Pedro Bárcena González

Próximo a cumplir dos años privado de libertad se encuentra un joven sindicado como el responsable de un sangriento crimen en Quellón. Junto con confirmarse la medida, el imputado por razones "humanitarias" vivirá las postrimerías de su causa en la cárcel de Castro.

Así fue establecido tras una audiencia realizada con el Juzgado Mixto porteño, donde el magistrado José Milanca acogió esta solicitud, al no existir oposición de los acusadores que además piden 12 años de presidio contra el encartado de iniciales S. E. M. U. (29), por el homicidio de Víctor Hugo Flores Bustamante (51), quien fue atacado con un cuchillo en las vísperas de Navidad del 2018.

Tal como expuso el defensor Daniel Henríquez, en múltiples ocasiones se pidió el traslado de su representado desde el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt a uno de los penales de Chiloé.

"Hicimos estas solicitudes para cumplir con el derecho que tiene todo imputado de mantener contacto con sus familiares. No habíamos tenido éxito durante varios meses, pero ahora incorporamos nuevos antecedentes sociales, unido al resultado del informe de factibilidad técnica del traslado, que realizó Gendarmería y que no arrojó motivos para no realizar esta derivación", apuntó el jurista.

El profesional remarcó que el encartado desde marzo no había podido ser visitado por sus familiares. "Además, en la cárcel de Puerto Montt no le entregaban útiles de aseo. Él permanecía completamente aislado ahí, el vínculo con sus parientes solo se limitada a muy esporádicas llamadas telefónicas", explicó.

Asimismo, la fuente valoró el allanamiento de los intervinientes a su requerimiento. "Todos están de acuerdo en que acá existió una vulneración a los derechos y garantías del imputado, que incluso están incorporados en tratados internacionales", sostuvo.

Querellante

Tanto la fiscal Karyn Alegría como Álex Contreras, abogado que representa a la hermana de la víctima de este asesinato, no presentaron reparos para esta medida.

Es más, como manifestó el querellante del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), su clienta "entendió que se trata de razones humanitarias, que el único familiar directo (del imputado) es su madre, que es una persona mayor que no puede viajar a visitarlo, no puede llevarle nada. Por eso no se opuso al traslado a la cárcel de Castro".

Igualmente, en la misma audiencia se reprogramó la preparación de juicio oral por este caso, que quedó para el 11 de enero del 2021.

20 días otorgó el juez a Gendarmería para materializar el traslado del encartado.

45 medios de prueba tiene la Fiscalía de Quellón para preparar el juicio oral.

Pedro Bárcena González

A una pena de 5 años de cárcel se expone un sujeto por una nueva embestida contra su cónyuge, en plena vía pública de Castro. Por quebrantar una prohibición de acercamiento fue condenado por el delito de desacato.

En juicio remoto, la sala del Tribunal Oral en lo Penal de la capital chilota, presidida por la magistrada Angélica Monsalve, acreditó por unanimidad la responsabilidad del isleño de iniciales J. E. A. C. (48) en los hechos registrados el 18 de junio del 2019, cuando en calle San Martín se acercó a la mujer para insultarla. Incluso, la víctima debió ser auxiliada por transeúntes.

La declaración de la afectada fue la clave para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al acusado. Una versión que se complementó con la prueba policial que presentó el fiscal Luis Barría, quien instruyó las diligencias por este caso.

Como especificó el persecutor, la incorporación de la evidencia "permitió al tribunal acreditar el delito de desacato, confirmando lo que planteaba el Ministerio Público en cuanto a la existencia de este ilícito y poder estimar que el imputado incumplió las cautelares decretadas previamente".

Su satisfacción por este dictamen planteó el abogado, sumando que se aguarda por la lectura de fallo programada para este lunes para conocer la sentencia contra el castreño, como también interiorizarse de los fundamentos que llevaron a los jueces a absolver al mismo sujeto por el delito de amenazas.

Defensa

Esta otra parte de la resolución fue destacada por el defensor Juan Manuel Castro, quien manifestó que se opuso a la pretensión punitiva del fiscal, el cual invocó la agravante de reincidencia específica para sustentar los 5 años de presidio.

"Alegué una inimputabilidad disminuida, en base a un informe siquiátrico del 2012 que da cuenta que mi representado tiene daño orgánico cerebral y una discapacidad intelectual. No está con las capacidades mentales para comprender la licitud de su acción. Además, pedí que se rechace la agravante y se imponga una pena de 541 días", detalló el jurista.

Junto a ese quantum, el profesional solicitó la reclusión domiciliaria nocturna, lo cual fue objetado por el persecutor, explicando que el encartado ya había sido beneficiado dos veces con esta pena sustitutiva, por lo que no puede ser favorecido con una tercera.