Potencian gestiones para evitar el cierre de la cárcel de Ancud
Tanto familiares de los internos y funcionarios de Gendarmería del penal están buscando los medios para impedir esta medida. Desde la institución penitenciaria, como de la cartera de Justicia, señalan que se trata sólo de un estudio.
Preocupación existe entre los familiares de internos del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ancud, ante la posibilidad de un cierre del recinto ubicado en calle Almirante Latorre. Una situación que surge en el contexto de un plan de reestructuración por parte de Gendarmería que busca minimizar gastos de mantención y operativos.
La unidad penal de la comuna del Pudeto está habilitada para 82 reclusos, pero actualmente cuenta con 66, de los cuales el 90% son residentes de Ancud y otras comunas de la provincia, la mayoría proveniente de familias vulnerables. Además, hay 170 personas que concurren a firmar y eliminar antecedentes.
En caso de concretarse el cierre del establecimiento, los reos serían trasladados hasta el Complejo Penitenciario Alto Bonito Puerto Montt, situación que complicaría las visitas y el arraigo.
Uno de los argumentos de los cercanos a los reos para evitar el eventual cierre, indica que el penal agrupa a infractores de baja peligrosidad. La posibilidad de rehabilitación con la que cuentan también es factor, debido a que tras cumplir su condena tiene la opción de reintegrarse a la sociedad.
Con todos estos antecedentes, durante esta semana la glorieta de la Plaza de Armas ancuditana fue el escenario de una manifestación por parte de los familiares. Con pancartas se solicitó el apoyo a las autoridades locales para impedir que la cárcel deje de funcionar.
En tal sentido, Gladys Barrientos, vocera del movimiento, señaló que tras enterarse de la información, comenzaron con gestiones para impedir la medida.
"Hablamos primeramente con el alcaide de Gendarmería (teniente Sergio Paredes), porque no teníamos esta noticia, no teníamos nada, entonces por eso decidimos hacernos escuchar por las autoridades para que nos puedan ayudar. Estamos un poco tristes y preocupados por toda esta situación", comentó.
A ello se suma la colaboración de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Ancud, para un proceso de recolección de firmas. "En este momento tenemos una carpeta con firmas, apoyado por Adriana Gallardo que es la presidenta de la unión comunal, porque la cárcel de Ancud es una cárcel de conducta, no es gente que ahí está de mala conducta, ellos están tratando de ser personas mejores, han reconocido sus errores", añadió la vocera.
En esta misma línea, remarcó que "la recolección de firmas es para que la hagamos llegar al alcalde (Carlos Gómez) para que él también apoye en esto, porque es nuestra autoridad máxima dentro de Ancud, y él nos dirá 'los pasos a seguir son estos', porque en esto somos personas que no conocemos mucho los pasos a seguir".
Desarraigo
Uno de los efectos de este posible cierre, como explicó Barrientos, es el desarraigo. "Nuestros internos están dispuestos a ser personas diferentes, el mismo alcaide dijo que ellos son personas que se están esforzando para su rehabilitación. Nosotros reclamamos sus derechos humanos, porque ellos tienen la fuerza y las ganas de superarse, de no ser como tal vez eran antes, o recapacitaron de lo que ellos hicieron", indicó.
Detalló que el recinto penal puertomontino cuenta con módulos de alta peligrosidad. "Sabemos como es el movimiento en Alto Bonito, entonces creemos que al llevarlos ahí, la conducta de ellos cambiaría mucho, porque es una cárcel de más alto riesgo", recalcó.
Misma opinión tiene Nancy Meneses, hermana de uno de los internos del CDP de Ancud. "Muy preocupada porque yo a mi hermano lo traje de Puerto Montt hacia acá, porque es una cárcel de conducta donde trabajan y se ganan el sustento para sus familias afuera. (Ancud) Es una cárcel buena en todo sentido y nunca va a ser lo mismo si los trasladan, aparte que todos los que están ahí en esa cárcel son de acá", sostuvo.
De igual modo, Rosa Pérez, pareja de uno de los presos que cumple condena hace 3 años, manifestó que "a él le quedan solamente dos meses para salir, así que no sé donde vamos a llegar. Ya cumplió igual tres años y nosotros somos los que gastamos por ellos no el gobierno, porque ellos están prácticamente con tres comidas diarias".
Dirigente
Los gremios de funcionarios de Gendarmería también alzaron la voz. La alerta es latente para los 49 trabajadores que se desempeñan en el norte de Chiloé.
De acuerdo a Andrés Quezada, secretario provincial de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), desde el nivel central de la institución existe una política de cierre para cárceles pequeñas en todo el país y en paralelo una consolidación de aquellos los establecimientos de mayor complejidad, además de una reestructuración organizacional.
