Pedro Barcena González

Con las esperanzas cifradas en una pericia clave, los familiares del bombero Jorge Mancilla Miranda (37) recordaron ayer los 12 años que se cumplieron desde el comienzo del hallazgo de sus restos mortales, en el sector Quemay de Queilen. Un caso que se mantiene en la incertidumbre y que sólo este 2020 fue caratulado como un homicidio.

El transportista protagoniza uno de los puzzles policiales más impactantes de la provincia. El 20 de mayo del 2006 se perdió su rastro en la localidad de Díaz Lira. Más de 29 meses después fueron descubiertos sus osamentas, a más de 5 kilómetros del punto donde quedó su camión. Y desde entonces, no existen respuestas claras de su deceso.

Las pesquisas avanzaron como un hallazgo de cadáver, hasta que este año el informe criminodinámico de la perito Vivian Bustos, experta forense del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros y el Servicio Médico Legal, determinó que en el fallecimiento del quellonino hubo intervención de terceros.

Con este documento, se confirmó la postura que siempre mantuvieron los parientes de la víctima: Jorge fue asesinado. Sin embargo, restan peritajes para complementar estas conclusiones.

Según recordó Yuri Mancilla, hermano del rescatista, 400 metros río (Quemay) arriba se encontró la primera osamenta al interior de una bota. A 250 metros de ese punto empezaron a aparecer el resto de las evidencias óseas y vestimentas.

Tras más de una década de diligencias, muchas que adolecían de contenido y que reflejaron serias falencias que llevaron a perder pruebas, la indagatoria se ha direccionado. No obstante, aguarda por peritajes específicos.

"Esperamos el análisis del ADN mitocondrial de la camisa y suéter de Jorge y otras pruebas con sangre humana. Hay que cotejar dos evidencias que han estado muchos años guardadas, las cuales presentaban sangre humana no amplificable, pero que se pueden estudiar con esta pesquisa y cotejar su precedencia, si corresponden a mi hermano u otro sujeto", apuntó el vecino porteño.

Reconociendo que este estudio puede llegar a costar cerca de 10 millones de pesos, pero barajando su valor dentro de la investigación, Mancilla consultó al Ministerio Público por qué no se ha realizado. Existe coincidencia en la importancia que tiene este barrido electrónico que tendría en un laboratorio de la Universidad Austral de Chile su epicentro.

Indagatoria

No se trataría de un tema de recursos la imposibilidad de concretar esta pesquisa, sino de los alcances del covid-19. Así lo reconoció el fiscal Enrique Canales, quien instruye la indagatoria en esta causa, quien coincide en la importancia de este análisis.

"Hemos tenido dificultades operativas por la pandemia que ha limitado los recursos disponibles y la posibilidad de realizar algunas de las pericias más complejas, como una pensada en una universidad. Una vez que se retome un grado de normalidad serán retomadas, mientras existe un responsable investigador del Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros) de Puerto Montt", acotó el abogado.

Asimismo, como explicó el persecutor, este peritaje específico fue solicitado en su momento por el querellante -asesora el jurista Sergio Coronado-, correspondiendo a una "tecnología que no se encontraba en su momento disponible a la época de los hechos. La coordinación está terminada, pero la materialización de la pericia se vio aplazada en este tiempo".

Igualmente, la fuente despejó dudas con respecto a la evidencia, señalando que se encuentra "reservada y guardada", sin que exista mayor riesgo de perder valor. Junto con este despliegue, agregó que continúa la nueva toma de declaración de un testigo, en el marco de la revisión "desde cero", dentro de las aristas que emergieron recientemente en el caso.