Pedro Bárcena González

Antes que se materializara y a menos de un día de su imposición, la cautelar de internación provisoria contra un adolescente formalizado por cinco delitos en Castro fue modificada. Se le imputa intentar matar a su tío con un hacha, acto por el cual fue reducido por un carabinero con un balazo que lo mantiene internado en el Hospital Augusto Riffart.

El martes, el menor de 16 años fue encausado por desacato, amenazas y lesiones menos graves, todos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), como también amenazas a carabineros de servicio y homicidio frustrado. En la sesión virtual se decretó la cautelar más gravosa según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), por el incidente ocurrido el domingo en la Villa Chiloé.

Sin embargo, el defensor Filippo Corvalán solicitó una nueva audiencia que se desarrolló durante la mañana de ayer, vía Zoom con el Juzgado de Garantía castreño.

Riesgo

Como explicó el abogado, la medida de internación había sido decretada "porque existía riesgo evidente de mantener al menor en un domicilio tan cercano al de las víctimas, ya que vivían a poca distancia. Si este fue el mayor fundamento para el fallo, hicimos las gestiones para otorgar un nuevo domicilio que diera garantía de seguridad y control".

Tras estos trámites y considerando el estado de salud del isleño, como también que debía ser remitido a Puerto Montt a cumplir con la precautoria, se le dio urgencia a la revisión de cautelar.

"La audiencia se hizo hoy (ayer) y con las argumentaciones planteadas se decretó el arresto domiciliario total, la prohibición de acercarse a las víctimas y un ingreso al programa de cautelares del Sename (Servicio Nacional de Menores)", especificó el jurista.

Además, el profesional especializado en RPA aclaró que se mantiene en suspenso toda disposición hasta que se estabilice la salud del encartado. Igual se espera por la realización del examen siquiátrico ordenado por el Juzgado de Familia de Castro que se debe efectuar en el Augusto Riffart.

Por su parte, el fiscal de la causa, Luis Barría, explicó que con los nuevos antecedentes aportados por la defensa se pudo concretar esta audiencia de revisión.

"Igualmente, participaron familiares del imputado en atención que asegurarían, una vez que se recupere el adolescente de sus lesiones, su permanencia en un domicilio alejado de las víctimas. Estos otros parientes se harían cargo de su cuidado, por lo cual se decidió modificar la cautelar", remarcó el persecutor.

A su vez, la fuente reconoció que estas nuevas medidas "son suficientes para dar continuidad al procedimiento penal y dar seguridad a las víctimas".

El Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) de Chiloé, que interviene como querellante en una causa por homicidio en Quellón, se adhirió en las últimas horas a la acusación fiscal que solicita una pena de 12 años de cárcel para el acusado por este crimen registrado en vísperas de Navidad del 2018.

La víctima identificada como Víctor Hugo Flores Bustamante (51) fue atacada con arma blanca entre la calle Capitán Luis Alcázar y el Pasaje 1. Sufrió una herida penetrante toracoabdominal, la que le produjo la muerte en el lugar por un shock hipovolémico. Se le atribuye al sujeto de iniciales S. E. M. U. (29), participación en calidad de autor del crimen.

Con la misma evidencia, que incluye 45 medios de prueba -18 testigos, tres peritos y sets con 110 fotos- el acusador particular busca llegar a un veredicto condenatorio. Así lo explicó Álex Contreras, coordinador del CAVD y que representa a Jesica Flores (55), hermana del occiso.

"Nos adherimos en las mismas condiciones, estamos conformes con la pena solicitada. La familia pide justicia y que las sanciones sean aplicadas en su máximo", apuntó el abogado, sumando que el 23 de noviembre está programada la audiencia de preparación de juicio oral.

"Esperamos que se fije toda la prueba necesaria para demostrar cómo ocurrieron los hechos y la culpabilidad del acusado", remarcó el jurista.

Continuando con las medidas de resguardo en Bomberos de Quellón, recientemente se concretó la aplicación de 60 test rápidos para detectar el covid-19 a los voluntarios locales. Ninguno marcó positivo.

Según el primer comandante Mario San Martín, esta corresponde a la tercera examinación a los funcionarios: "Este fin de semana va a entrar el otro grupo, por lo cual serán otros 60 test más. Además, hemos aplicado antes 30 PCR".

Remarcó el oficial que el personal se ha dividido en dos grupos para llevar el control de las medidas sanitarias en cada turno de 15 días, dentro de las tres compañías urbanas.

Esta últimas pruebas fueron realizadas gracias a las gestiones con el municipio local. "Apoyamos a Bomberos con estos test para prevenir en esta pandemia, considerando que los voluntarios siempre están en terreno. Por ello, necesitamos que estén bien, por eso fue este testeo para resguardar a estos grandes servidores", indicó el alcalde Cristian Ojeda (DC).