Saliendo al paso de diversas informaciones emanadas en redes sociales en relación a la devolución de dineros correspondientes a programa de empleo de emergencias entregados por el Gobierno Regional (GORE) en el mes de agosto de este año, el alcalde Carlos Gómez indicó que el reintegro de $90 millones se debe a que no se logró la cantidad de trabajadores que se requerían para la contratación, entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre. "El retraso en la contratación del personal se dio ante una serie de situaciones, algunas tenían que ver con trámites administrativos porque debíamos tener la autorización del Gobierno Regional y no se partió en los tiempos correspondientes", afirmó el edil.

Asimismo, la autoridad expresó que "otro inconveniente que hizo retardar aún más el comienzo de los programas, fue el poco interés de los vecinos de participar en dichos empleos, y al momento de llamar a los trabajadores seleccionados para completar la totalidad de cupos asignados, muchos de ellos desistieron de participar".

Gómez añadió que ante la poca disposición y al no haber completado las 171 personas, el municipio solicitó al GORE autorizar una nueva contratación, previa presentación de proyectos de otros sectores que no estaban incluidos en los proyectos originales. "Ahí el Gobierno Regional no nos aceptó esa contratación y producto de eso, es que se devuelven los dineros", aclaró el jefe comunal.

En la misma línea, aclaro que "aquí hay que decir dos cosas primero, que hay mucha gente que pide una oportunidad de trabajo, y cuando esa oportunidad de trabajo llega no lo toma; y no lo toma porque no le es cómodo -seguramente- para lo que ellos quieren ganar, aquí nosotros íbamos a contratar y este trabajo consistía en media jornada y tenía una remuneración de $224.090, entonces, seguramente no fue de interés y la gente decidió renunciar a su posibilidad de trabajar",

La autoridad se defendió de las críticas de ciertas autoridades que acusaron el supuesto mal manejo del municipio en esta materia. "Me llama la atención cuando veo a parlamentarios de gobierno diciendo que no se está entregando la oportunidad a la gente que más lo necesita. Los invito a interiorizarse de cómo sucedieron los hechos y no hacer de esto una noticia, que lejos de informar a la ciudadanía lo está desinformando", recalcó.

Los montos por parte del gobierno regional alcanzaron los $188.979.079, de los cuales se debe reintegrar, $90.363.703, que corresponde a dineros por concepto de remuneraciones no pagadas producto del déficit de personas contratadas y que ya se encuentra en proceso de devolución al GORE.

Los 2/3

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado en el edificio del ex Congreso Nacional en la madrugada del 15 de noviembre de 2019 por representantes de diez partidos políticos, todos con representación parlamentaria, tuvo como objetivo principal dar una salida institucional a la crisis política más profunda vivida por nuestro país desde el retorno a la democracia.

En lo fundamental, el acuerdo contemplaba iniciar un proceso constituyente que culminaría con la redacción de una nueva Constitución. El punto número seis del acuerdo señala expresamente: "El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos tercios de sus miembros en ejercicio" (artículo 133, inciso 3° Constitución Política del Estado).

Sin embargo, a poco más de un año de la firma del acuerdo, ya se han levantado voces en algunos sectores de la oposición para señalar que el quorum de 2/3 es exageradamente alto, crítica que se suma a las realizadas por los defensores de la Constitución de 1980 quienes, temerosos, afirman que los partidarios de una Nueva Constitución queremos iniciar un proceso constituyente a partir de "una hoja en blanco", desconociendo toda la historia de nuestro país. A diferencia de los temores que expresan algunos actores políticos, del proceso constituyente en marcha, me parece que la fortaleza del acuerdo político por una nueva Constitución, radica justamente en estos dos pilares: el quórum de 2/3 para decidir las normas del texto y la plena autonomía del órgano redactor (hoja en blanco).

La expresión "hoja en blanco" es una metáfora que fue utilizada por el expresidente Ricardo Lagos el año 2013, para referirse a ella como el punto de partida de los cambios constitucionales que Chile requería.

Supone que cualquier debate constitucional serio, sea cual sea el mecanismo, todos los que participen deben hacerlo encontrándose en un plano de igualdad y no en la situación de asimetría en que fueron realizadas las reformas a la Constitución de 1980. En ello, la derecha siempre ha contado con un poder de veto que le fue otorgado por la propia Constitución y que ha utilizado siempre para frenar cualquier cambio que pudiera afectar sus intereses durante los últimos treinta años.

Redactar desde cero o escribir la nueva Constitución, a partir de una "hoja en blanco", en simple, significa que es una decisión que no está amarrada a reglas anteriores. Vale decir, que el nuevo texto no se discutirá con la Constitución de 1980 como texto de fondo.

El proceso constituyente que se inició con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, estableció límites importantes al proceso y lo que busca es que cualquier discusión se dé en condiciones de igualdad. Por lo tanto, para instalar una idea en el proyecto de la nueva Constitución, será necesario convencer a 2/3 de los constituyentes y, por otro lado, a la derecha ya no le bastará contar con un tercio (poder de veto) para mantener el modelo tal cual lo conocemos hoy.

El proceso constituyente en marcha, en ningún caso representa un cheque en blanco o un acto refundacional y la expresión "hoja en blanco" no significa -de ninguna manera- olvidar la historia constitucional chilena ni partir de cero. De lo que se trata, es de decidir qué parte de nuestra historia refleja la historia que nosotros hicimos, continuarla y profundizarla. El efecto práctico de la fórmula de los 2/3, es que obligará a nuestros constituyentes a buscar acuerdos, lo más amplios posibles como única forma de asegurar estabilidad hacia el futuro.

"En lo fundamental, el acuerdo contemplaba iniciar un proceso constituyente que culminaría con la redacción de una nueva Constitución. El punto número seis del acuerdo señala expresamente: "El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos tercios de sus miembros en ejercicio" (artículo 133, inciso 3° Constitución Política del Estado).

Cozut Vásquez González,, ex presidente regional de la DC