Pedro Bárcena González

Tres integrantes de una familia castreña se vieron involucrados en al menos siete episodios delictivos, que derivaron en su formalización por 11 delitos. Incluso, uno de los sujetos quedó en la cárcel al estimarse que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

Desde julio de este año provienen las acusaciones contra el joven de iniciales S. M. V. S. (22), en especial provenientes de quien es considerada en esta causa como su pareja. La mujer de 28 años lo sindica como responsable de constantes agresiones e intimidaciones. Una problemática que habría gatillado la respuesta de vecinos, quienes también notificaron afectación.

Simultáneas habrían sido las denuncias contra este isleño, como también contra su hermano de 29 años y su madre de 55, por hechos que se concentraron en una multicancha de la población Camilo Henríquez, como en las calles Caguach y Antonio Bórquez Solar, también del sector alto de la capital chilota.

La dinámica de esta espiral de violencia, como explicó el fiscal Luis Barría, tiene su génesis en la notificación de la mujer contra el menor de este grupo familiar.

"Da cuenta de agresiones ocurridas en la madrugada (miércoles recién pasado) y al mismo tiempo vecinos denunciaron que estos imputados los amenazaron y generaron daños en sus viviendas, ya que salieron en ayuda de esta víctima", remarcó el persecutor.

Con estos antecedentes, el abogado instruyó diligencias a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Segunda Comisaría de Carabineros local, contemplando una declaración en profundidad contra la afectada, quien entregó datos de ataques anteriores por parte de este mismo encartado.

Gracias a este testimonio y las pesquisas posteriores, se reunió evidencia que permitió la aprehensión de los tres parientes, siendo puestos a disposición del Juzgado de Garantía local.

En audiencia virtual, el imputado de 22 años fue encausado por los delitos de maltrato habitual, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en carácter de reiterado, amenazas VIF, violación de morada y dos ilícitos de daños simples.

Por su parte, el castreño individualizado como C. A. V. S. fue formalizado por violación de morada, amenazas y daños; mientras que su progenitora identificada como I. L. S. M. está siendo indagada por violación de morada y daños.

Según el representante del Ministerio Público, se invocó la cautelar más gravosa contra el principal implicado en este caso, "en atención a la gran cantidad de delitos que cometió y a las condenas anteriores, como el peligro que puede constituir para la afectada (conviviente)".

Defensa

El defensor Luis Mora se opuso a esta medida, enfatizando que no existe evidencia suficiente para acreditar todos los ilícitos. Además, mencionó que estos tienen una baja penalidad, ante lo cual la prisión preventiva se torna desproporcionada.

"La violación de morada derechamente no existe. Además, formalizaron por lesiones reiteradas, cuando hay un solo informe de lesiones", sostuvo el jurista, resaltando que "ninguno de estos delitos tiene pena que supere los 540 días y algunos pueden ser objeto de salidas alternativas".

Igualmente, el profesional puntualizó que no está acreditada la relación familiar entre su representado y la mujer. "El joven hace seis meses terminó de cumplir una condena y no eran pareja antes", acotó, añadiendo que la única prueba presentada es la versión de esta víctima.

La magistrada Jesica Yáñez acogió los presupuestos relativos a la configuración preliminar de los ilícitos y la intervención del encartado, por lo cual decretó la prisión preventiva. Una precautoria que será apelada en el tribunal de alzada por el defensor.

En tanto, por los otros familiares dictó la prohibición de acercarse a los pobladores que auxiliaron a la mujer. Por 90 días se extenderá la investigación por este caso.

90 días es la extensión de la investigación a cargo del Ministerio Público, según dictaminó el Juzgado de Garantía de Castro.

Con arraigo nacional quedó un mecánico tras ser sorprendido con municiones en su poder, en plena vía pública de Dalcahue.

Un control rutinario de Carabineros de la Tenencia local, enfocado entre las calles Pedro Montt y 5 de Abril, permitió dejar al descubierto el delito. Un grupo de jóvenes se encontraba compartiendo, pero el alejamiento de uno de ellos alertó a los uniformados que lo fiscalizaron.

Según el jefe de la unidad policial, Víctor Osses, el trabajador de 40 años "andaba con tres cartuchos de escopeta" marca Winchester. Al no entregar antecedentes satisfactorios de su procedencia, el sujeto fue aprehendido.

En audiencia remota con el Juzgado de Garantía de Castro, el imputado fue encausado por porte ilegal de munición.

"Sólo quedó con la cautelar de prohibición de salir del país", consignó el defensor Nelson Troncoso, añadiendo que, según la versión de su representado, las especies "las encontró mientras arreglaba un container para guardar unos motores. Señaló que las recogió para evitar que niños que estaban en las cercanías las tomaran".

La magistrada Alejandra Varas determinó un plazo para investigar de 90 días, tiempo en que se analizará si los proyectiles estaban aptos para ser percutados. De lo contrario, como especificó el defensor, se solicitará el sobreseimiento definitivo del encartado al no configurarse el delito.

Otros tres imputados por atentar contra la salud pública, al ser encausados por infringir el aislamiento nocturno sanitario en el norte de la Isla Grande, fueron sobreseídos definitivamente.

Así lo señaló el defensor Filippo Corvalán, explicando que "en la misma línea que ha sostenido el Juzgado de Garantía de Ancud, se han desechado completamente los argumentos del Ministerio Público que pretendían establecer que la violación del toque de queda es delito".

En esta línea, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó el término de la persecución penal por estos encartados.

Como remarcó el abogado, para formalizar estos hechos "no se aportan antecedentes adicionales. Incluso ha sido gracias a la intervención del tribunal que hemos logrado la realización de exámenes de PCR (reacción de polimerasa en cadena) para demostrar que las personas no estaban contagiadas de coronavirus".