"¿Cuál es el motivo de cierre hoy en día de las cárceles pequeñas?, es por el alto costo de mantenimiento de estas unidades, porque obviamente comparar a una cárcel pequeña con un concesionario como el complejo de Puerto Montt que es el más cercano, obviamente su gasto va a ser más bajo en el sentido que ellos compran al por mayor", aclaró la fuente.
El dirigente hizo hincapié en que "no es lo mismo comprar mil 700 raciones, a comprar 66, el costo acá en la provincia en luz, agua, todo eso es más elevado que en el continente, eso es de conocimiento público; pero hoy en día se ve el aspecto económico sobre el social, porque estamos desarraigando a 66 familias de internos, más las 50 de los funcionarios".
Siguiendo esta misma coyuntura, el uniformado puntualizó que "el costo de ser trasladados hasta la ciudad de Puerto Montt, va a ser asumido tanto por las familias de los internos como del personal. No es lo mismo cerrar una cárcel que se encuentra a dos horas de distancia saliendo de una provincia a otra, eso no se está viendo por ninguna autoridad".
Respecto a los acercamientos con los altos mandos en la zona, Quezada señaló que "nuestra directiva nacional tuvo una reunión con diferentes puntos con el director nacional de Gendarmería (Christian Alveal), porque dependemos del Ministerio de Justicia. Uno de los temas que se trató fue el posible cierre de la unidad de Ancud, donde el director nacional dijo que no sabía cómo se había filtrado esa información, o sea estamos hablando ya de que hay información oculta que no se está dando a conocer al personal".
La fuente adjuntó que "el director nacional señaló que esto es un estudio que si se llegara a concretar el cierre ya sería en el mes de diciembre de este año. Estamos hablando que ni siquiera se le va a dar la opción al personal de ver donde llegar a Puerto Montt; el sistema educacional hoy en día tiene un proceso de postulación que en diciembre ya está cerrado, ¿qué va a pasar con los hijos del personal?".
Otro de los temas tiene que ver con las mejoras en la infraestructura que se están ejecutando en el CDP ancuditano. Trabajos que podrían quedar sin uso en caso de materializarse el cierre. "Actualmente se encuentran dos proyectos de implementación. El 27 de septiembre del año pasado hubo un intento de fuga por esa razón se está haciendo una mejora, y se hizo el aporte de 13 millones de pesos, es una mejora que aún no se entrega. También está la construcción de la red húmeda, que es lo mismo que se está desarrollando en la cárcel de Castro, y ese tiene un valor mínimo de 450 millones de pesos. Estamos dejando botados millones de pesos", dijo Quezada.
Desde la dirección Regional de Gendarmería, se argumentó que el Ministerio de Justicia instruyó a la institución un estudio de factibilidad de cárceles a nivel nacional, que incluye proceso de mantención interno, en áreas como infraestructura, logística, conexión con tribunales de justicia, condiciones de trabajo del personal, situación de los internos y funciones administrativas.
De igual modo, se analiza en profundidad el tema financiero y los gastos que contemplan los recintos carcelarios. Lo anterior no significa -por ahora-, un cierre de la unidad emplazada en Ancud.
Alcalde
Por su parte, el alcalde Carlos Gómez (indep.), también quiso tomar posición en este debate. Reconoció que ya se está trabajando con la cartera de Justicia, para analizar cómo se puede abordar lo que está aconteciendo.
"Me enteré de esto la semana pasada producto de una audiencia que me solicitan los funcionarios del centro penitenciario de Ancud, donde me manifestaron que de forma extraoficial ellos se habían enterado del cierre del centro de Ancud, lo cual los tenía muy preocupados a ellos como a los internos", adelantó.
La autoridad edilicia adicionó que "me comprometí a realizar algunas gestiones con el Ministerio de Justicia, al que oficiamos primero como municipalidad y como alcalde, primero para pedir antecedentes, porque en forma oficial no tenemos nada, ni ellos tenían algún escrito que nos asegurara que había una decisión tomada o al menos estaba siendo evaluado".
Agregó que "ante esa incertidumbre optamos por oficiar a la institucionalidad para que se nos informe, y en base a eso planificar las acciones en conjunto que vamos a llevar adelante con el fin de evitar el cierre".
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meeder, salió a despejar ciertas dudas. "Por disposición del Ministerio de Justicia, Gendarmería está desarrollando un estudio de factibilidad sobre un grupo importante de cárceles de todo el país, entre las que se cuenta Ancud y también otras unidades penales de la región. Pero la realización de ese estudio no significa que se vaya a cerrar o que Gendarmería se vaya de Chiloé", consignó.
Fundamentó que "sin ir más lejos, en estos momentos se está ejecutando una importante inversión en las cárceles de Castro y Ancud para mejorar las redes contra incendios. Esa inversión es de alrededor de 500 millones de pesos, lo que da cuenta de que hay una intención de mejorar la infraestructura y brindar mejores condiciones de seguridad tanto para la población penal como para los funcionarios".