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Estallido social suma otras 800 causas a la defensoría

Incremento de los ingresos de casos en Chiloé fue destacado por la titular del organismo en la región, durante su reciente cuenta pública.
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Redacción

La defensora regional de Los Lagos, María Soledad Llorente, analizó la gestión del organismo durante el 2019 y parte de este año, destacando como uno de los hitos el fuerte aumento de la carga laboral que han experimentado los funcionarios. Y como ejemplo, citó a Chiloé, donde han atendido unas 800 causas más que el promedio, en especial ligadas al estallido social.

En su cuenta pública vía streaming, que incluso se transmitió para las cárceles de la zona para que la presenciaran representantes de cada módulo, la abogada resaltó el trabajo de los equipos que debieron asumir un 15,9 por ciento más de casos -es decir, 21 mil 600 ingresos-, de las cuales más de un tercio se registraron en el marco de las movilizaciones vinculadas al 18-O.

"Durante el último trimestre del año pasado, en la provincia de Chiloé, registramos casi 800 causas nuevas, de las cuales 320 fueron controles de detención. Parte de esta cifra, por supuesto, fueron personas detenidas en el contexto de las manifestaciones sociales que se produjeron hace un año y que, en general, para la defensoría, significaron más de un 5% de causas adicionales a nivel regional", aclaró la jurista.

Asimismo, la profesional indicó que la institución comenzó a implementar un plan de trabajo extraordinario en comisarías y unidades policiales, para que los defensores puedan resguardar los derechos de las personas desde las primeras horas de la aprehensión y asegurar el debido proceso.

Prisión

Llorente dijo que la labor que desempeñan es un derecho para todas las personas, sin distinción de ningún tipo, enfatizando que muchos imputados quedaron privados de libertad injustamente.

"La defensa es parte de nuestros derechos humanos, y en ese contexto, buscamos no solo el respeto de estos, sino que evitar injusticias. Por ejemplo, el año pasado, en la Región de Los Lagos, más de 2 mil personas fueron absueltas o no declaradas culpables de un delito, y de ellas, 56 tuvieron que atravesar la prisión preventiva", sostuvo la fuente.

Bajo este escenario, recalcó que las medidas cautelares deben ser consideradas excepcionales y no una pena anticipada. Por ello, llamó a los intervinientes del sistema a reflexionar sobre el impacto que tiene la privación de libertad sobre un encartado, su familia y quienes le rodean.

Otro punto que tocó en su cuenta Llorente fue la labor ejecutada en tiempo de pandemia por el nuevo coronavirus.

"Hemos atendido más de 22 mil audiencias, además del trabajo en los penales y, por supuesto, la constante preocupación por defender los derechos y orientar a las personas imputadas por delitos de infracción sanitaria y a la comunidad en general", concluyó la profesional.

Acompañamiento

El defensor local de Castro, Luis Mora, acompañó la transmisión de la cuenta pública y a los internos elegidos para presenciarla, resaltando el aumento de causas en el último trimestre del año pasado. "Durante las manifestaciones los defensores y defensoras de Chiloé trabajamos intensamente para resguardar los derechos de las personas, muchas de las cuales nunca habían tenido que enfrentar un proceso penal, y por eso se hizo muy necesario, por una parte orientar a la comunidad, y por otra asistir a los imputados en tribunales", aclaró. Incluso, remarcó que "estuvimos en las comisarías para resguardar los derechos de los imputados desde el primer momento de la detención".

Familias de náufragos esperan nueva rebusca a 3 meses de tragedia

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Con el casi exclusivo esfuerzo de familiares tendiente a conseguir apoyo para la búsqueda, se cumplen hoy tres meses del naufragio y desaparición de tres pescadores de Quellón. La lancha a motor Katrina, en la cual trabajaban en la extracción del erizo, se hundió en el golfo Corcovado.

Los parientes de Juan Legue Choncha (30), Adán Almonacid Díaz (35) y Jaime Veloso Hernández (43) han tenido que remar contra marea, debido a los múltiples obstáculos surgidos en las tareas de rastreo. Falta de medios, poco apoyo de autoridades, temporales y la súbita caída de equipos tecnológicos han sido algunas de las barreras.

No obstante, los vecinos continúan desplegándose para obtener recursos. Y la atención, nuevamente, se sitúa en robots submarinos. Así lo explicó Elizabeth Concha, madre de Juan Legue, quien espera que durante las próximas horas un equipo de estas características se sume al trabajo.

"Estamos gestionando, con el apoyo de la Gobernación, la llegada de por lo menos un robot para que pueda explorar la zona. A los operadores hoy (ayer) le hacían los tests (rápidos por el coronavirus) para que puedan viajar a Quellón y trabajar estos días", acotó la pobladora.

La intención es buscar en las coordenadas marcadas por el buque Cabo de Hornos, que detectó hace casi seis semanas dos elementos "de interés" en un barrido submarino de 19 líneas de sondaje, cubriendo alrededor de 200 kilómetros cuadrados. A unos 8 kilómetros al norte de la bahía Low, en Guaitecas, Región de Aysén, se encontraron estas evidencias.

Apoyo

Según Concha, la misión de rebusca se ha tornado titánica. "Ahora estamos solos", aclaró, lo cual fue refrendado por María Soledad Díaz, madre de Adán Almonacid, quien la acompaña en los diarios esfuerzos por encontrar más ayuda, como ocurrió ayer en pleno puerto quellonino.

"Tenemos una lancha para salir con el robot, pero la idea es que se suman otras embarcaciones, por lo que hemos pedido cooperación. No hay que olvidarse de los chicos y hay que tratar de encontrar alguna pista sobre su paradero", señaló la pobladora.

21 metros de largo tiene uno de los elementos de interés. Está a 215 metros de profundidad.

41 días pasaron desde que el Cabo de Hornos detectara estas evidencias.