Fiscalía ordena a la PDI indagar fiesta ilegal a la que asistieron covid positivos
Avanzada de Quellón realiza las diligencias por evento en Chaiguao.
Con una orden amplia de investigar entregada a la Avanzada de la Policía de Investigaciones (PDI) de Quellón siguen las pesquisas de índole penal, vinculadas a la fiesta clandestina realizada en el sector rural de Chaiguao. Un encuentro que reunió a cerca de 400 personas, sin que se respetaran las disposiciones sanitarias relativas a la pandemia. Incluso, cuatro asistentes con covid positivo habrían participado.
Las diligencias incluirán empadronamientos y toma de declaraciones de las al menos tres personas identificadas por este evento que se llevó a cabo el 19 de diciembre en un fogón de la localidad distante unos 12 kilómetros al este del centro de la ciudad porteña.
Durante la jornada del lunes, el capitán de puerto de Quellón, Claudio Zúñiga, concretó la entrega de antecedentes al Ministerio Público, con los cuales se instruyeron las nuevas pesquisas.
El oficial de marina aclaró que "elevamos una denuncia por oficio a la Fiscalía Local, por el delito de poner en riesgo la salud pública", en la que se incluyeron evidencias recabadas en la indagatoria preliminar que llevó a cabo la Policía Marítima.
"Se sumaron pruebas fotográficas, como también información recogida de redes sociales y una localización en un mapa del lugar donde se registró este evento", explicó la fuente.
Igualmente, el hoy jefe subrogante de la Gobernación Marítima de Castro consignó que igual se sumó "la individualización de los organizadores de la fiesta y el dueño del quincho. Mientras que la trazabilidad y el resto de los asistentes lo está viendo la Autoridad Sanitaria, junto al Departamento de Salud Municipal".
Con esta notificación comenzó a direccionarse la investigación desjudicializada, considerando que no existió flagrancia. Sin embargo, los antecedentes están emergiendo y se focalizan en dos figuras legales que atañen a quienes convocaron al cumpleaños y facilitó el recinto, como a los asistentes.
Así lo explicó la fiscal jefa de Quellón, Karyn Alegría, señalando que tras la evacuación del parte-denuncia de la Armada, "de inmediato se despachó una orden de investigar que está siendo diligenciada por la PDI local".
La persecutora comentó que las pesquisas buscan "establecer quiénes intervinieron como asistentes y quienes facilitaron (la realización del evento) o hicieron la convocatoria, puesto que tienen responsabilidad penal distinta", lo mismo sucede con las personas infectadas que habrían concurrido. "Según los antecedentes que manejamos a lo menos cuatro personas covid positivo participaron", sentenció.
Normativa
Bajo este escenario, el artículo 318 y 318 bis del Código Penal está en la mira. Ambos sancionan a quienes infringen las medidas sanitarias en pandemia; el primero tiene como agravante cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos o celebraciones prohibidas en contingencia; mientras que el segundo castiga a quien genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos.
El 20 de junio pasado se publicó la Ley 21.240 que aumentó las penas por atentar contra la salud pública (ahí se incluyó la agravante) hasta los 5 años de presidio y multas que podrían llegar a los 12,5 millones de pesos.
"Tienen penas privativas de libertad estos delitos", recalcó la fiscal, aclarando que constituye un ilícito "no solo convocar a la realización de estos eventos, sino también asistir a estos encuentros. Basta con organizar una fiesta con un aforo superior al permitido y asistir para configurar un delito, aunque nadie tenga covid".
541 días a 5 años de cárcel abarca el artículo 318 bis del Código Penal. El 318 sanciona con 61 días hasta 3 años.
6 hasta 250 UTM pueden ser las multas para quienes atenten contra la salud pública en pandemia.