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Casi $772 millones se han depositado por deuda de alimentos en la provincia

Montos corresponden a fallos de tribunales con la retención del 10% de las AFP.
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Pedro Bárcena González

Depósitos por 771 millones 809 mil 66 pesos se han generado para el pago de pensiones de alimentos, con la retención del 10 por ciento de los fondos previsionales, tras las resoluciones de los tribunales de la provincia. Una serie de procesos judiciales hasta el 26 de noviembre con relación a mil 661 órdenes de pago.

Los Juzgados de Familia de Ancud y Castro y los mixtos de Quellón y Quinchao han dictado estas medidas a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), dentro de una dinámica que comprende siete pasos: solicitud de retención del 10%, orden de medida cautelar, liquidación, notificación, objeción, resolución de pago y depósito por parte de la AFP.

En la jurisdicción chilota, según los antecedentes entregados por el Poder Judicial, se han cursado 2 mil 600 solicitudes de retención, derivando en mil 747 liquidaciones, a las cuales se llega tras una revisión de todos los datos relativos a la deuda pendiente. El 95% de estas han sido canceladas, lo que dista de la realidad regional.

Como se reportan en estas cifras, 5.263 órdenes de pago se han dictado a la fecha en Los Lagos, lo que representa un avance de un 66% respecto de la cantidad de liquidaciones solicitadas. $2.685.235.619 han sido depositados.

Esfuerzos

El presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini, manifestó que se están realizando los máximos esfuerzos para resolver las solicitudes de retenciones y las órdenes de pago lo más rápido posible, respetando las garantías del debido proceso para todas las partes del juicio.

"La retención del primer retiro del 10% de las AFP significó a nivel nacional y también a nivel local una sobrecarga de los tribunales, en el sentido de tener que gestionar miles de solicitudes, porque todos los alimentarios hicieron sus solicitudes para poder eventualmente obtener la retención y el pago", acotó el ministro del tribunal con jurisdicción en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.

Asimismo, el abogado enfatizó que "es importante señalar que esta ley del primer retiro no trajo aparejado mayores recursos a nivel de Poder Judicial, por lo tanto, tuvimos que absorber con nuestros propios recursos el trabajo adicional de miles de causas".

Igualmente, el profesional agregó que a nivel local se tomaron varias medidas para reforzar la sobrecarga e ir en apoyo de los tribunales de Familia, tales como redestinación de funcionarios, comisiones de servicio y contratas transitorias, a lo que se sumó recientemente la destinación temporal de jueces de los tribunales de Juicio Oral en lo Penal, para apoyar en la firma de resoluciones.

Así lo señaló la titular del Juzgado de Familia de Castro, María Carolina Prieto, cuando se registraba el boom de estas peticiones, entre fines de julio y comienzos de agosto, cuatriplicándose la cantidad de ingresos de escritos del tribunal.

"Personal de otras unidades y que se aboca a otros temas está viendo las resoluciones de estas causas. Existe una reorganización interna para cumplir con estos requerimientos y también seguimos tramitando todas las otras causas y haciendo audiencias", graficó la jueza de la capital provincial.

1.219 solicitudes recibió el Juzgado de Familia de Castro hasta el 26 de noviembre.

$252 millones 713 mil 600 se depositaron para las alimentarias por fallo del tribunal de Ancud.

Ratifican prisión para joven que suma seis conducciones etílicas

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Al estimarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, un joven se mantendrá en la cárcel por verse involucrado en seis casos de conducciones etílicas, tanto en Castro como en Chonchi. Las últimas fueron dos detenciones en menos de 10 días, incluso la más reciente -atentando contra la salud pública- generó la precautoria más intensiva.

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó este sábado, en fallo dividido, la prisión preventiva que pesa sobre el sujeto de iniciales D. U. A. A. (23) tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de la capital chilota por los delitos de manejo en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia e infracción al artículo 318 del Código Penal.

El defensor Rodrigo Zamorano recurrió ante el tribunal de alzada para modificar esta medida dictada el lunes anterior, por los hechos registrados en la 'Ciudad de los Tres Pisos', donde el isleño fue detenido por Carabineros vulnerando la cuarentena territorial que existe en la comuna. Ya el 21 de noviembre pasado fue aprehendido por un ilícito similar en la Punta Diamante de Castro, con lo que se le revocó una suspensión condicional del 29 de noviembre del 2019.

Como especificó el abogado, esta cautelar sería "desproporcionada", en base a que su representado tiene irreprochable conducta anterior.

"Las causas se acumularon y quedó en prisión preventiva, cuando sólo estaba con arraigo nacional. Con la apelación buscamos que quedara con algún tipo de arresto parcial, puesto que al terminar la causa saldrá cumpliendo una remisión condicional en libertad", estimó el abogado.

Es más, el profesional no dudó en señalar que la actual disposición es "una sanción anticipada", insistiendo que en un eventual abreviado podría ser condenado a una pena sustitutiva.

Riesgo

Por su parte, el fiscal Fernando Metzner, quien alegó esta causa en alzada, remarcó que si bien el encartado no cuenta con antecedentes penales, "existe riesgo para la seguridad de la sociedad y de fuga, dado a que este es un delito reiterado y puede arribar a una pena en abstracto de 5 años y un día de presidio".

Aclaró el jurista que en la forma de comisión de los ilícitos se encuentra radicado el peligro social. "En el segundo hecho que se le atribuye impactó por detrás a un auto detenido en semáforo en rojo", dijo.

1,38 gramos por mil de alcohol en la sangre arrojó en el Intoxylizer por el último caso.