El nuevo presidente peruano asumió el cargo entre protestas en contra
Manuel Merino dejó su puesto como líder del Legislativo para reemplazar a Martín Vizcarra, quien fue destituido entre acusaciones de corrupción.
D. Gotelli /AP - Medios Regionales
Una convulsionada mañana vivió ayer Perú, con protestas que se multiplicaron por distintos puntos del país mientras en la capital, Lima, Manuel Merino asumía como presidente de la república en reemplazo de Martín Vizcarra, quien en la víspera fue destituido por el congreso.
Con 105 votos los parlamentarios decretaron la noche del lunes la vacancia de Vizcarra por "incapacidad moral permanente", luego de ser acusado de recibir sobornos mientras era gobernador en 2014, causa aún abierta y que el aludido niega afirmando que no hay pruebas.
Al jurar como mandatario, Merino, quien hasta el lunes era timonel del congreso, afirmó que los votos para vacar a su antecesor "no fueron comprados" y reconoció que la población los mira con "mucha preocupación".
El nuevo gobernante pidió calma a los manifestantes y añadió que existe "una mala intención de querer dividir al país" que él no permitirá que suceda. En las protestas calificaban la destitución como un "golpe de Estado", mensaje con el que ayer titularon varios periódicos peruanos.
El ahora expresidente Vizcarra fue abordado por la prensa y comentó que en medio de las protestas le preocupaba el nuevo gobierno de Merino porque está "en tela de juicio" su legalidad y legitimidad. "¿La legitimidad quién la da?", preguntó y se respondió: "El pueblo".
Merino presidirá por los ocho meses que le restaban a este gobierno iniciado por Pedro Pablo Kuczynski, renunciado el 2018 en medio de otra petición de vacancia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió por Twitter al nuevo gobierno realizar las elecciones programadas y resolver la "actual crisis política" respetando "los estándares interamericanos sobre separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho".
Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comentó que "el proceso de vacancia se llevó a cabo de forma muy cuestionable" y que "los estados de la OEA (Organización de Estados Americanos) deben vigilar de cerca las decisiones de Merino y el Congreso".