Redacción

Los controles sistemáticos que realiza la Armada junto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) permitieron detectar a una embarcación reincidente en ilegalidades extractivas. Se trata de la lancha a motor Westhoff II, con matrícula de Quellón, la misma que protagonizó una histórica incautación de productos marinos.

Durante los patrullajes efectuados ayer en la unidad tipo arcángel de la Capitanía de Puerto de Melinka, Región de Aysén, se fiscalizó a esta nave que mantenía en su interior 3 mi 200 kilos de erizos.

El operativo, como especificó el oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Aysén, teniente Cristóbal Ruiz, se concentró específicamente en el área del canal Lagreze al oeste de la capital de la comuna de Guaitecas.

"La tripulación no logró acreditar el origen legal del recurso, por lo que se procedió a su incautación, esto por infringir los artículos 63, 65, 107 y 116 de la Ley General de Pesca y Acuicultura", explicó la fuente.

Bajo este escenario y después de todas las diligencias del caso, los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Aysén, quedando el infractor como depositario provisional del recurso.

Igualmente, el uniformado destacó que las labores de inspección pesqueras contribuyen al cuidado de los recursos marinos.

"Una de nuestras tareas es preservar y dar cumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura. La relevancia de este tipo de acciones es combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada", subrayó el teniente, dentro de un despliegue que permitió sorprender por segunda ocasión en poco más de tres meses a esta lancha en faenas ilegales.

Dispositivo

Con anterioridad, justo horas previas al cierre de extracción de la cuota de erizo (22 de julio pasado) en el terminal pesquero artesanal de Quellón se incautaron más de 32 toneladas de este producto en la misma nave.

"No contaba con la inscripción en los registros de Sernapesca para el transporte de recursos hidrobiológicos. Por lo que las especies fueron incautadas", señaló en la oportunidad el capitán de puerto quellonino, Claudio Zúñiga.

Pedro Bárcena González

En respuesta a la fuerza empleada por efectivos de la policía civil para disuadir un ataque al cuartel institucional en Castro el 15 de octubre pasado, lo que terminó con al menos ocho mujeres heridas con balines, una treintena de activistas se reunió ayer en la plaza de armas para mostrar su rechazo a estos actos.

Las participantes explicaron que la convocatoria respondió a la necesidad de visualizar lo que califican como "una reacción desmedida de efectivos de la PDI que dispararon a quemarropa a las manifestantes", quienes se juntaron esa jornada a protestar por el desmentido público realizado a una presunta víctima de una violación colectiva.

Como una sola voz, recalcaron que estas intervenciones "son contra la violencia hacia la mujer, contra la cultura de violación que existe en el Archipiélago". Agregaron que la institución policial "como salió públicamente a hacer observaciones de la investigación, ahora no han salido a responder por estas dos personas que salieron a disparar". El llamado, como indicaron, es a "no invisibilizar el tema, puesto que puede pasar otra vez en Chiloé".

Por estas acciones, al menos seis de las afectadas se están asesorando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para presentar una querella contra quienes resulten responsables de las lesiones que sufrieron. Justamente, una de estas víctimas sostuvo que "denunciamos y estamos esperando que nos llamen a declarar".

Asimismo, la fuente dijo que junto a la indagatoria penal que se puede abrir con el requerimiento, la "idea es se haga un sumario y que la institución responda por los protocolos que tiene para sacar las armas y disparar contra mujeres y niños. Esto nunca se había visto acá... a mí me balearon a un metro de distancia".

Igualmente, el grupo insistió en la forma en que se desvirtuó el relato de la comerciante de 39 años que acusó la agresión sexual en el sector Ten Ten. Sumaron que "no tenían que haber salido a dar explicaciones y desmentir el tema de forma pública, todo tendría que centrarse en la causa. Esto demuestra que nuevamente no le creen a las mujeres, independiente de lo que pasó (credibilidad del relato)".

Junto con criticar a la prensa por la cobertura de estos hechos y su postura por temas de género, las manifestantes también apuntaron a las autoridades locales por su actuación ante la represión en las movilizaciones.

Postura

En la misma intervención, las activistas entregaron un comunicado que incluye a una decena de agrupaciones, en el cual se desmarcaron de la supuesta víctima de violación. Informaron que "a una semana de los hechos, quienes acompañamos a la afectada alertamos ciertas variaciones e incongruencias en el relato entregado en primera instancia, como también una desmedida urgencia por demandar los dineros que recaudamos en su ayuda".

Incluso, apuntaron a que "no podemos desmentir una posible violación, sin embargo, tal suceso como la mujer lo relató no ocurrió".

Más allá de estas consideraciones, reafirmaron que rechazan la postura de la PDI "al dar un punto de prensa sin tener toda la información", sumando que "no damos pie atrás a la convicción feminista de confiar siempre en la víctima". Igual reconocen que esta situación les sirve de "aprendizaje" con el fin de "afinar los protocolos de acompañamiento a afectadas por agresiones sexuales".