 90% de las excusas que se aceptaron fue por problemas de salud que se acreditaron con certificado médico. Las otras, por personas que se encuentran a más de 300 kilómetros (del local), aquellos que cumplen otras funciones electorales, quienes están impedidos por su cargo -por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden- y personal de Salud", acotó Guerrero.

Mañana en este mismo diario y también en Servel.cl se publicará el detalle de los nuevos vocales. "Se indica la excusa (visada) y se procede al reemplazante dentro del listado que hay", expresó Elcira Quidiante, profesional de apoyo de la Segunda Junta Electoral de Chiloé, que tiene 14 locales.

"Las personas que reemplazan a los que se excusaron no se pueden excusar", subrayó su par de Castro, cabecera de la junta a cargo de 28 recintos de sufragio.

A pesar de que un comunicado de la Corporación Municipal de Chonchi indicó que 81 docentes de la educación municipalizada de esta comuna llegaron a un "acuerdo" referente al pago del bono SAE por servicios prestados entre 2012 y 2016, el abogado Julio Álvarez aseveró que se trata en realidad del "bono proporcional".

El profesional, junto con destacar al Colegio de Profesores de Chonchi, aseveró que los 81 maestros corresponden tanto a jubilados como a trabajadores activos.

"No es el período 2012 a 2016, sino que lo pagado corresponde a los años 2016 y 2017, como señala el fallo, y especialmente que no es un 'acuerdo' propiciado por la buena voluntad de la Corporación (de Educación, Salud y Atención de Menores), sino ante la inminencia de un embargo fueron los docentes los que acordaron evitar dicho embargo dando facilidades de pago", posteó en redes sociales el jurista sobre el dictamen del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro por el caso.

Una Nueva Constitución para Chile

La democracia en nuestro país enfrenta hoy una profunda crisis de legitimidad. Qué duda cabe. En parte, se explica porque las instituciones políticas nacionales no fueron diseñadas para representar, efectivamente, sino para neutralizar; no fueron creadas para permitir la acción política, sino para crear vetos en contra de ella.

Durante los últimos treinta años, hemos administrado un modelo político-constitucional elaborado por juristas afines a la dictadura de Pinochet, que no creían en la democracia. Su trabajo consistió en asegurar la mantención del proyecto político y económico de la dictadura.

El resultado fue una Constitución que, en su esencia, es profundamente antidemocrática y cuya finalidad fue asegurar el poder total para Pinochet durante los años '80 y la neutralización de la política a partir de 1990 que no es otra cosa que negar al pueblo la potestad para actuar.

Redactaron una Constitución que hace imposible que los aspectos esenciales del proyecto político de la dictadura de Pinochet, puedan ser afectados por decisiones político-democráticas, salvo que cuenten con los votos de los herederos de la dictadura.

En la Constitución de 1980 encontramos excesivos mecanismos de bloqueo (leyes supra-mayoritarias), los que se ponen a disposición de la minoría política, otorgándole a esta un gran poder de veto. Particularmente el elevado quorum de reforma constitucional y de las leyes orgánicas constitucionales, lo que en la práctica generan un empate artificial en el Congreso Nacional.

Otro ejemplo de estos mecanismos de bloqueo lo constituye el sistema electoral binominal, vigente hasta el año 2015. El efecto práctico era generar un parlamento empatado.

La Constitución de 1980 también estableció un Tribunal Constitucional, que tiene la facultad de intervenir en el proceso de formación de la ley de manera preventiva, antes de que esta alcance a ser dictada, transformándolo en una tercera cámara, desde que puede involucrarse en definiciones que legítimamente corresponden a los órganos de representación popular.

La Constitución de 1980 expresa un alto grado de desconfianza en el pueblo para decidir sobre su destino. Este constituía un peligro del cual había que protegerse y por lo que había que neutralizarlo.

A pesar de todas las reformas introducidas a la Constitución de 1980, el problema de fondo persiste. La Constitución actual no da cuenta del Chile del presente, lo que de alguna manera explica la crisis de legitimidad por la que atraviesan las instituciones políticas de nuestro país.

Lo anterior se expresa en: una institucionalidad política anémica; un Congreso Nacional débil; partidos políticos con estructuras frágiles; una participación ciudadana "inexistente"; débil reconocimiento de los derechos sociales; inexistencia de los pueblos indígenas; asfixiante centralismo de las regiones: "no se mueve una hoja sin que Santiago no autorice"; tanto las mujeres como los trabajadores no ven debidamente reconocidos sus derechos esenciales; no incorpora la dimensión de la equidad de género; los derechos liberales reciben un tratamiento de privilegio, mientras que los derechos sociales fueron redactados de manera general.

Es tiempo de hacer una revisión profunda a las instituciones que regulan la forma en que se desarrolla la política en nuestro país (momento constitucional). Necesitamos una nueva Constitución que permita que la voluntad popular pueda manifestarse institucionalmente en función de la dinámica y los requerimientos propios de una sociedad que cambia y progresa.

"La democracia en nuestro país enfrenta hoy una profunda crisis de legitimidad. Qué duda cabe. En parte, se explica porque las instituciones políticas nacionales no fueron diseñadas para representar, efectivamente, sino para neutralizar; no fueron creadas para permitir la acción política, sino para crear vetos en contra de ella".

Cozut Vásquez González,, expresidente regional de la DC