Pedro Bárcena González

Tras más de ocho meses de completo hermetismo presencial, se reanudaron las visitas en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Castro. Con el acceso de 18 familiares de los internos se reactivó la medida que hoy cumple su segunda jornada en el recinto de calle Monjitas.

Luego de un riguroso proceso de revisión a la entrada del penal, los parientes ingresaron a un sector especialmente habilitado de la unidad respetando todas las medidas sanitarias correspondientes bajo la supervisión del personal penitenciario.

El director regional subrogante de Gendarmería, coronel Pedro Villarroel, explicó que el proceso se desarrolló en completa normalidad.

"Los familiares ingresaron a partir de las 10 horas (martes), con calma y respetando todas las medidas sanitarias y de distanciamiento social. En total tuvimos 36 personas (18 internos y 18 familiares) en tres turnos de 45 minutos", enfatizó el oficial.

Asimismo, el uniformado remarcó que "mientras Castro esté en fase 2 (plan Paso a Paso del Ministerio de Salud), dos veces a la semana irá recibiendo sus visitas hasta completar la totalidad de la población penal privada de libertad dentro del mes".

La reanudación gradual de estos encuentros en las unidades penales va de la mano con la condición sanitaria de cada comuna, según lo dispuesto por los ministerios de Justicia y Salud.

Los recintos que estén en comunas que se encuentren en etapa de transición o más avanzada, pueden recibir las visitas. En las ciudades en cuarentena, como en Ancud, no se podrá realizar el proceso que es voluntario, donde cada interno tiene derecho a recibir a un familiar de forma mensual.

Dinámica

Por su parte, el alcaide del CDP de Castro, Carlos Olavarría, describió la primera jornada de recepción de parientes de los reclusos. Aclaró que actualmente el penal alberga 105 internos.

"Todo nace a nivel central que dispone el retorno gradual de visitas a los recintos penitenciarios. Desde abril que no se recibían personas y ahora se instruyó para iniciar el proceso, que consistió en un encuentro a través de un acrílico para evitar el contacto físico y minimizar los riesgos de contagio del covid-19", apuntó el oficial.

Como la cárcel castreña se mantiene intervenida por las faenas de la red contra incendios que se está instalando, con un inversión cercana a los 500 millones de pesos, se habilitó un espacio en el hall central del inmueble.

Dentro de las restricciones que se establecieron se encuentra la prohibición de ingreso a adultos mayores, embarazadas, menores de edad y enfermos crónicos, como también cualquier persona que tenga una disposición de aislamiento sanitario.

A diferencia de las tres visitas a la semana y cinco personas que podían acudir al penal a ver a cada interno por jornada, en esta ocasión se normó solo un pariente al mes por reo.

"Estas personas reciben una inducción antes de entrar, cumpliendo además un procedimiento de sanitización, se entregan elementos de protección personal para minimizar el riesgo, se toma la temperatura y se llena un cuestionario para el control interno", explicó Olavarría, añadiendo que las visitas no pueden intercambiar nada con los reclusos.

Enfocado en los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) se desarrolló recientemente la última sesión del año del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Ancud.

Para analizar esta materia expuso del abogado Víctor Argandoña, encargado de la Unidad de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Los Lagos

"El objetivo de la ley es hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que comentan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social", enfatizó el jurista.

Asimismo, el profesional en su ponencia dio cuenta de las sanciones a las que se exponen los menores de entre 14 y 17 años, las cuales pueden ser privativas de libertad o en el medio libre, las cuales son ejecutadas por organizaciones colaboradoras del Sename.

Manifestó la fuente que "la privación de libertad se utilizará solo como medida de último recurso. En ningún caso se podrá imponer si un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza".

Una quincena de intervinientes participaron de la actividad vía remota.

Analizando la Ley 21.295, en lo relativo al pago de deudas de pensiones de alimentos con la retención de parte del segundo retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales que está vigente, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que la normativa "permite al alimentario, al representante legal o al curador ad litem subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro".

Recalcó la abogada que dentro de los aspectos a tomar en cuenta se encuentran las notificaciones de las resoluciones a los alimentantes, el caso de aquellos que tienen hijos con diferentes madres o padres y las causas que están tramitándose en diferentes tribunales y también el plazo que tienen las AFP para depositar los dineros en las cuentas vista que las alimentarias abrieron en su oportunidad.

Chevesich insistió en que "el llamado es a ser pacientes. Y tener la confianza en que el Poder Judicial está haciendo todo lo posible para que los pagos se concreten en el menor tiempo".