Pedro Bárcena González

En lo que constituye uno de los ejemplos más graves y sistemáticos del impacto de la violencia de género en la provincia, un pescador nuevamente fue detenido y dejado en prisión preventiva por una embestida contra su expareja en Quellón. Desde el 2016, son 19 los delitos encausados en su contra, teniendo siempre la misma víctima.

La última arremetida del imputado se produjo en las últimas horas, cuando llegó en estado de ebriedad hasta el domicilio de la mujer de 41 años, emplazado en el sector costero de la ciudad porteña. Todo ello, pese a tener prohibido acercarse a la vecina, en virtud de una sentencia del 26 de febrero por tres ilícitos de lesiones menos graves y otros tres de desacato en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

Según fuentes policiales, el sujeto de iniciales M. E. M. N. (33) llegó hasta la vivienda de la mujer y ante la negativa para su ingreso, procedió a intimidarla, incluso con quemar el inmueble. Además, habría quebrado un vidrio en su intento por entrar a la fuerza a la casa.

Personal de la Sexta Comisaría de Carabineros local se constituyó ante el denuncio de la afectada, procediendo a la aprehensión del hombre de mar, quien fue puesto a disposición de la justicia.

En audiencia remota efectuada ayer con el Juzgado Mixto de Quellón, la fiscal (s) Paulina Otero formalizó al isleño por los delitos de desacato, amenazas y daños, acaecidos la mañana del sábado último. Además, encausó una indagatoria por otro desacato y violación de morada, registrados el 12 de junio pasado, como también por un porte ilegal de arma cortopunzante, del 16 de junio.

Como enfatizó la persecutora, se solicitó la cautelar más gravosa por el peligro que constituye la libertad del joven para la seguridad de la pobladora, en lo que calificó un largo historial "de violencia de género marcado por la actitud del imputado de no reconocer el término de la relación con la víctima".

Dentro de los argumentos presentados ante el tribunal, la abogada puntualizó que el pescador tenía una medida accesoria vigente producto de la condena del verano pasado. No podía acercarse a la trabajadora por el plazo de un año. Además, remarcó que nunca entró a cumplir la pena principal tras el juicio abreviado: debía acatar 346 días de reclusión domiciliaria nocturna.

"Se dio cuenta sobre el riesgo que implica su libertad, presentando múltiples condenas anteriores contra la misma víctima", añadió la jurista, señalando que por los últimos hechos la pauta unificada de VIF arrojó riesgo alto/vital.

Por su parte, el defensor Rodrigo Zamorano, más allá de reconocer los antecedentes prontuariales de su representado, reveló que algunos de los ilícitos que se le asocian no estarían plenamente configurados, especialmente el desacato más reciente.

"Existe un error de provisión. Pese a que el imputado sabía de la existencia de una prohibición de aproximarse, tras recibir una serie de mensajes por parte de la afectada en los cuales decía que quería verlo, pensó que por la mera voluntad de la mujer podía incumplir la cautelar", enfatizó el profesional, añadiendo que incluso habrían estado compartiendo en nochebuena.

Seriedad

Asimismo, la fuente cuestionó la existencia de las amenazas, aduciendo "falta de seriedad" en su formulación. Otro punto que rechazó fue el porte del arma, manifestando que "por su oficio de pescador se justifica que mantenga esta herramienta, la cual no estaba siendo utilizada para cometer ningún delito".

Más allá de estas alegaciones, el magistrado José Milanca decretó la prisión preventiva contra el encartado, en base a su extenso prontuario delictivo contra la misma víctima.

5 son los delitos por los que el imputado fue absuelto o fiscalía no perseveró, desde 2016.

60 días se decretaron para desarrollar las pericias por los últimos seis ilícitos formalizados.

"Violencia de género y femicidio" fue el taller dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el Comité de Género y No Discriminación de la jurisdicción y la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, a una veintena de comunicadores de distintas ciudades del país,entre ellas de Chiloé.

El objetivo del encuentro realizado vía Zoom fue sensibilizar, dialogar y entregar contenidos especializados para la posterior entrega de información a la población.

Como indicó el presidente y vocero del tribunal de alzada, Patricio Rondini, los medios de comunicación social "contribuyen a tender puentes entre los tribunales y la comunidad".

Por su parte, la directora de Comunicaciones del Poder Judicial, Lucy Dávila, subrayó la importancia de la iniciativa, "porque los comunicadores no solo necesitan tener información más técnica de cómo se tramitan estas causas, sino que se logró ir más allá y hacer un trabajo de sensibilización respecto de las temáticas".

La jueza vocera del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Marcela Araya, calificó de fructífera la cita: "Me permitió abordar el fenómeno de la violencia patriarcal, con especial énfasis en los estereotipos machistas reproductores de desigualdad y discriminación, lo que impacta en la producción de violencia contra la mujer".